Escribe Juan Carlos Argüello, jefe de Redacción de Misiones On Line
La sociedad asistió con estupor en estos últimos días una sucesión de conflictos que fueron mucho más allá del habitual reclamo salarial. Protestas desmedidas y violencia exhibida a la luz del día, bajo el amparo de un sindicato o un reclamo salarial. En realidad, se está cruzando una delgada línea entre el reclamo y la extorsión, donde lo que está en juego no es el sueldo de uno u otro sector, sino el respeto a las mínimas normas de convivencia y a un Estado que debe velar por los intereses de todos los ciudadanos, sin poner nunca a un grupo por encima del bien común.
Por el contrario, gremialistas más interesados en el conflicto que en la solución, ponen por encima sus pretensiones y mantienen como tolerante rehén a la sociedad.
Llamativa y coincidentemente, los últimos reclamos pasaron rápidamente de la discusión al choque. Ocurrió en la ciudad de Posadas, inundada por una semana de montañas de basura arrojadas y quemadas por los responsables de recogerlas, un servicio esencial que hace a la salud pública. Se puede cuestionar la oferta inicial del Municipio a los agentes, pero es injustificable la reacción desmedida, apenas unas pocas horas después de la propuesta salarial. La protesta fue encabezada por “muchachos” con palos, prestos a agredir a quien osare recriminarles su actitud. También cobraron “peajes” y atacaron a golpes y molotov a otros trabajadores que fueron contratados para cubrir su ausencia. Las bases no responden, se justificó el Soemp. Pobre argumento sindical que bien puede traducirse en carencia de representatividad.
La virulencia de los reclamos, exhibida por policías, municipales y otros agentes estatales o que viven del Estado como la CCC, pone a la sociedad en un estado de nerviosismo no acorde con los tiempos democráticos que se viven. No es normal que no se pueda caminar por una calle o que no haya un servicio policial que garantice la seguridad de todos.
El límite se cruzó claramente en Puerto Rico, donde un reducido grupo de activistas de la Asociación de Trabajadores del Estado, que no era siquiera de la ciudad, irrumpió en la Municipalidad y golpeó al intendente y sus colaboradores. Reclamaban el pase a planta permanente de una de sus delegadas. Una.
La desproporcionada acción tuvo una inesperada reacción: miles de vecinos fueron a defender su municipalidad y al intendente Federico Neis. Con palos y golpes de puños expulsaron a los activistas del edificio y custodiaron el reingreso del alcalde. Delicado precedente del hastío social al abuso de los reclamos y la intransigencia en las posturas, esgrimidas generalmente por empleados públicos que gozan de una estabilidad que el trabajador privado o los empresarios que pagan impuestos para engrosar las arcas, lejos están de tener garantizada.
Representantes también de ATE tomaron la sede del Centro de Documentación Rápida del Registro Provincial de las Personas horas después de que el Gobierno acordara un jugoso incremento salarial a partir de la creación de un fondo con la mitad de las tasas que se recaudan en la provincia. En promedio, cada trabajador recibirá un incremento de bolsillo superior a los 500 pesos, sin contar el aumento que posteriormente anuncie el Ejecutivo para todos los empleados públicos. No obstante, un pequeño grupo rechazó el acuerdo alcanzado por los delegados de UPCN y hasta exigió la renuncia de la titular del Registro de las Personas. Injustificable y extorsiva actitud.
En la misma línea, hay que seguir con atención la situación policial. Alcanzado el acuerdo con una histórica suba salarial, hay en la fuerza un estado de efervescencia por la actitud de los huelguistas, que armaron listas negras de quienes no se plegaron al reclamo e incluso se negaron a obedecer órdenes directas de sus superiores, escudándose en una especie de inmunidad supuestamente garantizada en el documento firmado para levantar la protesta.
Otro tanto sucede en el sector docente. El gremio con mayor representatividad es el mejor dispuesto al diálogo y a plantear propuestas en una mesa. Otros sindicatos menores, en cambio, hacen gala de una inflexibilidad que no se condice con su cantidad de afiliados.
Peor aun, sectores que ni siquiera tienen representatividad gremial y legal, mantienen en vilo a toda la provincia con piquetes diarios. Para ellos es mejor negocio rechazar que acordar porque la única manera de hacerse notar es desde el conflicto.
