La iniciativa, única en su tipo en el ámbito legislativo de todo el país, fue impulsada por el president de la cámara de diputados de la provincia Carlos Rovira, con el objetivo de relevar, clasificar y preservar documentación relacionada con el terrorismo de Estado en Misiones. Fue presentado esta mañana durante un acto realizado en la Cámara de Representantes con motivo del “Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia”.
En la oportunidad fueron firmados convenios de cooperación entre la Cámara de Representantes y el Archivo Nacional de la Memoria, a cargo de Carlos Lafforgue, y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, representada por Graciela Leyes.
Participaron los secretarios legislativos Cecilia Britto y Daniel Cáceres, quienes refrendaron los documentos firmados por Rovira; las militantes de derechos humanos Ivonne Pierron, Martha Pelloni y Lilian Marchesini; el ministro de Derechos Humanos, Edmundo Soria Vieta; el titular de la cartera del Agro, Néstor Ortega; integrantes del Consejo Directivo de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos; autoridades legislativas; diputados; magistrados; funcionarios provinciales y municipales, y representantes de las fuerza de seguridad.
Lafforgue resaltó que “la provincia va a tener su propio acervo histórico específico sobre las violaciones de los derechos humanos, sus consecuencias, la manera de llevar el castigo por esto, cómo reparar y cómo crear las condiciones para que no se repitan”.
“La Legislatura misionera es la única en el país en contar con un archivo de estas características”, destacó.
“El material de nuestro archivo es visible por los jueces, por las partes y por investigadores acreditados que trabajen sobre esta temática”, aclaró.
“Lo que tenemos, más inmediato, son todas las historias de vidas, relaciones y legajos de desaparecidos misioneros a quienes les sustrajeron la vida aquí o en otros lugares, o de gente de otras provincias que estuvieron detenidos en Misiones”, agregó.
“Permanentemente se van agregando datos, incluso a 36 años de los hechos todavía viene mucha gente a declarar las cosas que sabe o que recuerda”, concluyó.
Pierron dijo que “aunque se han vivido cosas terribles no hay que perder la esperanza”, e instó a “pensar en la juventud, a ellos hay que prepararlos porque son el futuro”.
“La única forma de liberarse es preocuparse por el hermano, más todavía por el necesitado y desechado”, reflexionó.
“Decisión”
Marchesini destacó “la decisión del presidente de la Cámara, Carlos Rovira, al crear este Centro de Documentación de Derechos Humanos en el marco del Poder Legislativo, único en la República Argentina”.
Invitó a “repensar este momento de memoria, verdad y justicia también como una oportunidad de reparación histórica: hablo de nuestros hermanos de los pueblos originarios, quienes siguen necesitando recuperar cada día, en cada ámbito, sus derechos”.
En el acto se proyectó un video documental sobre el golpe de Estado de 1976, que incluyó reflexiones del dirigente de la Juventud del Partido de la Concordia Social, Maximiliano “Toto” Alvarez, quien contrastó la pérdida de libertades individuales de los jóvenes durante el proceso militar con el terreno recuperado durante la democracia, principalmente mediante la plena actividad en el campo de la política en los últimos años.
Verdad y Justicia
El Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia fue instituido por la Ley Nacional 25.633 con el objetivo de rememorar a quienes resultaron víctimas del sangriento proceso iniciado el 24 de marzo de 1976.
Tiene el propósito de evitar el desconocimiento de las violaciones a los derechos humanos que en ese proceso se cometieron provocando miles de desapariciones.
Archivo Nacional de la Memoria
Tiene a su cargo la preservación y estudio de la documentación referente a las violaciones de los Derechos Humanos en Argentina, mediante la custodia y análisis de los testimonios que integran el archivo de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas.
Se encarga, además, de la obtención, análisis, clasificación, duplicación, digitalización y archivo de informaciones, testimonios y documentos sobre el quebrantamiento de los derechos humanos y las libertades fundamentales en que esté comprometida la responsabilidad del Estado argentino y sobre la respuesta social e institucional ante esas violaciones.
