El represor murió a los 85 años en su casa y sin una condena judicial firme pese a estar procesado y con prisión preventiva domiciliaria por crímenes de lesa humanidad desde hacía más de un lustro.
Albano Eduardo Harguindeguy murió este lunes, tenía el grado de general de división y fue ministro del Interior del dictador Jorge Videla, y estaba procesado y con arresto domiciliario en la causa por el secuestro extorsivo de los empresarios textiles Gutheim en la que todavía sigue procesado José Alfredo Martinez de Hoz y el propio Videla, y también estaba siendo juzgado en Entre Ríos y tenía otro proceso pendiente por su participación en el Plan Cóndor.
En la megacausa que lleva su nombre, estaba siendo juzgado en Entre Ríos por delitos de lesa humanidad, por asociación ilícita , por ser autor mediato de la muerte de Sixto Zalasar, Julio Solaga, Norma González y Oscar de Zorzi; y por 25 privaciones ilegales de la libertad, numerosos tormentos y allanamientos ilegales en Gualeguaychú, Concepción del Uruguay y Concordia.
El proceso judicial que lleva adelante el Tribunal Oral Federal de Paraná, que comenzó el 21 de marzo de este año, lo tuvo por primera vez en el banquillo de los acusados, aunque ahora deberá dictarse el sobreseimiento por extinción de la acción penal al confirmarse su fallecimiento.
También estaba por ser juzgado por el Tribunal Oral Federal Nº1 de la Capital Federal, que había fijado una audiencia preliminar al inicio del juicio oral para el próximo 22 de noviembre, y donde debía declarar por su participación en el Plan Cóndor, causa en la que también se encuentran acusados Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez, entre otros represores.
De trato rudo y un porte robusto acorde con esa personalidad, se lo consideraba uno de los “cerebros” del terrorismo de Estado que por su ubicación en el esquema de poder pudo desarrollar en diversos frentes.
Ocupó el ministerio del Interior el 29 de marzo de 1976 y durante cinco años retuvo bajo su mando a la Policía Federal, cuyos oficiales participaron en numerosos grupos de tareas y hechos criminales por los que están siendo juzgados.
Previamente había sido jefe de la Policía Federal durante el gobierno de Isabel Perón, en el marco del avance de las Fuerzas Armadas sobre el Estado.
El 20 de agosto de 1976, bajo su mando, un grupo de treinta detenidos clandestinos fueron sacados de la Superintendencia de Seguridad Federal (ex Coordinaciòn Federal), a metros del Departamento Central de Policía y conducidos a la localidad de Fátima, vecina a Pilar, para ser fusilados y dinamitados en represalia por el asesinato del general Omar Actis.
En el año 2008, dos oficiales- Juan Carlos Lapuyole y Carlos Gallone, reconocido por una foto que se tomó abrazando a una Madre de Plaza de Mayo durante una marcha en el año 1982, fueron condenados a prisión perpetua por esos fusilamientos.
Harguindeguy, sin embargo, logró eludir una y otra vez a la justicia y en 1989 fue beneficiado por el indulto que dictó el entonces presidente Carlos Menem, período que disfrutó hasta el año 2004.
En ese largo período, siguió ostentando con desenfado su pasión por la caza mayor que practicaba en cotos patagónicos o visitando un campo familiar en proximidades de Balcarce, donde se lo podía ver despreocupado cargando combustible en las estaciones de servicio.
A partir del año 2004 se negó a declarar ante la justicia por hechos que lo vinculaban al Operativo Condor, de integración represiva entre las dictaduras de la región para intercambiar información y presos.
Finalmente, en el año 2006 quedó imputado en una causa junto a su excolega de cacerías en África, el entonces ministro de economía José Alfredo Martínez de Hoz, con quien terminó siendo consorte judicial.
En la causa 12649/06 –“José Alfredo Martínez de Hoz sobre secuestro extorsivo–, ambos quedaron encartados por la detención de los empresarios Federico y su hijo Miguel Gutheim, propietario de las firma textil Sadeco en noviembre de 1976, a raíz del decreto 2840 firmado por Videla y Harguindeguy acusados de socavar la paz interior.
Los empresarios recuperaron la libertad cinco meses después, luego de declinar acuerdos comerciales que habían realizado en beneficio de firmas de Hong Kong con los que la cartera de economía mantenía negociaciones.
Harguindeguy a ese procesamiento había sumado el año pasado otro junto al ya condenado policía Gallone por 153 víctimas de privaciones ilegales de la libertad, tormentos y desapariciones, que no tendrán castigo penal por la muerte de sindicado autor.
En declaraciones a la televisión francesa, que quedaron luego registradas en el documental «Escuadrones de la Muerte: La escuela Francesa» de Marie-Monique Robin, Harguindeguy reconoció en 2003 -cuando todavía estaban vigentes las leyes de impunidad- su accionar durante la última dictadura militar.
«Hicimos lo que correspondía, en cumplimiento del deber militar. Empezamos bajo un gobierno constitucional y seguimos en un gobierno de facto. Las Fuerzas Armadas deben decirle al pueblo argentino: nosotros los liberamos de ser un país marxista», reconoció el represor y ministro durante cinco años.
