Ante la designación de casi trescientos empleados y funcionarios en las distintas dependencias del Poder Judicial sólo en los últimos tres meses, y la inobservancia de mecanismos adecuados para medir la idoneidad para los cargos, el Colegio de Abogados de Misiones expresó a las autoridades del STJ su preocupación por “el deterioro y la desmoralización” de la justicia misionera con estas prácticas, ya que según refieren empleados judiciales de carrera y advierten los propios letrados, “muchos de los nuevos funcionarios del Poder Judicial no tienen la menor preparación para el cargo”, con lo que afectan seriamente la administración de Justicia y el acceso de los ciudadanos a un servicio eficiente.
A través de su presidente, Rodrigo Bacigalupi, la entidad expresó que la “copiosa designación de funcionarios y empleados judiciales, en algunos casos a puestos jerárquicos de notable importancia, se efectivizó sin la menor preparación previa y sin haber acreditado siquiera vocación por la función y en muchos casos sin saber siquiera qué hacer al momento de iniciar sus actividades. Son los propios compañeros los que denuncian haber tenido que adiestrar a su nuevo superior por no tener idea del cargo y las responsabilidades de la función asignada sin ningún merecimiento”.
Para la institución, estas designaciones generan “decepción y desmoralización” de los planteles de trabajo que “afectan duramente a la Justicia, donde empleados con muchos años de antigüedad y con mérito suficiente ven frustradas sus posibilidades de ascenso por la llegada de “ventaneros o paracaidistas”.
Según advierte el Colegio, los efectos del sistema de designación a dedo “son visibles y alarmantes”, ya que a la descripta desmoralización del plantel se suma la falta de independencia del designado, que se ve compelido a responder a su “padrino” antes que a sus propios superiores.
Daños graves y profundos
Para el Colegio de Abogados de la provincia, la práctica de la designación de empleados y funcionarios sin concurso previo no sólo daña a la estructura jerárquica funcional, sino que además “conspira contra la normal y regular prestación del servicio de justicia, ya que impide que el ciudadano obtenga una respuesta seria y oportuna del último medio de resolución pacífica de conflictos con que cuenta en el sistema republicano”. Pero más grave aún resulta el hecho de que “se pone en peligro un valor supremo en la democracia, pues sin una justicia eficaz, no puede haber paz asegurada y el propio ciudadano, cuando comienza a desconfiar de la justicia, cuando advierte que sus operadores no son capaces ni idóneos, se siente tentado a hacer justicia por mano propia, mudando un concepto esencial en el estado de derecho, y alterando el principio de que el uso de la fuerza corresponde en forma exclusiva al Estado”.
El Colegio de Abogados reclamó “cambios drásticos e inmediatos” en las futuras designaciones, lo que redundará “no solo en una sensible mejoría del servicio de justicia, sino además en el respeto del derecho de igualdad vulnerado cada vez que un funcionario designa un amigo o un recomendado para un cargo, y deja sin chances a cientos de aspirantes capacitados y con vocación que no cuentan con el misterioso don de ser los escogidos”.
