Causa Schoklender: En Misiones aseguran que los controles son estrictos y piden que no se frene la construcción de las casas

Gustavo Sentofanti, subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Gabinete, precisó que el financiamiento depende de Planificación y que la construcción de las casas del programa “Sueños Compartidos” está a cargo de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. 


Gustavo Sentofanti, subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Gabinete

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi le solicitó hoy a los gobiernos de las provincias de Misiones, Chaco y Santiago del Estero y a cinco municipios, los contratos y antecedentes que firmaron con la Fundación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas sociales.

El pedido fue realizado en la causa donde se investiga si hubo administración fraudulenta de los fondos otorgados por el Estado Nacional a provincias y municipios en el marco del Plan Federal de Viviendas con la Fundación, informaron fuentes judiciales.

Esas provincias y municipios son los que surgen en la denuncia que presentó un abogado, y que dio inicio a la causa, para que sean investigados junto a la Fundación por la construcción de viviendas.

Además, el juez requirió a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y a la Auditoría General de la Nación (AGN) todos los informes que tengan de controles y auditorías sobre los contratos realizados por Madres con las provincias y los municipios.

En Misiones, Gustavo Sentofanti, subsecretario de Relaciones Institucionales de la Jefatura de Gabinete, precisó que el financiamiento depende del ministerio de Planificación que conduce Julio De Vido y que la construcción de las casas del programa “Sueños Compartidos” está a cargo de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

Aseguró que los controles son estrictos mes a mes. Misiones firmó el convenio en 2009 con una inversión de 46 millones de pesos, por la construcción de 500 casas en el barrio San Isidro en un predio de 30 hectáreas. Actualmente hay 156 en ejecución de las cuales, 50 están terminadas. El programa emplea a 140 misioneros, precisó el funcionario provincial.

Sentofanti pidió que el caso Schoklender no frene el programa porque está destinado a personas que necesitan las viviendas.

“Nosotros no tenemos nada que esconder, acá los controles siempre fueron estrictos. Ojalá que la justicia resuelva esto pero que no se afecte el espíritu del programa”, indicó.

 

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