El primer punto es el polémico acto político en el Comando de Ingeniería de las Fuerzas Armadas de la Nación en el año 2009, con autorización de Lugo.
En el cuartel militar se reunieron grupos políticos de izquierda la región, donde colgaron banderas políticas y cantaron proclamas ideológicas.
“Esas instalaciones fueron utilizadas para la reunión de los jóvenes, quienes colgaron banderas con alusiones políticas, llegando a izarse una de ellas en sustitución del pabellón patrio”, dice parte de la acusación.
Recuerda la acusación que en ese acto que fue solventado por la Entidad Binacional Yacyretá y contó con la presencia del titular de la Secretaría de Emergencia Nacional Camilo Soares.
Ñacunday
El presidente Lugo tuvo una preponderante actuación en el conflicto de tierras ubicadas en Ñacunday, departamento del Alto Paraná.
El mandatario dispuso el uso de las fuerzas militares para provocar miedo entre los colonos de la zona. Los uniformados ingresaron a propiedades privadas sin autorización judicial y acompañados por dirigentes de los Carperos, quienes brindaban las instrucciones.
Además Lugo se mostró siempre abierto a recibir a los líderes carperos José Rodríguez, Victoriano López, Eulalio López y otros.
La acusación recuerda que la intendenta de Santa Rosa del Monday, María Victoria Salinas Sosa, fue víctima de un violento ataque de los carperos, quienes destrozaron el vehículo en que ella se desplazaba.
Inseguridad
La acusación refiere que el presidente Lugo nunca pudo desarrollar una política eficaz para disminuir la inseguridad ciudadana.
El gobierno de Lugo recibió importantes recursos financieros aprobados por el Congreso nacional, pero que al final no dieron resultado.
A esto se suma que hubo dos costosos estados de excepción en búsqueda de miembros del grupo criminal Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), que al final no fueron detenidos.
“Todos los Miembros de esta Honorable Cámara de Diputados conocemos los vínculos que el presidente Lugo siempre ha mantenido con grupos de secuestradores, que anteriormente se vinculaban al movimiento Partido patria Libre y cuya ala militar hoy se denomina EPP”, indica la acusación.
Otros ejemplos de inseguridad fueron las muertes de policías a manos del EPP, así como la masacre que ocurrió recientemente en la estancia “Campos Morombí”, en el departamento de Canindeyú, donde fallecieron 11 campesinos y seis agentes policiales, durante un enfrentamiento armado.
“Fernando Lugo y varios de sus ministros y en especial Miguel López Perito y Esperanza Martínez, han pretendido tratar por igual a los policías cobardemente asesinados y a aquellos que fueron protagonistas de esos crímenes”, puntualiza.
Polémico protocolo
Como un atentado contra la soberanía del Paraguay es calificado el protocolo Ushuaia II que fue firmado por el mandatario Fernando Lugo.
“A través de ese documento, los países vecinos podrían cortar el suministro de energía a la República del Paraguay”, dice la acusación.
El cuestionado documento fue firmado en la ciudad de Montevideo en diciembre pasado. El protocolo fue elaborado por los presidentes de la región para protegerse uno a otro, refiere el escrito.
“La principal característica del Protocolo de Ushuaia II es la identificación del Estado con la figura de los presidentes para, en el nombre de la ‘defensa de la democracia’, defenderse unos a otros”, puntualizó.
Finalmente el último punto de la acusación es la masacre en Curuguaty, que sucedió el viernes pasado, donde fallecieron 17 personas.
A la Justicia
Aparte de la destitución de Fernando Lugo como presidente de Paraguay, los acusadores pedirán al Senado que remitan los antecedentes del caso a la justicia ordinaria.
Con fuerte respaldo regional Lugo va a juicio político
