El Consejo de la Magistratura convocó a inscripción para el concurso desde mañana hasta el 26 de julio inclusive.
Tras recibir una notificación del Superior Tribunal de Justicia, el Consejo de la Magistratura convocó a cubrir las vacantes dejadas por José Luis Rey y Horacio Gallardo, destituidos por el escándalo de las escuchas ilegales. El plazo de inscripción para cubrir los cargos de juez de Instrucción i y II, va desde mañana hasta el 26 de julio inclusive.Actualmente hay solo dos jueces penales en Posadas: Fernando Verón y Miguel Farías, quienes tienen que cubrir los dos juzgados sin juez. Para aliviar su tarea, el STJ ya había aumentado a cuatro las secretarías que los acompañan.Paralelamente, Rey fue citado por la Cámara Federal citó a Rey para que fundamente su apelación al procesamiento que le dictó el juez federal Norberto Oyarbide, quien investiga su participación en el escándalo de las escuchas ilegales.La sala I del tribunal de apelaciones convocó al ex ministro de Educación porteño, Mariano Narodoswki y a Rey para el 24 de junio próximo, a sendas audiencias donde podrán asistir en persona o enviar a sus abogados, Carlos Beraldi y César Goldstraj, respectivamente.El intendente porteño Mauricio Macri, acusado de integrar una asociación ilícita que intervenía teléfonos de manera ilegal valiéndose de la estructura estatal, está convocado en fecha aún a definir, ya que solicitó una prórroga para la audiencia oral en la cual él o sus abogados expondrán los argumentos contra el fallo del juez federal Norberto Oyarbide, precisaron a Télam fuentes judiciales.Macri, su ex ministro y Rey pidieron ampliar en forma oral los fundamentos de las apelaciones presentadas contra el fallo donde fueron procesados.La sala I ratificó el martes al juez Oyarbide al frente del caso al rechazar una recusación presentada por Macri.Los camaristas deben además resolver un pedido de excarcelación presentado por el detenido ex comisario Jorge Palacios, ex jefe de la Policía Metropolitana y también procesado como parte de la asociación ilícita.La causa se inició a raíz de la denuncia de Sergio Burstein, familiar de víctimas del atentado a la AMIA, cuyo teléfono móvil fue intervenido a pedido de la Justicia de Misiones en una causa por homicidio.
