Las propuestas del partido Agrario y Social

En términos económicos es necesario que la economía esté al servicio de mejorar la calidad de vida de la población. Y eso sólo se logra con una política económica adecuada, centrada en mejorar la distribución del ingreso y manteniendo altas tasas de crecimiento. Para ello, es necesario avanzar en la mejora distributiva por medio de la redirección del gasto hacia los sectores populares y una recaudación sostenida, asentada en el principio de que los que más tienen sean los que más paguen. Es indispensable fortalecer las políticas públicas de planificación y promoción del desarrollo productivo, así como al financiamiento del mismo.

Promoveremos una reforma agraria que  garantice el acceso a la propiedad de la tierra, el fortalecimiento de la familia en la chacra y la vigorización de la economía agraria. Eliminaremos, a su vez, el  IFAI y crearemos un órgano estatal de financiamiento genuino para la producción provincial.

Modificaremos el actual régimen de coparticipación para alcanzar una distribución justa de los recursos destinados a los municipios, para que puedan ejercer su autonomía plena, satisfaciendo  las demandas de la comunidad, sin depender de la voluntad o discrecionalidad del gobierno provincial de turno.

Revisaremos todos los contratos y concesiones que generen perjuicio a los usuarios de la provincia (por ej. los de transporte público de pasajeros), para adecuarlos a las necesidades y capacidad de pago de los sectores más humildes de la población.

En materia energética, rechazamos toda mega represa que se pretenda construir afectando los recursos naturales de la provincia y la calidad de vida de nuestros hijos y nietos. Propiciamos el desarrollo de políticas energéticas basadas en fuentes alternativas, respetuosas del medio ambiente y de bajo impacto social.

Modelo Fiscal

Sin una reforma tributaria fuerte y seria que revierta el carácter regresivo del esquema actual, tendremos dificultades. Muchos se quejan por la presión tributaria en nuestro país y en nuestra provincia, pero a mi entender el problema más importante es sobre quién recae esa presión impositiva.

En el caso provincial, que es el que nos interesa, se recurre a los impuestos indirectos como ingresos brutos o sellos a los que todos los especialistas cuestionan por su regresividad. Por su efecto cascada, pues terminan recayendo en el usuario o consumidor final. Son impuestos de circulación patrimonial, que terminan castigando al consumo. Son impuestos inflacionarios, ya que traslada del mayorista al minorista y así hasta el consumidor.

Nosotros no vamos a meterle la mano en el bolsillo al que menos tiene, ni vamos a acosar al que tiene intenciones de generar empleo. Nuestro  gobierno redistribuirá las cargas impositivas para que paguen las mayores manifestaciones de riqueza. La constitución de Misiones lo indica claramente. Hay que gravar más intensamente a los sectores con mayor capacidad contributiva y desgravar paulatinamente los consumos esenciales de la población, e incluso desgravar parcialmente las utilidades reinvertidas en el proceso productivo,  en investigaciones científicas  técnicas hasta tanto se logre una tasa de inversión óptima. El estado debe exigirle más al que más tiene. No más impuestos a los que menos tienen.

Cuando el actual gobierno provincial, con afán recaudador,  nos dice que va a cobrarle más a los grandes contribuyentes como telefónicas, papeleras o financieras, pero en sus paquetazos impositivos insiste con impuestos como el de ingresos brutos, nos muestra la falacia del planteo ya que no son las grandes empresas las que terminan pagando el impuesto sino la población en general, el usuario o consumidor final sobre la que se descarga cada uno de esos tributos. 

Sistema Judicial

Respecto a la justicia en general, es evidente que hay una crisis que afecta su credibilidad. Y una justicia en la que no se cree, en la que no se confía, no es justicia. Hay una sensación de falta de justicia, por la vinculación al poder político o por la falta de independencia de algunos de sus miembros, por ser lenta o no llegar oportunamente, por ser excesivamente formalista, por manejarse con viejos paradigmas, con recursos escasos o mal distribuidos, con sistemas procesales obsoletos. Todo eso produce un impacto sumamente negativo para los habitantes y el ejercicio de sus derechos.

La sociedad pide más eficiencia en el sentido de rapidez y predisposición de los órganos judiciales, calidad en el sentido de consistencia y transparencia en sus decisiones, de modo tal que sienta que encuentra en la justicia respuestas satisfactorias a sus demandas o requerimientos. Que aún siéndole adversa a sus intereses, quienes litigan sientan que esa justicia obró con probidad y equidad en las decisiones que ha tomado. Que no actúa sometida a disciplinamiento político alguno. Son tan perniciosos los jueces sumisos al poder como los gobernantes que no respetan la independencia del poder judicial.
El poder diseñar un nuevo modelo judicial, partiendo de lo preexistente es sumamente complejo. Una nueva arquitectura depende de muchos factores. Uno de ellos,  es tener un mecanismo de selección de magistrados y funcionarios eficaz, que permita que los mejores sean quienes tengan en sus manos la tarea de resolver los conflictos de la comunidad. 
Pero hay muchos otros temas que resolver vinculados a las dificultades en el acceso a la justicia del ciudadano común. Como por ejemplo, las cuestiones de reformas institucionales legislativas imprescindibles como la incorporación la figura del querellante particular, de organización interna del propio Poder Judicial, de sus recursos humanos, de su infraestructura y equipamiento tecnológico.
Lo que sí creo, es que debe tenerse presente que una reforma integral al servicio de justicia para que sea factible y valedera en sus resultados, debe ser producto de fuertes consensos. Con una etapa previa de información y relevamiento de la realidad actual de ese servicio, con la participación de los ciudadanos en general, de los sectores involucrados en la actividad diariamente y con aquellos expertos que puedan aportar innovaciones en cuestiones estratégicas de diseño organizativo que permitan darle más capacidad de gestión jurisdiccional al Poder Judicial y más proximidad del servicio judicial a los reclamos de la ciudadanía.

