A 35 años del golpe cívico-militar, los juicios son política de Estado

Los procesos de memoria y justicia que se multiplican en todo el país les otorgan una vigencia inédita a los Derechos Humanos. El siguiente paso es desnudar la complicidad civil con la represión.

 

 

El 24 de marzo de 1976 la presidenta Isabel Perón fue detenida y trasladada a Neuquén. La Junta de Comandantes asumió el poder, integrada por el Teniente Gral. Jorge Rafael Videla, el Almirante Eduardo Emilio Massera y el Brigadier Gral. Orlando R. Agosti. Designó como presidente de facto a Jorge Rafael Videla. Dispuso que la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea compondrían el futuro gobierno con igual participación. Comenzó el audodenominado «Proceso de Reorganización Nacional».

José Martínez de Hoz fue designado ministro de Economía y, el 2 de abril, anunció su plan para contener la inflación, detener la especulación y estimular las inversiones extranjeras.

La gestión de Martínez de Hoz, en el contexto de la dictadura en que se desenvolvió, fue totalmente coherente con los objetivos que los militares se propusieron.

Durante este período, la deuda empresaria y las deudas externas pública y privada se duplicaron. La deuda privada pronto se estatizó, cercenando aún más la capacidad de regulación estatal.

Con ese clima económico, la Junta Militar impuso el terrorismo de Estado que, fuera de enfrentar las acciones guerrilleras, desarrolló un proyecto planificado, dirigido a destruir toda forma de participación popular. El régimen militar puso en marcha una represión implacable sobre todas las fuerzas democráticas: políticas, sociales y sindicales, con el objetivo de someter a la población mediante el terror de Estado para instaurar terror en la población y así imponer el «orden», sin ninguna voz disidente. Se inauguró el proceso autoritario más sangriento que registra la historia de nuestro país. Estudiantes, sindicalistas, intelectuales, profesionales y otros fueron secuestrados, asesinados y «desaparecieron». Mientras tanto, mucha gente se exilió.

 

Al cumplirse 35 años del último golpe de Estado, el avance de las causas contra los represores de la última dictadura militar le da a los Derechos Humanos en la Argentina una vigencia impensada en años anteriores. A la fecha, hay ocho juicios orales desarrollándose en simultáneo en todo el país y al menos siete a punto de comenzar durante 2011. Estos procesos involucran a casi 140 personas, que se podrían sumar a los ya 200 condenados por delitos de lesa humanidad que hay desde la vuelta de la democracia.

 

Los datos corresponden a la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de causas por violación a los Derechos Humanos, que informó además que existen 820 procesados en todo el país, de los cuales cerca de 400 ya tienen al menos una causa en etapa de juicio. Este notable avance judicial, impulsado por la lucha de los organismos de Derechos Humanos y las políticas iniciadas por el ex presidente Néstor Kirchner, ha permitido que en este nuevo aniversario del 24 de marzo de 1976 los máximos jerarcas y represores de la última dictadura hayan sido condenados o se encuentren en pleno proceso penal.

 

Ayer en Posadas en un acto con víctimas de la Dictadura, se descubrió una placa que marca al lugar conocido como “La Casita de Mártires”, donde se torturó y se asesinó entre 1976 y 1983, en lo que es hoy el acceso Oeste y la avenida Chacabuco de Posadas. “

Estuvieron Rubén Zaremba, director general de Derechos Humanos de Posadas, quien estuvo detenido desde el 75 al 83. También participó Amelia Báez, subsecretaria de Derechos Humanos, la madre de Félix Escobar, cuyo lugar de desaparición no se conoce, y María Acuña, sobreviviente de esa época, además de familiares de desaparecidos como el ingeniero Alfredo González y Pedro Peczak.

 

En 1995, la “Casita de Mártires” fue reconocida por el juez Federal, Claudio Ramón Chávez como un centro clandestino de detención que funcionó durante la última dictadura militar, desde 1976 hasta 1983.

 

María Acuña, quien siendo una joven estudiante en la Unne en Chaco fue secuestrada, resaltó que constantemente “Misiones mantiene la temática de la memoria y dimos un paso más señalando este centro clandestino donde tantos misioneros fueron torturados ferozmente”.

 

La mujer recordó que, en Chaco, junto a ella otros misioneros padecieron inclusive lo peor de la dictadura. “Por ejemplo recuerdo el asesinato alevoso del gato Sánchez y del negro Franzen”.

 

A su vez, invitó a la sociedad a enriquecerse con el libro “Misiones, Historias con nombres propios II”, trabajo que fue lanzado recientemente. Adolfina Villanueva, madre del desaparecido Félix Escobar (24) también participó de la ceremonia y brindó uno de los más desgarradores testimonios: “Todavía sigo buscando a mi hijo”.

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