La Inspección General de Justicia afirmó que estas identidades figuran aún como miembros activos de sociedades comerciales y entidades civiles, por lo que evalúa aplicar sanciones y denuncias penales.
Unas 22.000 personas fallecidas figuran aún como miembros de sociedades comerciales y entidades civiles, informó ayer la Inspección General de Justicia (IGJ), organismo dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación que estudia aplicar sanciones y denuncias.
La información surge del cruce de datos realizado entre
la IGJ y el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS), que da cuenta de que «al menos 22.000 personas fallecidas forman parte de directorios y consejos de administración, en carácter miembros activos«.
A raíz de esto, la IGJ anticipó que en el corto plazo «determinará el tipo de sanción que aplicará en cada caso, que podrá ir desde una multa al pedido de nulidad de inscripción y hasta la radicación de una denuncia penal» contra las empresas o entidades civiles en las que figuran las personas fallecidas.
En el marco del reempadronamiento que llevó adelante la IGJ en 2011, el organismo ya multó a entidades que declararon tener entre las autoridades con mandato vigente a personas fallecidas.
La sanción de mayor gravedad fue impuesta a una asociación que declaró que la persona a cargo de la tesorería se encontraba en funciones, cuando en realidad había fallecido en octubre de 2010.
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