El proyecto presentado por el diputado Carlos Rovira plantea la necesidad de separar del calendario electoral el debate por la posible construcción de represas en el territorio provincial.
El proyecto de ley para plebiscitar cualquier emprendimiento hidroeléctrico o que afecte a Misiones, pretende resguardar derechos y garantías de la ciudadanía prohibiendo el avance de emprendimientos vinculados a cualquier tipo de proyectos hidroeléctricos antes de la realización de un plebiscito.
Un elemento central del proyecto del presidente de la Legislatura, Carlos Rovira es la declaración en la que se afirma que Misiones tiene “la plenitud del dominio, imprescriptible e inalienable, sobre los recursos naturales hídricos existentes en el territorio”, y en este sentido plantea que “todo emprendimiento hidroeléctrico que requiera o utilice los recursos naturales hídricos de la provincia debe contar con la participación del pueblo de Misiones e intervención activa del Estado provincial”.
La intervención del Estado misionero, se realizaría a través de un representante del Poder Ejecutivo y uno del Poder Legislativo, y sería de carácter “obligatorio, previo a cualquier decisión provincial, nacional, binacional, respecto de emprendimientos hidroeléctricos, incluyendo la formulación de anteproyectos”.
En tanto, la participación del pueblo misionero se daría mediante un plebiscito, también “obligatorio, vinculante e irrenunciable; previo a cualquier estudio, trabajo u emprendimiento vinculado directa o indirectamente a la represa, obra o proyecto hidroeléctrico, y en ningún caso podrá coincidir con la fecha de elecciones generales o provinciales para cargos electivos de cualquier naturaleza”.
En la iniciativa se define como recurso natural hídrico a toda vertiente, arroyo o río, sean superficiales, o subterráneos que recorran en forma total o parcial el territorio o que sea compartida con otras jurisdicciones provinciales o Estados extranjeros.
“Esta iniciativa legislativa constituye una garantía para el pueblo misionero, de que no habrán avances a espaldas de la provincia, y que debe desterrarse toda posibilidad de inminencia de cualquier proyecto de represas sin el consentimiento de los ciudadanos”, enfatiza Rovira.
Sistema repartidor
El proyecto también hace un fuerte hincapié en el derecho a la compensación por uso de los recursos naturales.
En esta línea busca establecer un sistema repartidor energético a los municipios, a la provincia y un porcentaje destinado a los Pueblos Originarios y asociaciones ambientales.
De convertirse en ley, el 30% de la energía sobre el porcentaje que corresponda a la República Argentina que generen los emprendimientos hidroeléctricos realizados en Misiones, o que causen impacto ambiental en el territorio, serían de propiedad “inalienable, imprescriptible e irrenunciable de la provincia”.
Mediante un mecanismo de coparticipación energética provincial, un 60% de esa energía se destinaría a la provincia, 35% a los municipios y 5% para los Pueblos Originarios y asociaciones ambientales.
El 35% destinado a los municipios se coparticiparía de la siguiente manera: el 50% para los directamente afectados, el 30% para los que se ubiquen en la zona divisoria y el 20% para los ubicados en la cuenca opuesta.
“Siendo la Provincia quien tiene el dominio de estos recursos es necesario destacar el inicio de una era de reparación histórica, de valoración en el concierto de Nación, de un ejercicio federal real en el aprovechamiento de los factores de desarrollo con justa y equitativa distribución”, señala Rovira.
