Son seis los proyectos que comenzarán a ser evaluados una vez que se retomen las actividades parlamentarias. Hay coincidencias y varios ejes que generan fuertes polémicas. Las leyes comparadas
Educación. El objetivo es universalizar la educación desde los primeros meses.
Una de las principales discusiones en el año parlamentario será la nueva ley de Educación provincial, definida como objetivo por el Gobierno, los diputados y las autoridades educativas. La prioridad es poner el foco en el alumno y tener una ley que sirva para el futuro, con nuevas modalidades educativas y de aprendizaje.
Son seis los proyectos que están para ser evaluados: uno presentado por la diputada Mónica Alustiza, otro por el ex legislador Mariano Díaz, uno de la ex diputada Sandra Montiel, otro de Sucel Nardelli, uno de Claudio Wipplinger y finalmente, uno de autoría del presidente de la Cámara, Carlos Rovira.
Sin dudas, la iniciativa más controversial es la de Rovira, porque apunta a objetivos más elevados, como la extensión de días de clases, la evaluación docente y categorización de escuelas y la multiplicidad de idiomas. La ley abreva en varias corrientes de pensamiento con conceptos extraídos de normas de otros países de diverso extracto ideológico. Lo más polémico es la evaluación docente cada dos años y la categorización de escuelas en función de esos resultados.
Todos los proyectos conciben a la educación como un bien público y un derecho social y personal, señala un informe realizado por la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones. En términos generales poseen los mismos objetivos, con la salvedad que el proyecto de Montiel reconoce como autoridad de aplicación de la Ley de Educación al Consejo General de Educación. En tanto, Wipplinger se remite a la ley de Educación nacional.
Rovira apunta a que en no menos de diez años, se alcancen los 200 días de clases, en lugar de los 190 días actuales. El concepto general en el que basa su proyecto el titular de la Legislatura es la Educación Progresiva, pretendiendo la modernización de las instituciones educativas en el sentido de orientarlas a considerar al niño como centro y fin de la educación.
En cuanto a la estructura del sistema educativo, los proyectos coinciden en cuatro niveles –inicial, primaria, secundaria y superior-, pero varían en las modalidades como la educación de alternancia, que propone Montiel o a distancia, como indica Alustiza. También hay variantes en las edades.
En el nivel inicial, los proyectos definen lo mismo y consagran la obligatoriedad del primer año, es decir sala de cinco años. Todo el Nivel queda bajo la supervisión del CGE, sean escuelas públicas o privadas. El proyecto de Rovira incluye jardines maternales de 45 días a dos años y jardines de infante de tres a cinco. Además, establece que el Estado debe garantizar la universalización de los servicios educativos para los niños de cuatro años de edad.
En la educación primaria, los proyectos definen similares objetivos. Nardelli incorpora un proceso participativo con docentes, comunidad, gremios, etc., para evaluar equipos docentes y organiza el nivel primario en tres ciclos de 1º a 3º, de 4º a 5º y de 6º a 7º. Rovira define como unidad pedagógica y segunda etapa de la organización educativa a partir de los 6 años y una duración de siete años. El proyecto del titular de la Cámara, también restringe la primaria hasta los 15 años de edad, luego deben pasar a las primarias de adultos.
En tanto, para la secundaria, Nardelli establece un ciclo común de dos años y un ciclo orientado de tres años, al revés de Montiel, quien establece un ciclo común de tres años y un ciclo orientado de dos años. Alustiza establece dos ciclos, uno común y otro orientado, la duración de cada uno lo remite a que la reglamentación lo fije.
Rovira plantea un ciclo Básico, común a todas las orientaciones y uno orientado, diversificado según las distintas áreas, además de una vinculación de la escuela con el ámbito laboral. Rovira también prevé la educación intercultural plurilingüe. La conceptualiza como la destinada a atender la diversidad cultural local y regional ampliando las capacidades comunicativas a los niños cuya lengua familiar es diferente a la española. Asimismo, impulsa que los docentes de los distintos niveles del Sistema Educativo identifiquen a los alumnos con bajo rendimiento académico y los impulsen con clases de apoyo o actividades interdisciplinarias extraclases para alcanzar de manera exitosa el aprendizaje de los contenidos curriculares.
Las polémicas
Una de las principales polémicas es la queja planteada por los gremios docentes a la posibilidad de una evaluación, propuesta por el diputado Rovira. Sin embargo, no es el único que se refiere a la capacitación. Nardelli establece en su proyecto que el Estado Provincial garantiza la formación permanente de los trabajadores en forma gratuita y en servicio. Montiel, establece un sistema de formación docente estableciendo que el Estado Provincial garantizará la formación y capacitación. Alustiza establece que el Ministerio garantiza la formación docente continua y gratuita.
Rovira va un paso más allá y propone la creación de un centro de evaluación, investigación y capacitación: todos los docentes deben someterse a una evaluación obligatoria cada dos años. Después se calificará el desempeño en sobresaliente, competente, regular, insatisfactorio. Los docentes con resultados insatisfactorios, deberán someterse a una nueva evaluación dentro de 90 días y el resultado de la evaluación se publicará en distintos medios de comunicación.
A partir de la evaluación, se categorizará a las escuelas en función de las calificaciones obtenidas por sus docentes en las evaluaciones obligatorias que serán bianuales.
Antes, Nardelli y Montiel también indicaban que la carrera docente admitirá dos opciones como el desempeño en el aula y en la función directiva.
Para la capacitación, Rovira propone la creación de la Facultad de Ciencias de la Educación como unidad académica interdisciplinaria que formará profesionales para ejercer la docencia en todos los niveles del Sistema Educativo, cuya organización y funcionamiento se deben ajustar a las normas constitucionales y legales vigentes.
