El subsecretario de Prensa del Gobierno de Misiones, Jorge Alejandro Varela anunció que el Ejecutivo provincial está dispuesto a analizar la posibilidad de actualizar el decreto Nº 929 del año 2000, para mejorar el acceso del ciudadano a la información pública. Lo dijo en el marco de la jornada de Promoción sobre el derecho de acceso a la información pública, donde también disertaron una periodista del Paraguay y la representante de la asociación argentina de derechos civiles. En la jornada se pidió una ley de libre acceso a la información pública y se puso como ejemplo entre otras, a Villarrica, la primera ciudad digital del Paraguay.
La jornada organizada por el Foro de Trabajadores de Prensa de Misiones (Fopremi) se realizó hoy lunes con disertaciones y talleres, en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en coincidencia con el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Asistieron diputados, concejales yconvencionales, colegas del medio, y estudiantes de periodismo.
El anuncio del Gobierno
El subsecretario de Prensa de la Provincia -quien no pudo concurrir a disertar personalmente, ya que debió acompañar al gobernador Maurice Closs en su viaje a Asunción para promocionar turísticamente la provincia- reconoció el «esfuerzo» del Foro de Trabajadores de Prensa y Comunicación Social de Misiones (Fopremi) en la formación y representación de las actividades periodísticas y donde «el Estado se mantiene respetuoso, armónico y prudente».
Luego leyó el decreto 929 emitido durante el gobierno de Carlos Rovira y que está vigente. En alguna de sus partes señala que están comprometidos a dar información los organismos del Estado y empresas vinculadas, en tanto los ciudadanos tienen derecho a acceder a los archivos y registros públicos con limitaciones establecidas.
Según la norma, el Estado tienene la obligación de dar a conocer sus actos administrativos, en documentos escritos, grabaciones y otros formatos, de
También las prestatarias de servicios públicos tienen la obligación de informar a usuarios, los contenidos y características de los servicios que prestan.
Dicha información tiene limitaciones si afecta la intimidad de las personas, si es información protegida por secreto bancario, la defensa de las estrategias en la tramitación de una causa judicial, entre otras.
Siempre al estar de la normativa, la solicitud de información debe hacerse por escrito y no puede exigirse los motivos del erquerimiento. El plazo de respuesta es de diez días hábiles que se pueden prorrogar por otros diez días hábiles, y para el cual se deberá informar el motivo de la prórroga. Se prevén sanciones para el pesonal que incumpla con estos requerimientos de información por parte del ciudadano.
Varela dijo que esta norma en el tiempo pudo haber sido superada por los contenidos, por lo que expresó la «predisposición del Gobierno para discutir y perfeccionar las normas que regulen esta actividad, para hacer saber a los ciudadanos la verdad de las circunstancias», y reafirmó que «el norte de la política comunicacional es la verdad», para referirse a la ley que se está pidiendo.
Disertaciones
En la jornada de la mañana también disertaron Susana Oviedo Villamil (ex presidente de Foro de Periodistas Paraguayos – FoPeP y periodista del diario Última Hora, de Asunción, Paraguay, quien habló sobre “La importancia del derecho de acceso a la información pública para el ejercicio de periodismo de calidad”.
Posteriormente hizo lo propio Emelina Alonso, coordinadora de la Red Regional de Periodismo por el Acceso a la Información Pública e integrante de la Asociación por los Derechos Civiles – ADC sobre “El derecho de acceso a la información pública. Importancia y necesidad de promoción, formulación y fortalecimiento de las normas que regulan la materia”.
“En una ley deben estar fijadas las excepciones”
Susana Oviedo Villamil dijo respecto al tema que la situación en Misiones es más favorable, en tanto en el continente es más fluctuante. “Aquí las autoridades abren el debate”, en cambio contó que en Paraguay “vamos diez pasos para adelante y retrocedemos 100”.
No obstante destacó que hay ejemplos independientes de municipios, principalmente el de Villarrica, que va camino a convertirse en la primera ciudad digital del vecino país, y donde los salarios del intendente y de los concejales se conocen a través de carteles en la plaza y en la página (www.villarrica.gov.py), y las licitaciones de obras públicas se realizan en vivo por internet.
