Escribe Juan Carlos Argüello, jefe de Redacción de Misiones On Line
Aquella acumulación de poder de esos breves pero intensos años, generó -como la física- una reacción acorde: se trataba de extirpar el “cáncer” peronista para preservar la salud del cuerpo de la Nación honorable. Esa frase describe los albores del golpe de 1976, relatados en primera persona por Javier Gortari, rector de la Universidad Nacional de Misiones, que acaba de publicar su libro Usar la palabra. El rector, por aquellos años, estudiante, hace referencia a la efervescencia social, a la militancia y a la visibilidad que habían alcanzado millones de invisibles decididos a defender los postulados del peronismo y que fueron atacados como una enfermedad por el golpe e incluso antes, por las fuerzas de la derecha del mismo peronismo.
Las leyes de la física, se sabe, son inexorables. Pero si las acciones buscan la inclusión, persiguen la distribución de la riqueza y no respetan el orden establecido por el establishment, las reacciones suelen ser más virulentas. Los ejemplos sobran y no únicamente en Argentina. En la historia de Latinoamérica abundan los golpes de Estado y los empujones a los gobernantes que no se ajustan. Golpes violentos o los nuevos, los democráticos. Pero que pisotean la voluntad popular de cualquier modo.
Lo que sucedió en Paraguay debe poner en alerta a todos los Gobiernos de América. No es solo lo bochornoso de un juicio exprés, sin garantías de defensa y con acusaciones tan endebles que no superarían un curso de primer año de Derecho. Se trata de una avanzada de defensa de la vieja oligarquía (no solamente la paraguaya) con sus privilegios y sus riquezas.
En Paraguay, como en muchos otros países, la tenencia de la tierra es uno de los problemas fundamentales, frente a la ostentación de poderosos terratenientes.
La concentración de las tierras entregadas durante la eterna dictadura de Alfredo Stroessner es una herida abierta que Fernando Lugo buscaba sanar en su alianza con sectores campesinos, aún con aquellos más radicalizados. Quizás haya fallado el ex obispo justamente en no haberse animado a ir a fondo con las reformas necesarias que garanticen una justa distribución y terminen con la criminalización de las protestas y sus métodos.
Así, quedó a merced de una alianza de los sectores más “tradicionales” de Paraguay, con una mezcla de colorados, liberales, militares y empresarios. Quedó a mitad de camino y sus deslices mellaron la fuerza con la que irrumpió en la política.
La asunción de Federico Franco, disfrazada de legalidad, ya era un hecho el mismo jueves a la noche, minutos después de conocerse la acusación y la convocatoria a un juicio político. A Lugo se lo responsabilizó en un mismo líbelo por la muerte de los campesinos ocurrida la semana anterior en una hacienda de Curuguaty, como de un mitín político ocurrido en 2008 –cuatro años atrás, hecho que nunca fue denunciado- en un cuartel militar y de haber firmado el tratado de Ushuaia, suscripto por los demás presidentes del Mercosur y que entraría en vigencia en caso de ruptura o “amenaza” de ruptura del orden democrático.
No se puede negar la naturaleza de un juicio político, pero la misma Constitución -la argentina como la paraguaya-, establece que el acusado puede ser enjuiciado por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos o por delitos comunes, que lejos estuvieron de probarse. La Constitución, como la democracia, no son meros procedimientos formales sino un conjunto de acciones para que prevalezca la voluntad popular.
El choque entre campesinos y policías ocurrió en un establecimiento que está a nombre de la compañía Campos Morombí SAC y Agropecuaria, perteneciente al dirigente político y empresario Blas Riquelme, perteneciente al Partido Colorado.
Lugo reaccionó ante la matanza con la destitución del ministro del Interior, Carlos Filizzola, y su sustitución por Rubén Candia Amarilla, vinculado al Partido Colorado, principal fuerza opositora y a la que el actual presidente desalojó del gobierno en 2008, tras más de 60 años de ejercerlo de modo hegemónico. Es decir, intentó confiar en el coloradismo en lugar de fortalecer sus propias alianzas.
El coloradismo impulsó su salida y, paradoja, Filizzola fue uno de los pocos en defenderlo. El general Stroessner hubiera aplaudido. En su lugar, en el Congreso sonreía Lino Oviedo, general acusado de intentos de golpes militares, del magnicidio del ex vicepresidente Luis María Argaña, de dirigir una masacre contra civiles y de haber incitado a un segundo intento golpista contra el gobierno paraguayo.
Lugo se fue manso y sin demasiado barullo. Tampoco hicieron demasiado barullo ante la evidencia los presidentes del Mercosur y apenas hubo un tibio rechazo de los cancilleres la Unasur. Recién después de consumados los hechos, reaccionaron con firmeza los mandatarios. Brasil propuso expulsar a Paraguay del bloque regional y Argentina y otros países anticiparon que no reconocerán el Gobierno de Federico Franco.
