Frente de la casa de unos de los indigentes cuyos nombres eran utilizados por la banda
La banda desplegaba sus actividades en una amplia zona de las provincias de Córdoba y Santa Fe. Utilizaban a remiseros y trabajadores de la construcción para emitir facturas apócrifas por montos millonarios. También se detectaron operaciones financieras realizadas a través de una importante mutual de Rosario. Es la segunda etapa de procedimientos por esta causa donde también se allanaron a las empresas que hacían los “encargos”.
En estos operativos también se desenmascaró el circuito en “negro” del dinero: el retorno a las empresas compradoras de las facturas apócrifas (90 % aproximadamente) y las “comisiones” de los distribuidores de las mismas (el restante 10%).
En los allanamientos, que se realizaron con la orden del Juzgado Federal de la ciudad de Bell Ville, a cargo de Oscar Valentinuzzi, se secuestraron elementos para la impresión y distribución de documentación apócrifa de índole fiscal tales como facturas, remitos, recibos, sellos, contratos de arrendamiento, boletos de compraventa, cheques y comunicaciones comerciales vía mails.
Las investigaciones de la AFIP pudieron comprobar que la banda utilizaba, en algunos casos, a remiseros y trabajadores de la construcción, a nombre de los cuales se emitían facturas apócrifas por montos millonarios. Esta maniobra se hacía por “encargo” de las empresas que también fueron allanadas por la AFIP. Estas firmas corresponden principalmente al rubro importadores, servicios metalúrgicos, construcción y distribuidores mayoristas.
Además la documentación secuestrada pone en evidencia las operaciones de lavado de activos en inmuebles rurales y con automóviles de alta gama, como así también operaciones financieras realizadas a través de una importante mutual de Rosario.
Parte de la facturación apócrifa está relacionada con servicios de publicidad en autos de carrera correspondientes a importantes categorías nacionales, como así también otros servicios e insumos “a pedido del cliente”.
Los integrantes de esta banda viven localidad de Marcos Juárez, provincia de Córdoba, y utilizaban como “pantalla” las actividades de imprenta, inmobiliaria y servicios financieros. Avanzadas las tareas, se logró chequear que detrás de estas fachadas se desarrollaban importantes operaciones de distribución de facturas apócrifas en una amplia zona del sureste de la provincia de Córdoba y suroeste de la provincia de Santa Fe.
Las investigaciones de los agentes de la AFIP, que llevan más de 3 meses, también permitieron comprobar el incremento patrimonial de las personas investigadas que adquirieron autos importados de alta gama e inmuebles urbanos y rurales.
