Ante los constantes reclamos que se reciben en la sede de la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones (UDPM) referentes a los criterios que se están aplicando por parte de los supervisores a fin de proceder al cierre de secciones, se presentó una nota al presidente del Consejo General de Educación (CGE) para analizar el tema de forma urgente.
“Urge la necesidad de contemplar situaciones particulares, sociales, rurales y comunitarias que justifican menor matrícula. La intervención de supervisores en la acreditación de esos casos, debe ser acto suficiente para su continuidad”, manifestó la secretaria general de la UDPM, Stella Maris Leverberg.
Aunque exista una reglamentación que defina la cantidad de alumnos por grado, no se debe perder de vista que dicho instrumento data del año 1995, precisamente a mitad de la década de mayores ajustes al sector y destrucción de la escuela pública, lo que sin duda significa que el nomenclador básico utilizado, posee un alto contenido de las políticas neoliberales del momento, las cuales demostraban un escaso interés en la educación pública.
Es necesario definir nuevas herramientas a tener en cuenta a la hora de definir sobre la continuidad o no del servicio educativo, más aún en zonas rurales, donde se haría imposible para los niños acudir a otro establecimiento de su localidad o paraje.
Es política del Estado Provincial la de garantizar la accesibilidad de la población a la escuela pública, en igual sentido y a fin de garantizar el cumplimiento de la obligatoriedad, el Gobierno Nacional ha implementado la asignación universal, pero todo ello podría sufrir alteraciones si nos manejamos con números fríos establecidos en una resolución de la nefasta época de las políticas neoliberales.
