El Senado uruguayo aprobó, con el voto favorable de 17 legisladores sobre 31 presentes, la ley de interrupción voluntaria del embarazo que posibilitará despenalizar el aborto en determinados casos.
La norma fue apoyada por 16 legisladores del gobernante Frente Amplio(FA) y por el senador Jorge Saravia, del opositor Partido Nacional (PN), y para convertirse en ley requiere de la promulgación del Poder Ejecutivo y una posterior reglamentación.
El presidente José Mujica anticipó que no vetará la legislación, lo que sí hizo su antecesor, Tabaré Vázquez, quien en noviembre de 2008 dejó sin efecto una ley similar aprobada por el Parlamento, que contaba con el apoyo de organizaciones sociales que trabajan por los derechos de las mujeres.
El texto de 15 artículos aprobado esta tarde establece que la interrupción del embarazo no será penalizada si se realiza antes de las 12 semanas de gravidez.
Para acceder a esa práctica, la mujer deberá cumplir una serie de requisitos, como acudir a una consulta médica ante una institución del Sistema Nacional Integrado de Salud, para que un equipo interdisciplinario evalúe la situación.
Luego, tendrá cinco días para ratificar su decisión mediante la firma de un consentimiento informado, que junto a otros datos quedará asentado en un registro oficial.
Las otras situaciones previstas para realizar abortos no punibles contemplan «procesos patológicos que provoquen malformaciones incompatibles con la vida extrauterina», casos en que «se deberá tratar de salvar la vida del embrión o feto sin poner en peligro la vida o la salud de la mujer».
También cuando la gestación «fuera producto de una violación acreditada con la constancia de la denuncia judicial, dentro de las catorce semanas de gestación».
En relación a las menores de 18 años y las declaradas incapaces, si no tienen el consentimiento de sus responsables deberán presentarse ante el juez, quien será el que autorice el procedimiento.
La objeción de conciencia para realizar la práctica, por parte del personal de salud, también está prevista en la norma, que si bien ya concluyó el trámite parlamentario, sigue generando posturas encontradas en la sociedad uruguaya.
«Esta ley no despenaliza el aborto, porque lo mantiene como delito en el Código Penal», aseguró a Télam Alejandra López, co directora de la organización no gubernamental uruguaya Mujer y Salud (MyS).
Lo que hace, agregó, «es suspender la aplicación de las penas previstas, siempre y cuando la interrupción del embarazo se produzca en las condiciones restrictivas que plantea la legislación».
Su colega de MyS, Martha Aguñín, adelantó que «vamos a trabajar intensamente para incidir en la reglamentación para cubrir los baches que deja esta ley, y vamos a monitorear su implementación».
La dirigente de la organización uruguaya ProDerechos, Leticia Musto, consideró como «un avance esta ley en el acceso al aborto seguro», por lo que junto a otros dirigentes de izquierda se manifestó a favor en el recinto de Senadores.
No obstante reconoció en declaraciones a Télam que «el proceso que estipula la ley para acceder al aborto es engorroso, por lo que vamos a estar atentas a su implementación».
Aguñín mostró preocupación «por las mujeres más vulnerables, las del Uruguay profundo, que tienen que viajar kilómetros para acceder a un servicio de salud y que, en su mayoría, desconocen sus derechos.
¿Podrán ellas cumplir con los plazos legales para acceder al aborto?»
Los opositores PN y Partido Colorado anunciaron que iniciarán una campaña de recolección de firmas para someter a referéndum la normativa, y el senador nacionalista Jorge Larrañaga anunció, durante el debate, que comenzaría gestiones para derogar la ley.
