Escribe Juan Carlos Argüello, jefe de Redacción de Misiones On Line
“¡Que se jodan!”, gritó una diputada de Rajoy.
«Miren al pelado ese», dijo la presidenta Cristina Fernández.
La primera expresión corresponde a Andrea Fabra, una legisladora del Partido Popular que lanzó el exabrupto, mientras aplaudía a Mariano Rajoy, quien anunciaba el mayor tijeretazo social desde la llegada de la democracia, con un nuevo recorte a la ayuda al desempleo, un aumento de tres puntos en el IVA, la eliminación de la paga de navidad a funcionarios y recortes en la salud.
La segunda, es de la Presidenta, en referencia a una tapa del diario El País de España, con una foto del ministro de Economía, Luis de Guindos y su asombroso parecido con Domingo Cavallo, que es mucho más profundo que la escasa cabellera de ambos. Son sus políticas de ajuste las que los convierten en gemelos.
La tapa de referencia titulaba que la Unión Europea ponía bajo tutela a España, que en buen castellano no es más ni menos que una cesión de soberanía política y económica similar a la que ejercía el Fondo Monetario Internacional sobre la Argentina en la última década del siglo pasado y primeros años de éste. Es dejar en manos del sector financiero las decisiones sobre la economía, sobre las inversiones, sobre la protección social de sus habitantes. Es lo que le pasaba a la Argentina. Es lo que le pasa a España. La Madre Patria, hasta no hace demasiado tiempo, uno de los países que le marcaba la agenda a la Argentina, es la que debe ahora guardarse el orgullo y obedecer dictados ajenos.
Llamativamente, fue la expresión de la Presidenta la que despertó más críticas de aquel y de este lado del océano. El ajuste “estructural” sigue sonando mejor para algunos oídos que una eventual crítica a quienes lo ejercen.
La situación de España, definida por su vicepresidenta como «uno de los momentos más dramáticos de su historia«, sirve para contrastar situaciones y discusiones que se escuchan aquí y allá.
Como si las lecciones no fueran aprendidas, España vive hoy lo que fueron los últimos estertores del modelo de la Argentina en los 90 en la que solo unos pocos tuvieron oportunidades y millones quedaron a la buena de Dios.
Como contracara del brutal ajuste y el alto desempleo, Rajoy ha excluido a los banqueros, a los millonarios, a la Iglesia y a la Casa Real de los ajustes exigidos por el rescate de la UE y el FMI. En Argentina también hubo quienes mantuvieron sus privilegios mientras el país se hundía para saciar el apetito voraz de los mercados.
En Argentina son muchas las voces que exigen que se elimine o se aumente el piso del impuesto a las Ganancias, como la del camionero Hugo Moyano, quien asumió un rol de opositor con la modificación del gravamen como principal bandera. Es decir, su principal reclamo es eliminar un impuesto que pagan los privilegiados que están más arriba en la pirámide salarial.
En España, quienes más tienen también cuentan con privilegios. Las grandes fortunas no sólo no sufren los recortes de Mariano Rajoy sino que, si han cometido el delito de evadir impuestos, se les premia con un gravamen ventajoso gracias a una ominosa amnistía fiscal. El presidente del Gobierno se niega a crear un impuesto a las grandes fortunas y la Iglesia y la Corona son los principales beneficiados.
En Argentina rige el impuesto a las Ganancias, pero todavía hay sectores, como la renta financiera, que gozan de una conveniente invisibilidad.
Las condiciones económicas, sin embargo, sin distintas. Argentina tras el estallido del modelo neoliberal optó por robustecer el mercado interno y priorizar la creación de empleo para generar condiciones de contención social inéditas. La pobreza y la desocupación bajaron a tasas de un dígito y la economía creció empujada por un mercado interno con mejores condiciones para el consumo.
En paralelo, los países que dictaban las recetas financieras en el mundo, fueron hundiéndose a merced de su propia medicina.
Esa crisis es la que padeció Estados Unidos o la que padecen hoy varios países europeos o Grecia, que también debió entregar en bandeja su independencia económica y política, que a pesar de las teorías globalizantes, siguen siendo los bienes más preciados para salir del pozo. Argentina pudo recuperar independencia, justamente por desendeudarse con el Fondo Monetario Internacional y animarse a fijar su propia agenda, aunque para ello deba enfrentar intereses poderosos que cada día intentan socavar las bases de una economía que todavía requiere de mucho esfuerzo para estar definitivamente consolidada.
