La inclusión del presupuesto participativo como premisa para las futuras administraciones municipales será abordada por la Convención Constituyente, que elabora la futura Carta Orgánica de la ciudad de Oberá.
Resaltando la coincidencia con los demás convencionales en cuanto a avanzar en esta propuesta, el abogado Rafael Pereyra Pigerl solicitó incorporar a las comisiones vecinales reconocidas como actores importantes en la elaboración presupuestaria, las que deberán realizar Asambleas en las que definan cómo priorizar los gastos en sus jurisdicciones para presentar esa propuesta al Departamento Ejecutivo para su consideración.
Para Pereyra Pigerl, representante del Frente Para la Victoria en la convención, “es importante la participación y el compromiso mutuo que se generaría entre los vecinos y el Ejecutivo si son los propios ciudadanos los que analicen las necesidades de sus barrios y establecen las prioridades para que sean tenidas en cuenta como tales en la elaboración del presupuesto anual de gastos y recursos”. “Seguramente esto requerirá una mayor apertura de las autoridades municipales y un involucramiento mayor de los vecinos, porque no todas las necesidades podrán ser cubiertas de una sola vez, pero al menos sabrán en qué se gasta el dinero municipal”, refirió.
El convencional señaló que la futura carta orgánica “deberá reflejar algunos aspectos esenciales de la participación comunitaria en la elaboración del presupuesto, a los fines de evitar que intencionadamente o por omisión se desnaturalice tan enriquecedor instrumento de democracia semi-directa”.
“En efecto, la principal riqueza del Presupuesto Participativo es la democratización de la relación del Estado Municipal con la sociedad, que permite corregir la visión tradicional tecnocrática populista y clientelista de la política, en la que la participación se limita al voto”, agregó en el proyecto elevado a la convención.
Y sostuvo que “la contribución universal del Presupuesto Participativo es la creación de una esfera pública no estatal que permite a la sociedad controlar al Estado, a través de un proceso de democracia directa en la que la sociedad instituye un proceso de cogestión de la ciudad y define los mecanismos de control social sobre el Estado”.
Este proceso de democracia directa, además, tiene el mérito de “no excluir sino, por el contrario, valorizar la democracia representativa. El Concejo Deliberante seguirá ejerciendo todas sus prerrogativas constitucionales analizando, proponiendo enmiendas y votando el proyecto de ley presupuestaria, aprobando o no la propuesta ciudadana, puesto que será en definitiva quien sancionará el presupuesto”, finalizó.-
