El destituido magistrado misionero, José Luis Rey, está acusado de asociación ilícita junto a otros exfuncionarios. La causa investiga las escuchas telefónicas ilegales de miembros del gobierno porteño. Mauricio Macri también irá a juicio. El abogado del exjuez, Eduardo Paredes, indicó a Misiones On Line que aun no fueron notificados. Asimismo, deberán ir a juicio Ciro James (el espía), los policías misioneros Diego Gastón Guarda, Raúl Alberto Rojas, Rubén Alberto Quintana, David Santiago Amaral, Antonio César Fernández, y la funcionaria judicial Mónica Elizabeth González.
Eduardo Paredes, abogado del ex-Juez Rey en Radio Libertad
El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Maucricio Macri, irá a juicio oral por la investigación que se le sigue a funcionarios de su gobierno por espiar ilegalmente a través de escuchas telefónicas. Al ingresar a la conferencia de prensa que da el gobierno porteño, afirmó que el procesamiento y juicio oral «no» lo sorprende.
Por asociación ilícita irán al juicio Ciro James, Raúl Alberto Roas, Ricardo Quintana, David Amaral, Diego Jurado, José Luis Rey, Mauricio Macri, Mariano Narodowsky, José Gabriel Hernández, Antonio Fernández, entre otros. (A24)
“Todavía no se recibió ninguna notificación para que sea elevado a juicio, pero en caso de que llegue tenemos seis días para hacer el descargo y recién ahí el juez decidirá si va a juicio o no, eso se tendrá que evaluar”, expresó Eduardo Paredes, abogado de Rey.
La Sala I de la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal ya había confirmado en el año 2010, el procesamiento con prisión preventiva por asociación ilícita a ex funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, entre ellos Jorge “Fino” Palacios y Ciro James, en la causa por las escuchas telefónicas irregulares.
La misma medida alcanzaba a los policías de Misiones Diego Gastón Guarda, Raúl Alberto Rojas, David Santiago Amaral, Antonio César Fernández y Rubén Alberto Quintana, y a la funcionaria judicial Mónica Elizabeth González.
Así, el tribunal ratificó el fallo del juez federal Norberto Oyarbide que, el 18 de diciembre de ese año, amplió los procesamientos de Palacios y James por aquella figura penal.
“Fueron ocho autores, dos años de labor, nueve personas privadas de su intimidad, decenas de puntuales invasiones dentro de cada una de ellas -entre intervenciones y prórrogas-, incontables comunicaciones entre los implicados”, describía gráficamente el fallo.
El caso
En la investigación salió a la luz una operatoria común que afectó al dirigente de la AMIA, Sergio Burstein, los empresarios Carlos Ávila, Rodrigo Blas Velazco, Daniela Rocca, Federico Carlos Infante, Jorge Navarro Catsex, Francisco Catsex, Susana Beatriz Saint Porres y a Néstor Daniel Leonardo, un cuñado mentalista del jefe del gobierno porteño Mauricio Macri.
En todos los casos, los teléfonos eran intervenidos por la oficina de observaciones judiciales de la SIDE con órdenes emitidas por dos juzgados de Posadas, de Instrucción I a cargo de Horacio Gallardo, (hoy fallecido) y el de Instrucción II a cargo de José Luis Rey, en base a pedidos policiales sobre supuestas investigaciones fraguadas a ese solo fin.
Según el juez, Norberto Oyarbide, las órdenes de interceptación telefónica dictadas por la justicia misionera eran «legales pero ilegítimas» ya que estaban «revestidas de un manto de presunta legalidad, que oculta la ilegitimidad de las mismas, circunstancia que a todas luces dificulta el descubrimiento de esas maniobras delictivas».El escándalo se extendió de inmediato a la Policía Metropolitana, cuyo primer jefe, el ex comisario de la Federal, Jorge «Fino» Palacios debió ser removido por Macri.
Destitución. En abril del año 2010, el Jurado de Enjuiciamiento de Misiones decidió destituir a los magistrados Rey y Gallardo por incumplimiento de los deberes a su cargo. En la lectura de la sentencia el Tribunal consideró que no controlaron la operación de las escuchas e incurrieron en una irregularidad.
