Escribe Juan Carlos Argüello, jefe de Redacción de Misiones On Line
Superado el conflicto policial, son varios los puntos de análisis que se deben seguir para intentar entender y explicar la situación. La crisis estalló por la ineficacia de la cúpula policial en brindar una efectiva contención a sus subordinados y la increíble ineptitud para advertir que la revuelta era más que una simple protesta. Una vez estallada la huelga policial, que duró una semana, fue difícil la negociación por el estado asambleario y la falta de una conducción visible en las tomas, donde el rango no importaba demasiado.
La ineficacia e ineptitud previas de la conducción policial expusieron al Gobierno a uno de los mayores conflictos de los últimos años. Una tensión extrema que se pudo haber evitado de haber visto las señales y anticipado acciones.
Lo que se puso en juego fue la seguridad de todos los misioneros y por añadidura, también de las instituciones, una vez que iba creciendo la protesta con la toma de la Unidad Regional I en principio y de la misma Jefatura, después. Se cometieron varios delitos, más allá de cómo se resolvió la crisis. No hay protesta ni motivo alguno que justifique que quienes tienen el uso de las armas en nombre del Estado, cometan delitos.
No es que los policías intentaban un golpe de Estado para hacerse con el poder. La gravedad institucional radica en que quienes los encargados de velar por la seguridad de todos, estaban tomando actitudes rayanas en la delincuencia y pretendían, con armas al alcance de la mano, torcer la voluntad de un Gobierno. Ese es el peligro al que se expuso a las instituciones. No, como pretendían mofarse algunos, que los policías hayan querido convertirse en gobernadores. La mayoría, quería irse a sus casas.
Lo entendieron muy bien varios partidos políticos, el Poder Judicial, los representantes de la Iglesia católica y de otros credos como la Asociación Israelita, cámaras empresarias, gremios, cooperativas y la totalidad de los intendentes, quienes vinieron a respaldar al Gobierno en la manifestación pública que se hizo en la plaza 9 de Julio en defensa de las instituciones. Quedaron nuevamente en off side algunos partidos tradicionales, cuyos dirigentes prefirieron aprovechar el momento para echar más leña al fuego “acompañando” la protesta o incluso financiándola.
Primó la responsabilidad del Estado en sostener las negociaciones para garantizar el servicio de seguridad, que por unos días contó con la valiosa colaboración de Gendarmería y Prefectura, y arribar a buen puerto con un delicado equilibrio entre las pretensiones de la fuerza y las finanzas públicas.
Fue extenuante la negociación, pero finalmente, la Policía de Misiones será una de las mejores pagas ya no del norte, sino de buena parte del país, con un sueldo inicial de 4.200 pesos que puede llegar a 4.800 antes de fin de año. De bolsillo, los efectivos misioneros fueron equiparados a las fuerzas federales. Superado el conflicto, hay un nuevo jefe policial, Héctor Jorge Munaretto, quien reemplaza a Benjamín Roa y el Gobernador evaluará posteriormente si hubo otras (ir) responsabilidades que merezcan una sanción mayor.
Lo cierto es que la tensión con la Policía no paralizó la acción del Estado y Misiones fue nuevamente una de las pocas provincias donde se inició con normalidad el ciclo lectivo, con el objetivo de alcanzar los 190 días de clases. Apenas un pequeño grupo, más acostumbrado a estar en los piquetes que en las aulas, realizó dos días de paro, que no se condicen con el estado de diálogo sostenido por las entidades gremiales representativas y los funcionarios del área de Educación.
En la provincia no solo se iniciaron las clases con normalidad, sino, como es tradicional, con inauguración de escuelas: siete durante toda la semana y cerca de 40 en carpeta para las próximas semanas. En Garupá, donde arrancó formalmente el año escolar, el gobernador Maurice Closs tuvo un fuerte respaldo político, con la Renovación en pleno en el acto y el presidente de la Legislatura, Carlos Rovira, dando una clara señal de unidad en el oficialismo, en momentos en que se desarrollaba la huelga policial.
La discusión salarial con el sector docente a través del diálogo y la búsqueda de consensos es otro de los temas a los cuales el Gobierno le otorga particular atención, sobre todo porque son los maestros quienes con su aporte ayudan a que se cumplan sin sobresaltos los 180 días de clases contemplados en el calendario escolar.
El paro nacional dispuesto para el martes por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, al que adherirán la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones, y otras organizaciones sindicales del sector, obligó a un cuarto intermedio en la paritaria provincial, que se reanudará el miércoles.