 Seguridad

Queremos  dar respuesta contundente a la preocupación que los habitantes de toda la provincia tienen en materia de seguridad. La seguridad y la justicia son derechos de todos los ciudadanos que el Estado tiene por obligación garantizar.  
Las zonas más seguras son aquellas donde se tiene  seguridad de que a uno no le roben, pero  donde también se tenga  la  seguridad de tener educación, la seguridad de tener trabajo, de tener jubilación, salud, vivienda. Es decir, seguridad de tener futuro. En definitiva, los lugares más seguros son las que tienen mejores mecanismos de prevención y represión del delito, pero  ante todo políticas de inclusión social, para atacar las causas de los males.

Lo primero que haremos en materia de seguridad, es reestructurar la organización y la lógica de la institución policial,  desarticulando  las estructuras de corrupción que puedan existir  y poniendo fin a los  múltiples hechos aberrantes ocurridos, incluso,  dentro de  las propias comisarías. Los expertos en seguridad nos  dicen claramente que no existe en Misiones un mapa del delito, de la violencia, que nos atenemos a los hechos aislados, a la detención de los perejiles, que la institución policial actúa con una concepción de autogobierno, con la lógica del orden público y un aparato represivo para sostenerlo  y no con la de la seguridad democrática.

En nuestro gobierno un civil conducirá la institución, con personal policial altamente profesionalizado y bien remunerado, y dedicado a colaborar con una justicia penal que deseamos  investigue y juzgue en tiempo oportuno a quienes violan la ley. Hoy, desgraciadamente, los policías sobreviven  con el trabajo adicional que cumplen en las horas que deberían ser de descanso porque los sueldos son bajísimos, por ello es imprescindible priorizar esta situación en lugar de obligarlos a cuidar las casas y las espaldas de los funcionarios o sus familias en vez de las casas y las espaldas del vecino común.

Las políticas efectivas que implementaremos en prevención y  persecución del que delinque pondrán el foco en donde es necesario, es decir en las redes de criminalidad, particularmente en aquellos  que organizan  y que gerencian el delito. 

Salud

Proponemos un plan de salud destinado a terminar con las inequidades, barreras e ineficiencias del actual sistema, privilegiando la atención sanitaria integral de los grupos más vulnerables, revalorizando al recurso humano de la salud, con una gestión transparente que no permita modelos privatistas en la gestión de los principales servicios hospitalarios ni negociados o sobreprecios en obras  equipamientos que a ellos se destinan. Un modelo de salud que garantizará la efectiva accesibilidad al sistema  provincial, en las distintas regiones sanitarias.

Concretaremos la reglamentación y efectivo cumplimiento de las leyes de salud, de descentralización hospitalaria, y   de carrera sanitaria.

Reordenaremos el seguro provincial de salud según lo establece la ley, con una estructura propia dependiente del Ministerio de Salud Pública, y no bajo la forma precaria actualmente manejada por el IPS, o de las formas parciales de cobertura  a través de programas con financiamiento nacional. Cientos de miles de misioneros carecen de cobertura de salud y a los grupos de mayor vulnerabilidad debe estar dirigido  el accionar sanitario provincial en forma prioritaria

El presupuesto del sector será elaborado, presentado y discutido atendiendo a lo preceptuado por el artículo 33 de la Ley Provincial de Salud,  prácticamente  desconocido y no utilizado por autoridades y funcionarios sanitarios, y por los legisladores con competencia en el tema. En todos los aspectos sanitarios se tendrán en cuenta los criterios de magnitud, vulnerabilidad, impacto, trascendencia y costos que una correcta gestión sanitaria impone.

 

 

Pobreza y desempleo

Los buenos indicadores macroeconómicos no son automáticamente garantía de desarrollo humano. Sólo el progreso económico con justicia social puede asegurar el bienestar popular. Más allá de las invocaciones grandilocuentes de la Renovación en orden al crecimiento provincial, ciento de miles de misioneros siguen sin levantar cabeza y ese bienestar prometido se parece a un espejismo lejano. Reducir la desigualdad social, establecer una política social en base a prioridades y romper con los paradigmas que sacrifican todo a favor del beneficio económico o que lo anteponen como único criterio en la toma de decisiones, sigue siendo el gran desafío. Y esto no se resuelve sin la intervención del estado con enérgicas políticas públicas destinadas a resolver cuestiones básicas que hacen a la vida cotidiana de los misioneros más humildes: cobertura nutricional, cobertura médica, acceso a la escuela, viviendas con dotación de agua potable, cloacas y electricidad. El redireccionamiento del 30% de los recursos presupuestarios de un año destinados a las múltiples islas creadas y autogobernadas por la Renovación (Sociedades Anónimas, Fundaciones, Parques, etc.), que administran voluminosos fondos públicos por fuera del contralor de las cuentas públicas de la provincia, financiarán la etapa inicial e inmediata para la atención y resolución de estas múltiples privaciones que padecen los sectores más desfavorecidos de la sociedad misionera.

 

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