Por eso, pretender circunscribir todo a una cuestión de estilos de gobernar o a una guerra entre el kirchnerismo y los otros, es un reduccionismo que beneficia a unos pocos interesados. Néstor Kirchner primero y Cristina tienen como principal mérito haber recuperado el rol del Estado como eje decisor del rumbo social -un camino trazado en paralelo desde Misiones-. Un mérito doble si se considera que el Estado estaba devastado por la venta al mejor postor de los 90 y la fugaz ineficiencia de la Alianza que no pudo ser reparada en los meses de Eduardo Duhalde.
Ese Estado tiene errores, retrocesos y aciertos, pero sin dudas es sustancialmente mejor que su ausencia. Por eso, no es una pelea entre Cristina y Moyano o Cristina y Daniel Scioli, el campo o los compradores compulsivos de dólares.
Se trata de una puja entre modos de ver las cosas. A muchos, a quienes se enriquecieron con un Estado ausente y falto de controles, con especulaciones sobre la moneda, devaluaciones y corridas, no les conviene el ahora.
Y, en última instancia, como le enrostró Cristina a Scioli, se trata de gobernar, que no es lo mismo que administrar. Gobernar significa tomar decisiones, hacerse de recursos, decidir futuros y enfrentarse con las ideas que son contrarias. Administrar es pagar sueldos y esperar que los recursos lleguen.
Buenos Aires es sin dudas la provincia del país que más atención recibe de todos los gobiernos nacionales y concentra la mayor riqueza de tierras e industrias.
Pero su gobernador de pronto se encuentra con un agujero financiero que no puede resolver y todo se plantea como si fuera un round de anticipo de 2015. Puede serlo, pero, en todo caso, no es lo único y Scioli no es una inocente víctima. El rojo financiero revela un desmanejo que, si fuera de otro gobernador, lo dejaría automáticamente fuera de carrera. La falta de recursos es un problema estructural como protesta Scioli, pero también de gestión y eso no se consigue quedando bien con todos ni sonriendo para las cámaras.
Misiones es el mejor ejemplo de cómo se puede hacer frente a lo estructural con medidas que permitan al Estado hacerse con recursos que le permitan tomar sus propias decisiones. Tener independencia, en definitiva, para crecer en tiempos de abundancia y sostenerse en momentos de vacas flacas.
A sabiendas de que es casi imposible alcanzar un acuerdo global que corrija las inequidades de la ley de Coparticipación y ponga fin al problema estructural, el Gobierno provincial se sostiene en una relevante recaudación propia y es una de las pocas que pagó salarios y aguinaldo en tiempo y forma. Pero más que eso, mantiene su ritmo de inversiones sin endeudamiento.
El gobernador Maurice Closs propuso una solución basada en un elemento que pondría rojos a Rajoy y Moyano: el aumento de dos puntos del impuesto a las Ganancias para que el excedente se distribuya directamente entre las provincias como un fondo compensador. Aumentar, no disminuir ni quitar a los que más ganan.
El mandatario se ocupó de aclarar que no el incremento no debería recaer sobre los trabajadores, sino sobre quienes superen determinado monto de ganancias o incluso, la creación de otra fuente de financiamiento en base a los tributos sobre el cigarrillo o los combustibles.
Una muestra de esa autonomía alcanzada por Misiones es que mientras otras provincias sufren de paros y no saben si se reinician las clases, aquí se lograron nuevos acuerdos con los gremios docentes, que les permitirán tener una suba de cien pesos al básico. También se titularizará a cerca de cinco mil maestros. Los gremialistas, anunciaron que no habrá problemas en el reinicio de las clases y se garantizan los 190 días.
Otra salida creativa es la ley sancionada por la Cámara de Diputados, que permitirá que todos los jueces y funcionarios se jubilen con el 82 por ciento móvil, pero en una especie de autosustentación, ya que los gastos saldrán de un fondo que se pagará con sus propios aportes. En España, por estas horas, no se consigue.
