Aseguran que una productora fue golpeada por policías que acompañaron a un agrimensor para mensurar tierras que serían de su propiedad. La Policía niega el hecho, pero admite que hubo un enfrentamiento. La mujer terminó internada en el Samic de Eldorado, golpeada, sin poder caminar y con problemas cervicales.
Ines Lorenzetti, productora que presumiblemente fue agredida por policías
El Foro de Organizaciones de la Agricultura Familiar se declaró en alerta y movilización por presunta agresión a Inés Lorenzetti, integrante de la Unión de Trabajadores Rurales (UTR). Según la denuncia, la campesina fue torturada en su chacra por cinco efectivos policiales que acompañaban a un agrimensor, y posteriormente detenida en la comisaría de Bernardo de Irigoyen, donde fue demorada hasta la intervención del ministerio de Derechos Humanos que pidió que sea internada en una habitación del hospital Samic de Eldorado.
La versión policial admite un “enfrentamiento”, ya que cumplía una orden judicial de acompañar a agrimensores a realizar un “amojonamiento” en la tierra ocupada por Lorenzetti. Según la Policía, era la tercera vez que se intentaba cumplir con el mandato de la Justicia, que se inició primero con el juez Roberto Horacio Saldaña y después por la jueza Teresa Ramos. En las anteriores oportunidades, los policías aseguran que fueron repelidos por Lorenzetti y una decena de otras personas que impidieron el ingreso a la chacra, de la que posee el título de propiedad.
Fuentes policiales indicaron que no hubo “tortura” como denunciaron los productores, sino golpes producto del forcejeo, ya que la mujer habría estado armada con un machete.
Sin embargo, el Foro de Organizaciones de la Agricultura Familiar, denuncia que la amenazaron verbalmente, la ataron de manos y la golpearon arrojándola al piso, pisándola y arrastrándola por la tierra. Además, indicaron que para alejar a sus hijos que se encontraban presentes en estado de pánico, los policías tiraron tiros al aire, y posteriormente la subieron al vehículo de un particular, y sólo después la trasladaron en un móvil oficial a la comisaría. Y ante el pedido de la compañera de que la lleven al médico, se negaron.
El foro de productores también niega que Lorenzetti haya estado acompañada por otras personas y sostiene en su denuncia que “se encontraba sola con sus hijos en su casa trabajando en la huerta, ya que su marido y vecinos se encontraban vendiendo verdura en el pueblo”.
Los incidentes comenzaron semanas atrás, cuando un vecino, intentó mensurar la propiedad para vender de una parte de la chacra de Inés, la cual se encuentra en estado irregular, pero de la cual la familia es poseedora ya que ocupa desde hace mas de 25 años.
El conflicto comenzó cuando el día martes 29 de noviembre, un agrimensor acompañado por la policía ingresa con la intención de mensurar las chacras de los cuatro productores. El agrimensor fue contratado por Joao Fagundez de Oliveira, ya que estas tierras formarían parte de un negocio inmobiliario. El operativo fue llevado adelante por un oficio propiciado por el Juez Saldaña, en una causa titulada “turbación de la ocupación”. Sin embargo los productores poseedores de la tierra nunca fueron informados por el juzgado de tal situación. Ante la reacción que se generó en la comunidad, el agrimensor se retiró junto con la policía.
Los feriantes, son integrantes de la Unión de Trabajadores Rurales (UTR), que trabajan las tierras afectadas desde hace más de 20 años y que están financiados por el Programa Proalimentos del Gobierno de la Provincia de Misiones y por el Ministerio de Agricultura de la Nación, además de recibir asistencia técnica del INTA desde hace más de 10 años.
De averiguaciones practicadas surgió que había una causa por “turbación de la ocupación” a cargo del juez Roberto Horacio Saldaña, Juez de Instrucción Nº 1 de Eldorado. Pero los colonos imputados aseguran que nunca fueron notificados de la iniciación de la causa en 2009.
Relataron que el martes 29 de noviembre concurren al Juzgado acompañados por el abogado Ramón Enríquez, no pudieron acceder al expediente, porque se informó que el mismo estaba en Fiscalía, por lo que “a ciegas” presentaron un escrito intentando frenar la orden de que mensuren sus tierras.
El día 2 de diciembre regresa a la zona otro agrimensor acompañado por la policía en la propiedad de los productores y marcando los senderos para la mensura, amenazando con cortar los alambres.
