En 1987, la Asamblea General decidió establecer el día 26 de junio de cada año como el Día Internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas, para dar una muestra de su determinación en fortalecer las actividades necesarias para alcanzar el objetivo de una sociedad internacional libre del abuso de drogas. La Asamblea tomó esa medida el 7 de diciembre de 1987 (resolución 42/112 
), de conformidad con la recomendación de la Conferencia Internacional sobre el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas del 26 de junio de 1987.
El final del primer siglo de fiscalización de drogas (que comenzó en Shanghái en 1909) coincidió con la terminación del decenio dedicado a la acción común para contrarrestar el problema mundial de las drogas (iniciado en 1998 por la Asamblea General en su período extraordinario de sesiones sobre las drogas).
Estos aniversarios estimularon la reflexión sobre la eficacia y las limitaciones de las políticas sobre drogas. El examen culminó con la reafirmación de que las drogas ilícitas siguen planteando un peligro para la salud de la humanidad. Por ello, las drogas están, y deben seguir estando, controladas. Habida cuenta de ello, los Estados Miembros confirmaron su apoyo inequívoco a los convenios y convenciones de las Naciones Unidas que han establecido el sistema de fiscalización internacional de drogas.
la Asamblea General reconoció que, pese a los redoblados esfuerzos de la comunidad internacional, el problema mundial de las drogas seguía poniendo en grave peligro la salud y la seguridad pública y el bienestar de la humanidad, en particular de los niños y los jóvenes, y amenazando la seguridad nacional y la soberanía de los Estados, y que socavaba la estabilidad socioeconómica y política, así como el desarrollo sostenible.
En la resolución se acogía con beneplácito la decisión de la Comisión de Estupefacientes de convocar una serie de sesiones de alto nivel durante su 52° período de sesiones, a fin de evaluar el progreso realizado desde 1998 en la consecución de los objetivos y las metas establecidos por la Asamblea General en su vigésimo período extraordinario de sesiones; determinar las prioridades futuras y los ámbitos en que se requiriesen medidas adicionales, así como las metas y los objetivos que habrían de fijarse en la lucha contra el problema mundial de las drogas después de 2009; y adoptar una declaración política y otras medidas de fomento de la cooperación internacional.
La Asamblea alentó a la Comisión y a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito a que prosiguieran su labor de fiscalización internacional de drogas e instó a todos los gobiernos a que prestasen el máximo apoyo financiero y político posible a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, de manera que pudiera proseguir, ampliar y afianzar sus actividades operacionales y de cooperación técnica, en el marco de sus mandatos.
