El presidente de la Legislatura destacó el proyecto de ley para expropiar el viejo edificio y convertirlo en un museo. Dijo que se busca revalorizar el espacio y que la Provincia pagará lo que fije el Tribunal de Tasación.
El presidente de la Cámara de Diputados, Carlos Rovira, destacó su iniciativa de expropiar el ex hotel Savoy, en pleno centro de Posadas, para convertirlo en un museo.
“Se trata de incorporar patrimonio histórico a Posadas, integrarlos y ponerlos en valor y dedicarlo a la cultura, al museo de la Civilización, del conocimiento de nuestros orígenes, de historia misionera. A partir de sacarlo (al hotel) de esa suerte de destino incierto, decadente, de baldío y volcarlo a una ciudad dinámica, con obras públicas en toda su geografía y también obras privadas. Era un monumento a la decadencia y buscamos darle un destino distinto al original, que era el usufructo de una familia”, indicó tras la sesión de anoche en la Legislatura provincial.
Según indicó, el monto que pagará Misiones para hacerse con el viejo edificio, será fijado por el Tribunal de Tasaciones de la Provincia, “como ocurre con YPF o cualquier otra expropiación, ya que interviene un organismo independiente”.
“Hay un antecedente, que es la ley de concesión del juego de los Casinos, en su último capítulo, ya había puesto un artículo para recuperar este espacio, con el aporte del concesionario, con inversiones que debían salir de su rentabilidad. El hotel de Turismo de Iguazú se recuperó, lo mismo que el hotel de Turismo del Instituto de Previsión Social en Posadas, que ahora se recuperó y se puso en valor. En ese momento, en Posadas, ofrecí al concesionario del casino la recuperación de este edificio. No se pudo por desacuerdo de los privados”, recordó.
Referéndum en 2013
Asimismo, anticipó que el año que viene los misioneros deberán ratificar en un referéndum el proyecto de ley de reforma constitucional mediante el cual se introducirá la figura del querellante particular en las causas penales.
“Ley que va a requerir, de aprobarse, una enmienda constitucional. Se trata de reconocer un nuevo derecho a las víctimas de procesos penales. El servicio está en cabeza del Estado pero se socialibiliza y el damnificado puede participar de todas las instancias del proceso. Forma parte de los nuevos derechos. Si se aprueba la ley, deberá ser ratificada el año que viene”, indicó.
