El Ackerman Group, una empresa estadounidense de seguridad, compuesta por ex agentes de la CIA y el FBI, está en el centro del macrigate. Habría más pruebas de que el espía James entregaba las escuchas en la casa del intendente porteño.
El juzgado federal de Norberto Oyarbide espera la confirmación de una información que indica que el espía Ciro James entregó las escuchas ilegales realizadas al cuñado de Mauricio Macri, el mentalista Néstor Daniel Leonardo, en la esquina de Tagle y Libertador, donde residía en ese momento el jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri.En el juzgado esperan esa evidencia, que le será remitida en estos días por la empresa de telefonía a la que pertenecía el celular del espía James. Según pulicó el diario Miradas al Sur, en Comodoro Py opinan que esa información podría sellar la suerte de Macri, ya que esa prueba permitiría a la Cámara Federal confirmar el procesamiento del jefe de Gobierno porteño, y abrir así el paso al tratamiento de su destitución en la Legislatura.
El entorno más íntimo de Macri ya le propuso una nueva estratagema: pedir licencia por tiempo indeterminado. Sería la manera de evitar el juicio político en un momento en que el bloque del PRO sufre una epidemia de deserciones. Con licencia –y apelando al ya conocido recurso de la victimización– podría mantenerse en carrera como candidato para 2011, le dicen.
Paralelamente, el juez Oyarbide remitirá esta semana un oficio a la Justicia estadounidense en el que se pide información sobre la agencia de seguridad Ackerman Group. La empresa, conformada por ex agentes de inteligencia de la CIA, la DEA y el FBI, no sólo es responsable de la seguridad del clan Macri sino que también tiene estrechos lazos con el ahora detenido ex comisario Jorge Fino Palacios y –a través de éste– con su discípulo el espía James.Concretamente, cuando Macri insiste en que a Palacios se lo recomendaron agencias de inteligencia norteamericanas, se refiere al Ackerman Group.
Oyarbide ya corroboró que esa empresa no tiene autorización para actuar en la Argentina, pero dos testigos de la causa declararon que Richard Ford, jefe de seguridad de los Macri y directivo regional de Ackerman, los amenazó –entre otras cosas– con pincharles los teléfonos.La relación de los Macri con el Ackerman Group se remonta a la época en que se produjo el secuestro de Mauricio Macri, el 23 de agosto de 1991. El clan tenía contratada una póliza antisecuestro con la firma Chubb que –a los cuatro días de la captura de Mauricio por parte de una banda de ex comisarios–, envió a los expertos de Ackerman para asesorar en el rescate.
El actual vicepresidente de Ackerman, George Kiszynski, intervino en el caso porque estaba al frente de la oficina del FBI que coordinaba las áreas de investigaciones, secuestro y terrorismo internacional en América latina. Kiszynski, que habla un fluido castellano con acento porteño, mantiene desde entonces estrechos vínculos con el policía favorito de Mauricio, el Fino Palacios, cuando ambos estaban a cargo de la Triple Frontera. La amistad y los emprendimientos comerciales de Kiszynski y Palacios se remontan al secuestro de Macri.
Asimismo, esta semana comenzarán a realizarse, ante la Sala I de la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal, las audiencias orales por los recursos de apelación presentados contra los procesamientos dictados por el juez Norberto Oyarbide en la causa por intervenciones telefónicas irregulares. Mañana deberán presentarse el ex ministro de Educación de Buenos Aires Mariano Narodowski y el ex juez de Misiones, José Luis Rey.En tanto, el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, fue convocado para el próximo 6 de julio.Hoy Oyarbide indagará a Osvaldo Chamorro. El ex jefe de la Policía Metropolitana fue citado para ampliar su declaración indagatoria, en el marco de la causa en la que se investigan intervenciones telefónicas irregulares.
En el marco de la misma causa, el magistrado realizó en las últimas semanas una nueva ronda de indagatorias en la que se presentaron James; Mónica González, ex secretaria del destituido juez misionero Horacio Gallardo; Raúl Rojas y Diego Guarda, ex policías de Misiones, y Susana Barroso, jefa de Gabinete de Educación porteño.
