Las historias reales con final feliz no siempre tienen el más feliz de los finales. En general tampoco tienen finales sino comienzos. Algo así ha sucedido con un acuerdo considerado histórico al que se arribó en el noreste de Argentina entre tres comunidades guaraníes, una ONG conservacionista británica, un terrateniente y el Gobierno de la provincia de Misiones.Casi siempre estamos contando historias de conflictos por la tierra y el medio ambiente aquí y allá en toda Latinoamérica, pero esta vez nos adentraremos en una disputa que acabó solucionada con un arreglo que satisfizo a todas las partes involucradas, pero en el que cada una debio ceder en algo.
En Misiones y en las tierras vecinas de Paraguay y Brasil se extiende el ecosistema de lamata atlántica, una selva tropical que contiene una de las bioversidades más ricas del planeta. La mayoría de esa mata ha sido deforestada, sobre todo en Brasil, y casi todo lo que se conserva de ella se encuentra en territorio argentino. Pero también la mata atlántica misionera se halla en riesgo del avance del hombre blanco, desde grandes empresarios hasta pequeños colonos, con sus producciones forestal, agrícola o ganadera. Desde tiempos ancestrales viven allí los guaraníes, que mantienen su lengua, el mbyá guaraní, y no hablan español.
Uno de los santuarios de la mata atlántica es la Reserva de la Biósfera Yabotí, de 130.000 hectáreas. Allí se emplazan dos parques provinciales y el título de propiedad del resto de las tierras está en manos de terratenientes. Los indígenas, amparados en el reconocimiento de sus territorios ancestrales que formuló la Constitución argentina de 1995, reclaman su propiedad. En concreto, las tres comunidades guaraníes de 70 adultos en total que habitan el llamado Lote 8 de la Reserva de la Biósfera Yabotí habían recurrido a la justicia a principios de la década de 2000 para reclamar al Estado argentino y al provincial la titularidad de ese predio, que en los papeles pertenecía a Moconá SA, una sociedad anónima de la familia Laharrague, de Buenos Aires, que toma el nombre del vecino Salto del Moconá, una catarata de 10 metros de altura sobre el río Uruguay. Así lo recuerda Vasco Baigorri, uno de los integrantes del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (EMIPA), que asesora y defiende a los indígenas.
Mientras el juez correspondiente dilataba su decisión, como suele ocurrir con este tipo de casos en Argentina, apareció una ONG conservacionista británica, World Land Trust (WLT), con la intención de comprar todas las tierras que separan a los dos parques provinciales, de modo de ampliar la zona preservada. Una de ellas era el Lote 8. WLT consiguió el dinero para comprarlo en 2006. “Los de la ONG fueron a anunciarles a los guaraníes que compraban el terreno. No los consultaron, como establece la OIT (Organización Internacional del Trabajo) para estos casos”, se queja Baigorri. Entonces los indígenas organizaron la resistencia. Una asamblea de caciques rechazó la venta del Lote 8. Su queja llegó en 2010 al Encuentro Continental del Pueblo Guaraní, que habita en Bolivia, Paraguay, Argentina y Brasil. Allí pidieron juntos que el Gobierno de Misiones, de filiación política kirchnerista, desistiera de apoyar la transferencia del terreno a World Land Trust. La provincia aún no autorizaba la operación, pero estaba a su favor porque consideraba que así se preservaría el medio ambiente. El problema radicaba en que no se tenía en cuenta la voz de los guaraníes.
Las comunidades propusieron que World Land Trust comprara el Lote 8 para después donárselo a ellos, que se definían como los que mejor iban a cuidar de la naturaleza. Los británicos quedaron boquiabiertos con la propuesta y la descartaron. “Los ambientalistas se preguntaban cómo iban a regalarle eso a los indígenas”, cuenta Javier Jiménez, consultor español en resolución de conflictos medioambientales que fue contratado hace cinco meses por la ONG británica.
“Hace cinco meses se inició un proceso diferente”, cuenta Jiménez. “Antes los guaraníes no estaban sentados en la mesa de discusión. Aquí rige eso de ‘todo para los indígenas, pero sin los indígenas’. Entonces sentamos a los propietarios de Moconá SA, la provincia, los conservacionistas y los guaraníes en igualdad de condiciones. El otro elemento distinto fue que antes parecía que había un negocio inmobiliario y no se quería hablar de conservación y reconocimiento de derechos”, relata el mediador. Después de reunirse con las autoridades provinciales, Jiménez fue a reunirse con los guaraníes. Fumó y bebió mate con ellos durante largas horas hasta que lo vieron como alguien confiable. Los integrantes del equipo de pastoral oficiaban de traductores. Hubo que adaptar conceptos a la cosmovisión guaraní, en la que no existe la propiedad privada sino que se habla de “ser parte”, cuenta Baigorri.
Después de negociaciones extenuantes, las cuatro partes llegaron a un acuerdo el 17 de abril pasado. WLT terminó comprando por una cifra no revelada 4.000 de las 4.200 hectáreas del Lote 8 a Moconá SA, pero transfirió 1.500 a las tres comunidades guaraníes. Otras 1.500 quedarán en condominio por siete años entre los indígenas y Fundación Naturaleza del Futuro (FUNAFU), una ONG argentina en la que ha confiado WLT y que se dedica a la preservación, la investigación y el fomento del ecoturismo. Al acabar ese periodo, esas 1.500 hectáreas también pasarán a manos de los pueblos originarios. Las restantes 500 hectáreas adquiridas constituirán un condominio permanente entre FUNAFU y los guaraníes. Moconá SA no vendió 200 hectáreas, que tienen vista a la catarata y donde desarrollará un complejo de ecoturismo de “bajo impacto ambiental”, según Jiménez. El acuerdo establece que los indígenas podrán tener acceso también a esas 200 hectáreas, siempre y cuando no edifiquen allí casas, pero podrán usar, por ejemplos, los árboles medicinales o la miel.
“Los ambientalistas entendieron que los guaraníes les dan la mejor garantía de que se conservará el bosque”, comenta el consultor español. Los indígenas pusieron como condición al acuerdo que nadie podrá hacer allí investigaciones con plantas medicinales. Temen el robo de su biodiversidad.
“La Constitución argentina dice que las tierras eran indígenas, pero no se las daban”, expone Jiménez. Baigorri afirma que los guaraníes estaban cansados de esperar que algún día la justicia les diese la razón en su demanda contra el Estado argentino y Misiones, y por eso prefirieron suspender su reclamación judicial y aceptar el pacto. Los guaraníes quebraron su prejuicio a negociar con los blancos, según el consultor español.
“Ahora la FUNAFU y los guaraníes deben trabajar juntos para que los blancos no se coman la mata atlántica”, dice Jiménez. Hay caza furtiva y también un ganadero brasileño que cruza sus animales por la frontera para pastoreo y también cultiva en el Lote 8. La fundación ha tomado el compromiso de ocuparse de su desalojo. “Trabajamos con la consigna de ‘todos podemos decir lo que queramos abiertamente’ y así pasamos de adversarios a compañeros”, se enorgullece Jiménez. Todos debieron resignar más o menos. El tiempo dirá si el final es feliz.
