La 2ª Conferencia de la Industria Forestal de América Latina (Latina 2012) fue el escenario para analizar los desafíos para el crecimiento del sector en América Latina y el marco para debatir el impacto negativo de la normativa que frena la venta de tierras a extranjeros y que afecta las inversiones en el sector forestal brasileño. “Se suspendieron proyectos por más de 37 mil millones de dólares. Es necesario establecer un nuevo marco legal, actualizado y debatido en el Congreso brasileño. Pero los acontecimientos que llevaron a que no se concreten estos proyectos necesitan ahora de una solución urgente”, señaló el director de la Asociación Brasileira de Productores de Florestas Plantadas (Abraf) Cesar Augusto do Reis.
La 2ª Conferencia de la Industria Forestal de América Latina (Latina 2012) inició hoy su primera jornada con la apertura de sesiones y debates relacionados a los desafíos globales para la competitividad de la industria de celulosa, papel y madera, restricciones a la compra de la tierra por parte de extranjeros, nuevos mercados, tendencia de la economía mundial, tecnologías, restricciones al uso de organismos genéticamente modificados estrategias exitosas de producción y oportunidades de negocios con China para la región y su impacto en el mercado , entre otros temas, en un encuentro internacional que se lleva a cabo en la ciudad de São Paulo, Brasil, en el Hotel Transamérica.
La Conferencia Latina 2012 es organizada por Francisco Ribas, presidente de HDB&R Marketing Consulting y Forestry Products Marketing (FPM), y Bernard Fuller, presidente de Cambridge Forest Products Associates (CFPA). En encuentro convocó a los principales CEO´s de las compañías de celulosa y papel de la región y a especialistas de Estados Unidos, Canadá, y países europeos. Brasil es hoy la sexta economía mundial, cuenta con el desarrollo de uno de los principales polos del sector forestal en el Cono Sur y posee la selva tropical más grande del mundo.
Sin embargo, el sector forestal enfrenta grandes desafíos para su crecimiento, ya que el principal tema de la jornada se dio en el panel de “Legislación industrial y barreras de crecimiento en América Latina” que fue moderado por el reconocido abogado brasileño Aldo de Cresci Neto, del estudio GCN (Gasparini, De Cresci e Nogueira de Lima Advogados) y del que participaron ejecutivos de empresa líderes del sector, representantes de entidades forestales, economistas internacionales, consultores y legisladores de Brasil para analizar las limitaciones a la propiedad de la tierra a extranjeros. La propuesta de los organizadores era también analizar el escenario argentino, pero ante la ausencia de un representante del país no fue posible debatir sobre el impacto de la nueva legislación de tierras que rige desde diciembre pasado en el país y que restringe el acceso a la tierra a los extranjeros.
De esta manera, los panelistas expusieron las barreras que existen para futuras inversiones con la reinterpretación de la Ley 5.709/71. Las visiones sobre el impacto negativo de la medida del gobierno brasileño fueron coincidentes, partiendo de que la legislación actual “no respeta la Constitución Federal” y la modificación que rige desde el año 2010 genera inseguridad jurídica. “La legislación restringe a los inversores extranjeros el acceso a la tierra, ya que la AGU (Procuraduría General de Justicia) interpreta hoy que una empresa forestal radicada en Brasil controlada en mas de un 50% por capitales extranjeros no es brasileña. Esta es la discusión de fondo”, dijo Cresci.
La AGU es la institución brasileña responsable por el ejercicio de la defensa pública a nivel federal y estipula en la reinterpretación de la ley. 5709 restricciones en la adquisición de tierras por extranjeros en el país.
Los panelistas de Latina sostuvieron que esta interpretación de la ley es un retroceso para la actividad ya que frena las inversiones forestales, alejando concretamente a la fecha la ejecución de proyectos de industria forestal por más de 37 mil millones de dólares.
