El Centro de Capacitación y Gestión Judicial del Superior Tribunal de Justicia creó una comisión de especialistas para la elaboración de los anteproyectos de reforma de los Códigos Procesales Civil y Comercial; Laboral y Penal de la provincia.
El Centro de Capacitación y Gestión Judicial del Superior Tribunal de Justicia creó una comisión de especialistas para la elaboración de los anteproyectos de reforma de los Códigos Procesales Civil y Comercial; Laboral y Penal de la provincia.
La Comisión coordinadora para la propuesta de reforma del Código Procesal Civil y Comercial, estará conformada por los ministros del STJ Rubén Uset y Froilán Zarza, como así también por Ernesto César Cabral, Miguel Orlando Moreira, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori; Gladys Isabel Maciel y Gabriel Manitto.
En tanto, el proyecto de reforma del Código Procesal Penal, será elaborado por el ex juez. Eduardo D’Orsaneo; el magistrado Roque Martín González; los jueces Ángel Atilio León; Osvaldo Rubén Lunge; Ricardo Venialgo; y Adrián Solís.
Finalmente, la comisión coordinadora para la propuesta de anteproyecto reforma del Código Procesal Laboral, estará conformada por María Luisa Avelli de Lojko; Graciela Ivonne Heppner; Ramona Matilde Espíndola de Seipke y el diputado Juan Carlos Agulla.
Las comisiones se crearon tras el acuerdo con el poder Legislativo para elaborar un anteproyecto de reforma a los códigos de procedimientos Civil y Penal con el aporte de todos los sectores involucrados.
El ministro del Superior Tribunal de Justicia, Sergio César Santiago, en su carácter de director ejecutivo del Centro de Capacitación Judicial.
explicó se trata de “un convenio marco que ya habíamos firmado con la Cámara, que tiene que ver con el fortalecimiento institucional de ambos poderes, y en este caso concreto nos propusimos trabajar en conjunto los protagonistas del quehacer judicial con el legislativo para plantearnos la posibilidad de reformas de importancia en los códigos de procedimiento, tanto Civil como Penal, que obviamente ya tienen unos cuantos años y hemos tenido procesos legislativos muy ricos que no se han volcado a esos cuerpos sistemáticamente”.
“Encontramos que era un principio muy importante para trabajar, además creo que inédito, porque los dos poderes se ponen a trabajar en conjunto en una previa que obviamente después va a ser puesta a consideración de los legisladores, quienes en definitiva van a estudiar y en el ámbito que corresponde, que es la Cámara de Representantes”, agregó.
Remarcó que “esta es la tarea que se inicia ahora, es un período en el que estamos recibiendo colaboraciones en general de los integrantes del Poder Judicial, y lo que venimos hoy a inaugurar, de alguna manera, es formalmente el proceso de estudio y revisión, para ahí detectar cuáles son las necesidades, independientemente que uno en el día a día advierte, y podríamos resumir, en el caso de la justicia penal, en que necesitamos que el proceso esté a la altura de los acontecimientos, de que esté junto a un servicio de justicia que llegue a la gente, y no hay mejor manera que llegar a la gente que con procesos rápidos, con sentencias que puedan poner certidumbre a las expectativas que la sociedad tiene y demanda, y sobre todo en el aspecto penal en cuanto a la seguridad jurídica”.
También se refirió al proceso civil, asegurando que quieren apuntar a “procesos modernizados con inmediación, tal vez con oralidad, y también acortar plazos, porque la justicia que no llega nunca, no es justicia, no es una frase hecha sino una verdad de Perogrullo, por lo tanto el desafío es tener una moderna justicia que en tiempo y forma se pronuncie y acompañe el desarrollo político y económico que se está dando por parte de los otros poderes”.
Además, en función de la reciente creación de los Institutos de Derecho Civil y Penal en el ámbito del Centro de Capacitación y Gestión del Poder Judicial, se integrarán comisiones conformadas por profesionales del Poder Judicial y de la Secretaría Parlamentaria dedicadas al estudio de los códigos Procesal Civil yProcesal Penal y “su posible reforma o sustitución por normas modernas, que recepten los tratados internacionales, se ajusten a las normas constitucionales en vigencia en la República Argentina, sin dejar de observar las particularidades de la provincia y su enclave geopolítico, culminando en un trabajo que con rigor científico no deje de integrar la opinión de todos los sectores que amerite, respondiendo a las exigencias actuales que impone el mejor servicio de justicia”, según consta en el acta.
