La Justicia federal de Paraná ordenó ayer realizar un allanamiento en un predio ubicado en la zona de Isletas, en el Departamento Diamante. En el procedimiento a cargo de la Policía de Entre Ríos y de Gendarmería se ubicaron elementos que avalarían la situación de trabajo esclavo de tres familiares provenientes de Misiones que eran ocupadas en condiciones precarias en una empresa avícola y agropecuaria.
Se informó al diario UNO que hace pocos días una de las personas llegadas desde la provincia de Misiones, al sufrir un cambio abrupto de condiciones laborales por parte del empresario titular de varios galpones de pollos, decidió trasladarse escondido hasta Paraná, donde buscó asesoramiento en la Justicia federal y tras confirmar las violaciones a las que eran sometidos denunció en la Justicia al titular del campo ubicado en el centro del Departamento Diamante.
Frente a la denuncia, el juez federal Gustavo Zonis ordenó al personal de la División Trata de Personas realizar distintas tareas investigativas y de inteligencia para tratar de apuntalar las sospechas.
El personal dependiente de la Dirección de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos, estableció que había indicios claros para afirmar las sospechas, por lo que ayer se ejecutó el allanamiento.
Allí se descubrió que las tres familias misioneras, compuestas por matrimonios y pequeños hijos de corta edad, estaban viviendo en condiciones de salubridad y de habitabilidad muy precarias.
Además, con la documentación incautada se supo que el empresario les cambió las condiciones laborales con las que habían sido contratados. En un principio se les prometió una paga mensual por familia de 3.000 pesos, sin embargo con el paso de los días comenzaron a descontarles el dinero por el uso de la vivienda, la alimentación brindada, así como el uso de combustible u otros gastos normales en un establecimiento que se hace cargo del trabajo de los cuidados de los ocho galpones repletos de pollos y gallinas, como también de la explotación agroganadera.
En esa línea, se verificó que el trabajo no tenía horarios establecidos, que no existían horas extras, por lo que frente a la presión del empresario de ampliar las jornadas se hizo normal el pesado cuidado de limpieza de los galpones utilizando productos agroquímicos desde el amanecer hasta horas altas de la noche.
En la denuncia se remarcó que el empresario amedrentó a los trabajadores con armas de fuego, bajo amenazas de no pagar lo poco que les había quedado luego del particular descuento por cumplir con las tareas. En el procedimiento se ubicaron dos armas no registradas que no fueron secuestradas.
El empresario, de 48 años, se hizo presente y no ocultó el malestar por la denuncia, pero debió bajar el enojo frente a la presencia de los policías, gendarmes y delegados de la Dirección de Asistencia a la Víctima. Hasta anoche se prosiguieron las diligencias que llevaron a iniciar las actuaciones judiciales. De ahora en adelante se definirá qué medida toma el juzgado de Paraná, que dispuso dejar una custodia preventiva hasta tanto se avance en la investigación contra el dueño de la granja agrícola.