De todos modos, desde el ámbito oficial se anticipó que la medida de fuerza no incidirá en la situación que se debate en el orden provincial en el marco de razonabilidad y cordura que debe caracterizar a los reclamos salariales en el sector público. Hasta ahora, la negociación entre los representantes del Gobierno y los gremios, se mantiene encaminada y hasta incluyó a Estela Genesini, secretaria general de Unión Docentes Nueva Argentina de Misiones, tradicional aliada de los piquetes. También hubo contactos con Rubén Ortiz, pero, como siempre, prefiere cortar una ruta que sostener un diálogo.
En los primeros contactos el Gobierno ofreció un incremento del 19 por ciento con un básico de 1.500 pesos -hoy 1.125-, lo que llevaría a unos 2.800 pesos de sueldo inicial, que hoy está en 2.340. Los gremios plantean un básico de 1.600 pesos y un salario inicial de tres mil pesos, además de una nueva grilla de antigüedad para corregir las asimetrías salariales entre quienes recién ingresan y los que tienen más años en la profesión.
El objetivo de las autoridades educativas es alcanzar un acuerdo con todos los sectores para evitar reclamos paralelos. La oferta de un sueldo inicial se podría elevar, pero no así el básico, al menos no en esta parte del año, por lo que podría ofrecerse una revisión en julio.
Las políticas educativas del Gobierno abarcan un amplio y complejo espectro de temas relacionados y que van desde mejorar permanentemente las condiciones salariales y laborales de los docentes hasta mantener y ampliar la infraestructura física de los establecimientos escolares. Eso deberían entender los gremialistas docentes: el salario es apenas una porción de la educación y son los educandos, su único fin.
En ese contexto, se ubica la imposición constitucional de garantizar, desde el Estado, el acceso a la educación gratuita y obligatoria, potenciando el concepto de inclusión social que constituye una de las banderas del modelo de gestión gubernativa vigente desde el 2003.
En cambio, algunos sectores gremiales sostienen lo que la presidenta Cristina Fernández bautizó como el síndrome de la Carpa Blanca, con la huelga como recurso primario para conseguir reivindicaciones. Por eso, la Jefa de Estado, en el discurso anual ante el Congreso, recordó que “somos el gobierno que destinó 6,47% del PBI a la educación argentina” y señaló que desde 2003 el salario testigo mostró una evolución del 651 por ciento. “ Contra cualquier medición de inflación que se pueda tomar, ha mejorado sustantivamente en valores constantes”, agregó el ministro de Educación, Alberto Sileoni.
En su alocución, la Presidenta puso énfasis en cuestionar algo que en Misiones comenzó a corregirse, que son las licencias docentes. “Hay 998.000 docentes físicos pero 1,5 millón de cargos. El promedio de ausentismo es de 24,18 por ciento, (lo que equivale a que) un cuarto de la masa salarial que se paga en la República Argentina se paga dos veces”, señaló y agregó como ejemplo que “en mi provincia el salario inicial es de 4.599 pesos y el índice de ausentismo supera el 47 por ciento. Esta es la Argentina y la forma de funcionar que tenemos todos, parece que hay que tocar el fondo del agua para empezar a hacer”.
No fue el único contrapunto que planteó Cristina. Varios de sus dardos estuvieron dirigidos al intendente porteño Mauricio Macri, quien nuevamente reniega de hacerse cargo de la gestión de los subtes y pretende que sea la Nación -o sea, el resto de los argentinos-, la que financie inversiones y gastos operativos. Macri, amparado por la bendición de los medios porteños, juega al desentendido cuando se trata de gestionar y hasta cometió un furcio histórico en su propio mensaje a la Legislatura, cuando le pidió a la Presidenta “que se haga cargo de la ciudad”, para después corregirse, de la seguridad de la ciudad.
La Presidenta, en cambio, reveló que con recursos federales, en los subterráneos se lleva invertido mas “que en toda la línea eléctrica NEA – NOA, empobrecido desde hace tiempo y que no conocen un subte ni por fotos”. En total 5.743 millones, mientras que en la red eléctrica, 4.100 millones. “O sea, gastamos más aquí que en todo el NEA y NOA”, comparó.
La mandataria también advirtió que tomará las medidas necesarias para garantizar el abastecimiento de combustible en todo el país, propuso aumentar a tres los vuelos a Malvinas, desde la Argentina y anunció un cambio estructural en lo que hace a las finanzas, con un proyecto para modificar la Ley de la Carta Orgánica del Banco Central, para fortalecer el rol como regulador de las actividades financieras y profundizar su orientación a la economía real. Se pone fin así a la ley de Convertibilidad, con la que Domingo Cavallo ató la economía al dólar y provocó una profunda crisis en la producción nacional, cuyos efectos persisten.
