Con esta medida se garantiza a las víctimas respeto, protección y el pleno ejercicio de sus derechos humanos, mediante la aplicación de servicios integrales, específicos, expeditivos, accesibles y gratuitos para la asistencia médica, psicológica, social y jurídica. El protocolo define el procedimiento a seguir ante una persona que ha sufrido una violación y acude a un servicio de salud.
