El gobierno inició una investigación en el ámbito de la Autoridad Federal de Aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) por un posible caso de censura previa cometido por la empresa Cablevisión contra el periodista misionero Marcelo Almada.
Según informó el titular del organismo, Gabriel Mariotto, AFSCA abrió un expediente con la denuncia del conductor del programa «Debate sobre el futuro» que se emite desde hace cuatro años por Canal 5 de Posadas para comprobar si se violó lo establecido en la ley 26.522 y el Pacto de San José de Costa Rica sobre libertad de expresión.
En una conferencia de prensa conjunta, Almada aseguró que las autoridades de la empresa, propiedad del Grupo Clarín, le exigieron firmar un contrato con una cláusula donde se pretendía obligar al periodista a abstenerse de verter en el programa toda manifestación, sea ésta verbal o de otro tipo, que afecte de cualquier manera la imagen o los derechos de Cablevisión y/o sus empresas vinculadas, controladas o controlantes, sus directivos, gerentes, personal jerárquico en general, dependientes y/o terceros.
El misionero explicó que Cablevisión le ofreció por escrito hacer el programa por quinto año consecutivo y aceptó. Que por esa vía también le fijaron el monto a pagar por el espacio en TV, que lo pagó por adelantado y que luego recibió el contrato con el polémico artículo 20. Luego de realizar cuatro intentos para recuperar su programa sin la obligación de aceptar ese apartado, Almada se negó a firmar y la firma decidió levantar la emisión.
Mariotto consideró que este caso configura a priori «un atentado a la pluralidad, a libertad de expresión y que se encuadraría en el marco de la censura previa». Por ese motivo, ordenó una exhaustiva revisión de la denuncia al departamento jurídico de la ASFCA. «Seguramente nos presentaremos en la Justicia porque esto no solamente afecta al programa y al periodista sino que entendemos que es un formato extendido al resto de las producciones de la empresa», advirtió el jefe del ex Comfer.
El funcionario también anticipó que recurrirá a los tribunales para que «caiga en letra muerta» este tipo de arbitrariedades en contratos que estén dispuestos en cualquier plataforma de cable del país. «Ese artículo 20 es intolerable, no se puede soportar en democracia. Los que no cumplen con la ley deberán tener una sanción», agregó.
Pero en la mira de la autoridad de aplicación además figura la venta de espacios y la modalidad de vinculación de las empresas cableras con las producción independientes. «No es un comercio, no es un loteo de espacios, la ley lo prohíbe», dijo Mariotto. Como punta de un ovillo, el conductor reclamó asimismo que se revise si Canal 5 se cumple con la cantidad mínima de horas de producción televisiva local en vivo que fija la ley y alertó que en Misiones hay varios canales comunitarios que tiene lugar en las grillas de cable.
Antes de partir a Buenos Aires, Almada recibió en su provincia el apoyo de todo el arco político local, algunas cámaras empresarias y los sindicatos de prensa. En la Capital Federal, se reunió con un grupo de senadores que ya expresaron el repudio en el recinto y agendó una audiencia para el martes próximo en la Cámara de Diputados ante la Comisión de Comunicación e Informática, que preside la kirchnerista Silvia Vázquez.
Gobierno y Adepa, en contra de la censura de Cablevisión en Misiones