El autodenominado Movimiento Pedagógico de Liberación, que conduce el piquetero Rubén Ortiz, es un claro ejemplo de ello. Pretensioso nombre que remite a movimientos revolucionarios o a los curas de la Teología de la Liberación, que se plantaron como espejo del credo importado de Europa, que poco tenía que ver con la realidad de América Latina. El MPL, en cambio, carece de sustento ideológico más que oponerse al Gobierno y bloquear rutas pidiendo más subas salariales.
Sus dirigentes, muy bien pagos por el Estado al que cuestionan, no planean la revolución ni un cambio pedagógico profundo. Lejos están de plantearse una pedagogía de la liberación como la que pensaba Paulo Freire, pensador brasileño que impulsó una corriente educativa alejada de los cánones unidireccionales docentes-alumnos y que pretendía una continua reflexión acerca de la propia realidad en el proceso de aprendizaje.
Lejos de las rutas, en cambio, los gremios con verdadera representatividad alcanzaron un acuerdo histórico, que ubica a Misiones como la provincia que otorgó la mayor suba al básico en el país. Desde marzo, los docentes pasarán a un básico de 1.550 pesos, que se elevará a 1.650 en julio. En tanto, el sueldo de bolsillo inicial será de 2.800 pesos, al igual que lo fijado por la Nación, aunque el ministro de Educación, Luis Jacobo, se comprometió a plantear al Consejo Federal de Educación la reapertura de las paritarias nacionales para mejorar ese monto.
Según la información que se desprende del acuerdo sellado entre gremios y el Gobierno -solo lo rechazó la Udnam-, Misiones superó el 50 por ciento establecido para básicos provinciales, ya que según el piso nacional debería ser de 1400 pesos y se alcanzaron los 1.650 pesos. El incremento alcanzado es del 26,5 por ciento, lo que si se suma a los aumentos del año pasado, redondea una suba en el básico cercana al 70 por ciento. En paralelo, se acordó impulsar en la Legislatura el debate, largamente postergado, de una nueva grilla por antigüedad, con la que se pretende eliminar las asimetrías entre los más antiguos y los que recién ingresan, que tienen, en proporción, un salario mucho más elevado. Así, se debería pensar que durante el resto del año no habrá nuevos conflictos ni excusas para no dar clases.
No es menos cierto que las autoridades educativas lograron mover el eje de la discusión con los docentes y dejaron entrampados a muchos gremialistas únicamente preocupados por la cuestión salarial. Al poner en discusión al alumno como eje del sistema educativo, muchos docentes y padres percibieron que la actitud cerril del paro como sistemático método de presión no era el adecuado para la educación ni para los chicos. Eso obligó a muchos a replantearse actitudes.
El gobernador Maurice Closs, quien ayer cumplió 90 días de su segundo mandato, lo dejó claro en un discurso brindado el viernes en la inauguración de un nuevo edificio escolar en Candelaria. “Con responsabilidad y pasión administramos los recursos poniendo a la educación al tope de la agenda”, indicó. El mandatario reveló que todavía queda por licitar la construcción de 35 escuelas y por inaugurar otras 45. “Más o menos a lo largo del año nosotros inauguramos 50 escuelas, a un valor promedio de cuatro millones de pesos cada una, lo que equivale a 200 millones de pesos por año que asignamos del presupuesto de Rentas Generales, a la construcción de escuelas. Eso genera unos 100 millones de pesos de salario, porque en obras como éstas casi el 50 por ciento va al salario de los obreros, en término de 15 mil familias viven de la obra pública”, indicó.
En el Gobierno advierten que la tensa situación generada por los reclamos, aunque legítimos de origen, tiene como trasfondo posturas políticas, ya que “nadie puede desconocer el esfuerzo” que se hace en materia salarial.
En efecto, no se puede negar el legítimo derecho de los trabajadores de reclamar por mejores condiciones de vida y de empleo, pero esto no implica poner en riesgo todo lo demás. Más aún en tiempos en que las reivindicaciones salariales parten del mismo Estado.
La Nación reabrió paritarias en todos los sectores y en Misiones se vienen otorgando aumentos a todos los sectores del Estado que superan la pauta inflacionaria y los beneficios obtenidos por los trabajadores del sector privado.
No parece haber tanta preocupación de los sectores gremiales -públicos o privados- en proteger otros derechos de los trabajadores que son vulnerados. Misiones todavía cuenta con alto empleo no registrado. Si el Estado se ocupara solo de atender reclamos del sector público, flaco favor le haría al resto de la sociedad, que es, en definitiva, el que mantiene la producción y genera las riquezas necesarias para el crecimiento y desarrollo de toda la provincia.
El aumento al básico docente es el más alto del país en lo que va del año