En Misiones, el gobernador Maurice Closs consideró injusta la destitución y planteó que “este hecho no se transforme en la primera “grieta” en las democracias latinoamericanas”. También ofreció la hospitalidad del pueblo misionero para Lugo. En sintonía, el presidente de la Legislatura consideró que le hubiera gustado que “Lugo resistiera teniendo en cuenta que fue el voto popular el que lo designó”. “Cuando se vulnera esta soberanía pétrea, las decisiones emanadas carecen de legitimidad y se tornan sectarias y carentes de la representación que originalmente la sustentaron”, acusó.
Sin dudas, hubiera sido necesaria una postura más decidida de los Presidentes vecinos antes de que se consumara el golpe institucional, como se defendió a Evo Morales en Bolivia o a Rafael Correa en Ecuador. A Lugo se lo dejó solo y acorralado. Toda reacción es tardía. Y no es una situación menor. El derrocamiento de un Presidente por una alianza de los sectores más reaccionarios, es un grave antecedente que debe poner en alerta a los países de la región. Ya lo vivió Evo, ya lo vivió Correa y Venezuela se debate en lo mismo.
En Argentina, donde llamativo fue el silencio de la mayoría de los dirigentes de la oposición, los antecedentes no hay que buscarlos demasiado lejos. La patronal del campo se jugó por la desestabilización en la pelea por la 125 y hoy los caceroleros no disimulan su deseo de que la Presidenta no culmine su mandato. Quizás sorprenda que a estos grupos se sume un sector del movimiento obrero, que fue el más beneficiado por el modelo kirchnerista.
La pulseada de Hugo Moyano demuestra que el matrimonio era por conveniencia y no por convicción. Fue una convivencia que sirvió al gremialista y al Gobierno, pero que hace rato se transformó en el fastidio de las parejas donde no hay amor.
Cuando vio acotado su poder político, el camionero se puso en la vereda de enfrente del Gobierno y hasta lanzó un paro nacional desde los estudios del canal Todo Noticias, el tradicional bunker de la oposición. Su hijo Pablo advirtió que “vamos por ellos” en medio de un bloqueo a una planta de refinamiento de combustibles durante el paro que complicó el suministro en todo el país, acompañado por referentes de todo el país, incluido José Giménez, el titular de la CGT Misiones, que estuvo en Barranqueras y Adolfo Velázquez, el diputado camionero a quien poco se lo ve en las sesiones legislativas.
Hoy el camionero recibe respaldos de Mauricio Macri, Ricardito Alfonsín y otros dirigentes de la oposición que pretenden que “se corrija el rumbo”. Daniel Scioli también espera cosechar beneficios. Es el mismo caldo que se cocinó en Paraguay. La excusa del enojo de Moyano es el impuesto a las Ganancias que pagan los camioneros, trabajadores que están bien arriba en la pirámide de los salarios. Pero lo presenta como una lucha de todo el movimiento obrero, cuando en realidad en la Argentina, solo uno de cada diez trabajadores paga el impuesto a las Ganancias. Es decir, son empleados que pertenecen a una verdadera “elite”, cuyos salarios están bien por encima del promedio de la economía, que es de 5.448 pesos y no se encuentra gravado.
El impuesto a las Ganancias sólo lo pagan los trabajadores que ganan mensualmente más de 7.997,5, en el caso de los casados con hijos; y los que perciben por encima de 5.782,1, cuando se trata de solteros sin hijos. Si se elimina el impuesto a las Ganancias y se generalizan las asignaciones familiares -como reclama el titular de la CGT-, sólo repercutirá en los trabajadores que más ganan, aumentando la desigualdad social al interior de los asalariados. Pero la central obrera llama a un paro nacional en una medida que afecta a 14,5 millones de trabajadores para defender los intereses de un millón y medio. También es llamativo que aunque sea su caballo de batalla, los diputados gremialistas no hayan presentado ni un solo proyecto en el Congreso para discutir ganancias.
“Moyano va configurando una aristocracia sindical”, definió con sutileza el filósofo Ricardo Forster, quien disertó en Posadas y no dudó en emparentarlo con (Augusto) Vandor, el mítico sindicalista que aprendió a negociar con empresarios y militares y armó estrategias cambiantes casi siempre destinadas a conseguir poder o para conservarlo y hasta enfrentó al general Perón.
Es de esperar que la democracia conseguida desde 1983 escriba un final distinto a esta historia.
Closs ofreció a Fernando Lugo la hospitalidad del pueblo misionero
