Analizan posibles reformas a los códigos de procedimientos Civil y Penal

Los Poderes Legislativo y Judicial iniciaron acciones en materia de capacitación, estudio, investigación y fortalecimiento institucional. Procuran procesos más rápidos y modernos, para que la Justicia se pronuncie en tiempo y forma, y acompañe el desarrollo político y económico que se está dando en la provincia. Buscarán elaborar un anteproyecto con los aportes de todos los sectores involucrados.


Esta iniciativa se desarrolla en el marco del acta complementaria Nº 1, del Convenio de Cooperación y Asistencia entre el Poder Legislativo y el Superior Tribunal de Justicia de Misiones, firmada por el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Eduardo Rovira, y el ministro del Superior Tribunal de Justicia, Sergio César Santiago, en su carácter de director ejecutivo del Centro de Capacitación Judicial.

 

En un acto, realizado esta tarde en la Cámara de Representantes, se dio inicio a las actividades con la presencia del vicepresidente de la Legislatura, Alberto Alvarez;  la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Ramona Velázquez; el ministro César Santiago; la titular de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales, Rosanna Pia Venchiarutti Sartori; el presidente del Bloque Renovador, Eduardo Morales Lezica; la secretaria legislativa Cecilia Britto y diputados, jueces y funcionarios del Poder Judicial de todo el territorio provincial.

 

Alvarez señaló que este convenio marca “un hito histórico para nuestra provincia y el resto del país, de que dos poderes totalmente independientes como el Poder Legislativo y el Poder Judicial convengan en llevar adelante esta tarea de reforma y sacar lo mejor de nuestros funcionarios”.

 

Dijo que “es de vital importancia lo que lleva adelante este proyecto de la Renovación en cuanto al servicio de justicia y a mejorar la calidad de la justicia de los misioneros, con la reforma al Código Procesal Penal y al Código Procesal Civil”, y destacó que con la gestión de Rovira se crearon “más de setenta cargos dentro del Poder Judicial, las recientes creaciones de las cámaras de apelaciones en lo penal, las salas de familia y fiscal tributaria, como también dar la posibilidad a todos aquellos profesionales que quieran ejercer e impartir la justicia con la creación del Consejo de la Magistratura, un órgano vital que en su momento fue impulsado también por el ing. Rovira para trasparentar y reafirmar una justicia netamente independiente”.

 

“Yo creo que toda esta labor va a ser muy exitosa, como lo viene haciendo siempre este gobierno, como lo viene haciendo esta Legislatura dando las herramientas necesarias al Poder Judicial para tener una justicia más dinámica, más ágil, más entendible como lo hizo a través del Digesto Jurídico, que es para el servicio del pueblo”, sostuvo.

 

“Fortalecimiento institucional”

 

Santiago explicó se trata de “un convenio marco que ya habíamos firmado con la Cámara, que tiene que ver con el fortalecimiento institucional de ambos poderes, y en este caso concreto nos propusimos trabajar en conjunto los protagonistas del quehacer judicial con el legislativo para plantearnos la posibilidad de reformas de importancia en los códigos de procedimiento, tanto Civil como Penal, que obviamente ya tienen unos cuantos años y hemos tenido procesos legislativos muy ricos que no se han volcado a esos cuerpos sistemáticamente”.

 

“Encontramos que era un principio muy importante para trabajar, además creo que inédito, porque los dos poderes se ponen a trabajar en conjunto en una previa que obviamente después va a ser puesta a consideración de los legisladores, quienes en definitiva van a estudiar y en el ámbito que corresponde, que es la Cámara de Representantes”, agregó.

 

Remarcó que “esta es la tarea que se inicia ahora, es un período en el que estamos recibiendo colaboraciones en general de los integrantes del Poder Judicial, y lo que venimos hoy a inaugurar, de alguna manera, es formalmente el proceso de estudio y revisión, para ahí detectar cuáles son las necesidades, independientemente que uno en el día a día advierte, y podríamos resumir, en el caso de la justicia penal, en que necesitamos que el proceso esté a la altura de los acontecimientos, de que esté junto a un servicio de justicia que llegue a la gente, y no hay mejor manera que llegar a la gente que con procesos rápidos, con sentencias que puedan poner certidumbre a las expectativas que la sociedad tiene y demanda, y sobre todo en el aspecto penal en cuanto a la seguridad jurídica”.

 

También se refirió al proceso civil, asegurando que quieren apuntar a “procesos modernizados con inmediación, tal vez con oralidad, y también acortar plazos, porque la justicia que no llega nunca, no es justicia, no es una frase hecha sino una verdad de Perogrullo, por lo tanto el desafío es tener una moderna justicia que en tiempo y forma

se pronuncie y acompañe el desarrollo político y económico que se está dando por parte de los otros poderes”.

 

El acuerdo

 

En el acta acuerdo rubricada, Rovira y Santiago se comprometieron a realizar, en el ámbito del Centro de Capacitación del Poder Judicial, “estudios respecto de mejoras legislativas posibles, a fin de garantizar el pleno acceso a la justicia y la facilitación de medios para la resolución de conflictos y, concretamente, agilizar la administración de justicia en el fuero civil y penal”.

 

Además, en función de la reciente creación de los Institutos de Derecho Civil y Penal  en el ámbito del Centro de Capacitación y Gestión del Poder Judicial, se integrarán comisiones conformadas por profesionales del Poder Judicial y de la Secretaría Parlamentaria dedicadas al estudio de los códigos Procesal Civil y Procesal Penal y “su posible reforma o sustitución por normas modernas, que recepten los tratados internacionales, se ajusten a las normas constitucionales en vigencia en la República Argentina, sin dejar de observar las particularidades de la provincia y su enclave geopolítico, culminando en un trabajo que con rigor científico no deje de integrar la opinión de todos los sectores que amerite, respondiendo a las exigencias actuales que impone el mejor servicio de justicia”, según consta en el acta.

 

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