Ayer fue presentado en la Comisión de Desarrollo Forestal y Agropecuario y en dos semanas convocarán a diversos actores sociales, productivos y políticos para analizar la propuesta del diputado Ricardo Maciel.
El presidente de la comisión de Desarrollo Forestal y Agropecuaria de la legislatura provincial, Ricardo Maciel, expuso ayer ante sus pares los objetivos del proyecto de su autoría que propone “declarar de interés público provincial el uso agropecuario de las parcelas agrícola propiedad de Alto Paraná SA (Grupo Arauco) y/o quien lo suceda, asentadas en los municipios de Puerto Libertad, Wanda, Puerto Esperanza, Colonia Delicia y Colonia Victoria”. En la oportunidad, el legislador convocó a los integrantes de la comisión a estudiar, principalmente, la “crítica situación social y productiva que se enfrenta en Libertad y Delicia por la concentración de la tierra y el desplazamiento de las familias, más allá del proyecto de ley que hoy propongo, primero debemos coincidir en el análisis de situación en las que se encuentran las comunidades mencionadas y que considero necesitan a mediano plazo una solución para no desaparecer”, dijo.
Explicó que a diferencia de los municipios de Esperanza y Wanda, que por su estructura urbanística, servicios, tipo de desarrollo y demás, en el caso de Puerto Libertad y Colonia Delicia el escenario es más crítico, a pesar de que enfrentan el mismo problema social. “En la actualidad urge atender la demanda de Libertad y Delicia, y esto me llevó a traer al recinto la propuesta de instalar en la agenda del Estado provincial esta problemática y que los diputados aporten en comisión todos los aspectos que crean convenientes para discutir el tema”, recalcó el diputado.
Por otra parte, ayer en diálogo con Radio Libertad el abogado constitucionalista Félix Loñ consideró al proyecto de ley de Maciel como una confiscación, lo que esta expresamente prohibido por Art. 17 de la Constitución Nacional. El especialista sostuvo que al “estar claramente direccionado y orientado a la empresa Alto Paraná SA, por sus artículos, se entiende que se presenta como una confiscación, ya que contempla la posibilidad de la cesión de derechos para la explotación compartida con agricultores, proponen crear un Consejo de Cesión de Explotación de Tierras, y si bien, invitan a participar a la empresa, pero también dicen que lo que se produzca en esa parcela, la ganancia deberá ser cedida al productor, lo que en una primera lectura se entiende que es una confiscación, ya que la empresa no tendrá ningún beneficio cuando se venda el producto”. (Ver nota aparte)
Apertura y diálogo
En este sentido, el diputado Maciel sostuvo que se encuentra dispuesto a realizar “todas las modificaciones necesarias” al proyecto «siempre que se logre el objetivo propuesto. Considero que esta es una instancia casi histórica, y muy positiva, ya que se ha generado un espacio en el parlamento para la discusión de la concentración de la tierra y la problemática social en el Norte”, señaló en la entrevista con ArgentinaForestal.com.
En el marco de la reunión de comisión, los legisladores se interiorizaron de los alcances y objetivos del proyecto, para después intercambiar opiniones, pero en general se manifestaron a favor de estudiar la iniciativa. En tanto, el diputado Gustavo Weirich propuso “generalizar” los alcances del proyecto a toda la provincia, ya que aseveró que “la empresa esta avanzando en la adquisición de tierras también en la zona Sur”.
De esta manera, quedo abierto el debate en la comisión parlamentaria y dentro de dos semanas comenzarán a dar curso a una agenda programada que incluirá la invitación de distintos actores involucrados como intendentes, concejales, funcionarios del Ministerio de Ecología, del Agro y la Producción, del Inta, la Unam, como también existirá la convocatoria a directivos de la empresa Alto Paraná SA.
Respuestas a las críticas
Por otra parte, el legislador respondió las críticas que recibió por parte de especialistas, profesionales y empresarios del sector económico y foresto-industrial sobre los alcances de su proyecto, en la que coinciden que afecta la seguridad jurídica y que alejará inversiones. “ Para aquellos que salieron como voceros de la actividad forestal, deben entender que la propuesta no intenta ir en contra de la plantación de pino, ese puede ser otro debate que se puede dar en otro momento, pero ahora lo que pretendo es que entre todos pensemos si es posible desarrollar en esos pueblos -que hoy están amenazados de desaparecer – una actividad económica que incluya a la gente de la comunidad donde esta gran empresa se desempeña, porque su avance genera que no quede espacio donde producir”, indicó. “No se trata de cerrarse exclusivamente a la producción de alimentos, puede pensarse en el desarrollo de industrias para esas comunidades, a partir del aprovechamiento de los pinos, si consideran que es mas viable. Lo que pretendo es que, todo lo que sea factible de integrar a la gente, sea analizado, pero finalmente será el Consejo de Cesión de Tierras que proponemos crear el ámbito donde se decidirá que es lo mejor para todos los involucrados en esta problemática”, agregó.
En este sentido, recalcó que no se opone a la actividad forestal, pero “sí de aquel latifundio que tiene desarrollo económico a costa del desarrollo social, como se ve que esta sucediendo hoy en estos municipios, ante el desplazamiento de la gente hacia otras zonas”, dijo.“Lo que pretendo es que pensemos qué hacer para que estas familias desarrollen una actividad económica que le garantice el sustento diario a las familias, sin emigrar a otras ciudades. En función a esto, propongo crear una estructura de desarrollo para el autoconsumo, después avanzar en una cuestión comercial, y es posible pensar en actividades coasociadas. Por ello pedimos a la empresa que atienda esta demanda, no le discutimos la propiedad de la tierra, pero apelamos a la responsabilidad social, sabemos que su desempeño es legal y lo que proponemos también lo es, porque entendemos que puede acompañar este proceso de mejora del entorno donde se desempeñan. No buscamos confrontar, pero es claro que se necesita la mediación y la tutela del Estado para que se avance hacia una solución de la comunidad y se resuelva la critica situación social que hoy enfrentan”, sostuvo Maciel.
Asimismo, explicó que su iniciativa “no esta avasallando absolutamente nada, simplemente se trata de una ley que permita generar un espacio para discutir una estrategia que garanticen la existencia de determinadas comunidades en el transcurso del tiempo”.
Sobre el polémico artículo 1, fundamentó en que “declara de interés provincial la tierra, no de uso público, porque esto si sería expropiación, y no hay interés en este aspecto, lo único que pedimos en que la empresa se involucre y participe en una salida a este escenario social, pero si después el Consejo determina que hay otros actores que puedan participar, también lo deberán hacer. La propuesta es generar un disparar para abordar el problema que es apremiante en estas comunidades de la zona norte”, concluyó.