Así lo aseveraron en el panel integrado por el director de la Asociación Brasileira de Productores de Florestas Plantadas (Abraf) Cesar Augusto do Reis; el norteamericano Glen Dunaway, socio de Morris, Manning & Martin; el vicepresidente de Stora Enso América Latina, Otávio Pontes; el presidente de CMPC Celulosa Riograndense, Walter Lídio Nunes; el vicepresidente de la consultora STCP (Ingeniería en Proyectos), Joesio Siqueira; y el diputado federal brasileño Irajá Abreu, quien explicó la situación actual de negociaciones que llevan adelante en la discusión legislativa y expresó el compromiso del gobierno de la presidente Dilma Rousseff de encontrar un camino de solución .
El diálogo con ArgentinaForestal.com el abogado Cresci dijo ante lo expuesto en el panel que “se corrobora que el sector se ve afectado con la medida, se trata de un principio constitucional que debe ser atendido por un lado, y por otro lado, que genera un impacto negativo en la actividad forestal brasileña, ya que impide se concreten inversiones en el país”.
Sostuvo que “no hay dudas que la única vía de solución a este conflicto es la decisión política del gobierno nacional brasileño de resolver esta situación, y por medio de la Abraf se deberá analizar las alternativas posibles con los legisladores por medio de la creación de una comisión especial para discutir estos temas y analizar las propuestas viables para la salida del conflicto”.
Por su parte, el director ejecutivo de Abraf dijo que estos 37 mil millones de dólares de inversiones que se frenaron afectaron nuevas empresas, llevó a la interrupción de la fase de desarrollo de empresas existentes o paralización de proyectos ya aprobados. “Es necesario establecer un nuevo marco legal,actualizado y debatido en el Congreso. Pero los acontecimientos que llevaron a que no se concreten proyectos necesitan ahora de una solución urgente”, advirtió Reis.
Para ello, el sector forestal elevó una propuesta al gobierno brasileño para ser debatido en el Congreso, considerando que desde el punto de vista de la preservación de la soberanía nacional y los mecanismos de control, “la normativa es importante para controlar la adquisición de la tierra por el capital extranjero, pero no debe ser una limitante el origen del capital, sí su propósito. Por lo tanto, los proyectos productivos que sean adecuados, generadores empleo y riquezapara el país, deberían ser autorizados e incentivados”, agregó.
Finalmente señaló que las empresas socias a la Abraf tienen proyectos en marcha con licencia y certificado bajo el criterio de FSC, PEFC y Cerflor.
Entre las compañías nucleadas en la asociación brasileña se encuentran: BSC Bahia Specialty Cellulose, Cenibra, CMPC Celulose Riograndense, Eldorado, Fíbria, International Paper, Klabin, Lwarcel, Rigesa, Suzano Papel e Celulose, Stora Enso, Veracel, Arauco, Duratex, Eucatex, Masisa, entre otras.
STPC: “Incompetencia gubernamental”
Por su parte, la única respuesta que encuentra el vicepresidente de la consultora STCP (Ingeniería en Proyectos), Joesio Siqueira, para la situación de conflicto de tierras que enfrenta Brasil para la restricción a inversores forestales extranjeros “es la incompetencia gubernamental del país, no hay otra explicación para entender por qué Brasil no tiene una política publica clara sobre la adquisición de la tierra publica y privada”.
La restricción de tierras impactó en proyectos con valores monetarios por más de 37 mil millones de dólares. “Eran inversiones muy importantes para el sector forestal de Brasil que se fueron a Nueva Zelanda, Australia o África, porque no tenemos condiciones de atracción de inversiones extranjeras en nuestro país para proyectos de largo plazo. Ante la inseguridad jurídica, deciden otros destinos más estables. En STCP tenemos clientes que nos pidieron el desarrollo de negocios forestales en otros países, porque no podían esperar la decisión política para concretar la inversión. Los inversores están eligiendo otros destinos, incluso Argentina y Uruguay. Hoy tengo dos proyectos que están concretándose en Argentina, ya estamos avanzando en estudios de factibilidad, pero entendemos que la nueva ley de Tierras no presenta mayores inconvenientes, en el caso de nuestros proyectos”, concluyó Siqueira.
Por Patricia Escobar
