Ahora, racionalidad

El licenciado Braier –quien también aclaró que opina sobre las notas periodísticas trascendidas sobre el fallo- coincidió con que “fue un dictamen muy previsible, de que se ha fallado y que ha habido fallas formales por parte de Uruguay, que llevan a un incumplimiento del Tratado del Río Uruguay, pero que no se ha comprobado daño ambiental”. Para el especialista, esta no comprobación jurídica del daño ambiental “creo que abre en la cabeza de los vecinos de Gualeguaychú la sensación de que la contaminación está, pero que no se la ha demostrado fehacientemente. Y, encima, que todo se origina en la violación del tratado firmado por ambos países”, expuso.Asimismo, consideró que también esto “abre la puerta a que políticos advenedizos, como Busti –ex gobernador de Entre Ríos-, señalen algo que puede ser correcto que es la inversión de la prueba. No que se tenga que probar si se ha contaminado, sino que demuestre que no lo va a hacer o no lo ha hecho”.Agregó que “debe tenerse en cuenta el estado de la tecnología actual, por medio de las mejores prácticas disponibles en el nivel mundial, y los límites permitidos en la generalidad de los países, incluidos Uruguay y Argentina. Si se tiene la expectativa de que una fábrica tenga efluente “cero”, se trata de algo que no se le exige a nadie; ni siquiera al almacén de ramos generales de Gualeguaychú, en donde se higieniza el local con productos químicos, se arrojan los residuos, se enciende la iluminación, etcétera”, graficó.De esta manera, Braier manifestó que muchas veces, “montado en un enojo irracional, como siento que es el que tienen los ciudadanos de Gualguaychú, se me da por pensar que empiecen a vivir sin usar papeles y que después nos cuenten al resto de los mortales del siglo XXI cómo resulta la experiencia. Porque usar papel y pedir que se fabrique en otro lado para que se pudra otra gente,  no es muy amigable con la humanidad”.