La diputada nacional, Stella Maris Leverberg realiza gestiones para garantizar el tratamiento en comisión del proyecto de Ley para modificar la Ley 26.075 de Financiamiento Educativo que vence este 31 de diciembre.
La legisladora y secretaria general de la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones, presentó el proyecto el 31 de julio de 2009, a fin de incorporar al debate del Parlamento Nacional y de la CTERA, junto a la sociedad para garantizar la Educación Pública, Popular y Democrática. Proyecto presentado en Cámara de Diputados en 2009.
En la provincia se realizaron varias presentaciones del nuevo proyecto para que los distintos sectores puedan trabajar en la recolección de firma para la nueva Ley de Financiamiento Educativo. Las firmas recolectadas serán presentadas en el mes de agosto en la Cámara de Diputados de la Nación con la intención de hacer una especie de presión para que la nueva Ley sea tratada y aprobada en el Congreso.
La Ley de Financiamiento llega al final de su aplicación en diciembre del 2010 cumpliendo sus metas en términos de porcentaje del PIB invertido en educación; en relación con la ampliación de la cobertura del nivel inicial y secundario, particularmente en las provincias de nuestro norte grande; ha sido una herramienta muy importante para la mejora salarial de los trabajadores de la educación de todo el país luego de doce años de congelamiento y ajuste y ha permitido la ampliación de las plantas funcionales de las escuelas con la creación de miles de nuevos cargos y horas cátedra.
Una de las metas que se planteó la ley quedó incumplida con una gran brecha: “Lograr que el 30 por ciento de los alumnos de educación básica tenga acceso a escuelas de jornada extendida o completa”. Este es uno de los elementos indicativos de que era correcto el planteo de Ctera en el sentido de que la proporción de la nueva inversión debía ser 60 por ciento nacional y 40 provincial.
El eje estratégico de la política de Ctera en este año del Bicentenario es la sanción de una nueva ley de financiamiento que permita alcanzar las metas fijadas por la Ley de Educación nacional, acompañadas por la dignificación del salario y las condiciones del trabajo docente y políticas socioeducativas que permitan sostener la escolarización de los estudiantes de los sectores más vulnerables de la sociedad.
Este es el gran desafío de la etapa y requiere una importante alianza social que le dé densidad política a esta demanda y construya la fuerza que haga posible la sanción de una nueva ley de Financiamiento Educativo en el transcurso del Año del Bicentenario.
