Integrantes de la Comisión de Trabajo de la Legislatura provincial se reunieron esta semana en San Vicente para tratar, en forma conjunta con los gobiernos locales, la problemática suscitada por aserraderos que funcionan bajo el formato de cooperativas, violando leyes laborales y tributarias.
Participaron del encuentro el presidente de la comisión, Lino Fornerón, los legisladores Juan Carlos Agulla, Horacio Mielniczuk, Ramón Balguenet y Marcelo Rodríguez; el intendente de San Vicente, Waldomiro Dos Santos; los secretarios generales de los sindicatos de la madera de la Zona Capital, Garuhapé, Jardín América, Montecarlo, Eldorado y Puerto Esperanza; y un equipo técnico del Ministerio de Ecología, representado por Juan Manuel Díaz.
La reunión había sido acordada en un encuentro previo de los legisladores, quienes plantearon la necesidad de trabajar en forma conjunta con los representantes de los municipios afectados, para establecer las líneas de acción a seguir.
Tras el encuentro, Agulla explicó que “son aproximadamente 150 aserraderos que trabajan con bosque implantado y con madera de bosques nativos, la mayoría de ellos en el formato de ‘trabajadores cooperativizados’, en claro fraude a las leyes laborales y en violación al mismo espíritu del cooperativismo, porque el artículo 40 de la Ley de Cooperativas prohíbe expresamente la constitución de este tipo de organizaciones para prestar servicios a terceros, situación que está ocurriendo en esta zona y provoca un grave daño social”.
Informó que “la idea es sumar a los gobiernos locales de esta zona, a la voluntad política del gobierno, de erradicar este formato y generar un circuito regular de aprovechamiento de la madera y la participación de los trabajadores en cumplimiento de las leyes laborales y los convenios colectivos de trabajo”.
Dijo que “el Ministerio de Ecología va a acercar al municipio de San Vicente la posibilidad de la firma de un convenio para hacer un registro de los aserraderos que trabajan en esa localidad y comenzar a tener un control más riguroso, porque además del daño ambiental se está causando un grave daño social, dado que nuestros trabajadores cobran un tercio de lo que dicen los convenios colectivos de trabajo; no tienen posibilidades de jubilarse y tampoco poseen sistema social”.
“La idea es aunar esfuerzos, porque el Gobierno provincial tiene la firme decisión de avanzar debido a que se trata de un sector social importante, ya que estamos hablando de más de mil trabajadores sólo en esta región de la provincia, respecto de los cuales el sistema económico es extremadamente injusto, en una actividad económica con rentabilidad”, agregó el diputado.
Antecedente nacional
Agulla comentó que existen antecedentes en el ámbito nacional, no solamente administrativos sino también jurisprudenciales, en referencia a una presentación ante la Justicia efectuada por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), organismo del Ministerio de Desarrollo Social que ejerce las funciones en materia de promoción, desarrollo y control de la acción cooperativa y mutual.
El legislador explicó que la Justicia ratificó la decisión del INAES, de quitar la personería jurídica a una cooperativa, “porque se acreditó fehacientemente que los trabajadores, supuestamente cooperativizados, desconocían absolutamente a quienes conducen la asociación, y se trataba de un esquema de tercerización de servicios, que está expresamente prohibido por la ley”.
“Nosotros debemos llegar a una decisión similar que nos permita poner en orden esta situación definitivamente, porque además del daño social, se puede causar una extensión de esta modalidad a otros sectores de la economía”, aseguró.