La periodista de Ultima Hora contó las dificultades que tienen para acceder a la información pública en Paraguay. En el 2006 un grupo de colegas de dicho diario eligieron trece instituciones del Estado y enviaron solicitudes, pero solamente dos acusaron recibo de las notas.
Dijo que cuando no hay una ley que no haga efectivo un derecho, la información “está supeditada a los humores de los funcionarios de turno”. Y agregó que demostraron que con esta estrategia periodística, “si a los que normalmente estamos en contacto con las instituciones nos niegan información, qué será si pide Juan Pérez?.
Por eso, dijo que falta una ley para que el ciudadano tenga acceso a ese derecho. Destacó países pioneros en materia de leyes de acceso a la información pública. El primero fue Finlandia en 1776, antes de la independencia de Estados Unidos. En el continente americano, Colombia tiene esa ley desde 1888. Pero hay varios países que no la tienen en la Región, como la Argentina.
“Cuando hablé de la transparencia de la gestión pública, en la práctica no ocurre, hay una cultura del secretismo que se creó durante la larga dictadura”, dijo Oviedo recordando a Stroessner.
Afirmó que toda la información del Estado es pública, y las excepciones al derecho de acceso deben estar establecidas por ley. Y agregó que lo importante al hablar de derecho de información pública no interesa sólo a los periodistas, sino a todos, los periodistas nos vemos beneficiados por nuestra tarea, para demostrar o probar lo que estamos publicando para explicar al ciudadano”.
La comunicadora paraguaya señaló que se puede pedir el cambio de políticas públicas a través de conocer la información de hechos que se manejan con recursos públicos, o decidir por quién votar a través de mayores datos de los candidatos que se postulan. Insistió en la libertad de expresión que incluye acceder a la información y divulgar.
“Otra manera, es cuando los legisladores piden informes a los ministerios. La manera que el resto de los ciudadanos nos enteremos es cuando alguna bancada o legislador solicita a la plenaria que responda”, añadió.
El ejemplo de Villarrica “ciudad digital”
Susana Oviedo expuso también los antecedentes en Latinoamérica, para dar una rápida mirada de la situación de su país en cuanto al acceso a la información pública. “No hay ley reglamentada, en el 2.001 se aprobó un proyecto de un diputado que no consultó a las organizaciones, pero al pasar al Senado se convirtió en mordaza y dos meses después fue derogada. En el 2006 hubo otro intento pero fue rechazado, creo que hay una cultura de la opacidad de no transparentar la gestión pública”.
La periodista dijo que estas prácticas de “opacidad” están vigentes, pero no en todo el país. Dijo que lo más positivo son los municipios que sacan ordenanzas de acceso a los informes de gestión. A través de recortes de diarios y videos puso como ejemplos San Lorenzo, donde la gente lucha por transparentar su municipio, vecino a Asunción. Por ordenanza piden reglas claras para acceder a la información pública.
Oviedo mostró un video de la ciudad de Villarrica, donde tiene una zona rural activa y una vida urbana movida, a través de dos universidades, la Católica y la Nacional. Indicó que “gracias al acceso de datos a través de la Intendencia se tiene mayor credibilidad y la recaudación va en crecimiento, de 400 mil dólares en el 2004 a 4 millones actualmente”.
Reiteró que en dicha ciudad paraguaya, los salarios del intendente y de los concejales se conocen a través de carteles en la plaza, el propio intendente pide que cuestionen los gastos. La ciudad es un modelo para las instituciones públicas del país en el manejo de la cosa pública. Los trámites se realizan vía internet como los actos de apertura de las licitaciones, que se realizan en tiempo real. Es la primera ciudad del país que transmitió una licitación en vivo, la gente se siente más comprometida con la gestión de los funcionarios.
“Empoderamiento”
Por su parte, la coordinadora de la Red Regional de Periodismo por el Acceso a la Información Pública Emelina Alonso, como abogada habló de los alcances y posibilidades que da el derecho de acceso a la información pública. Contó casos de periodistas en el país, y a través de videos respondió preguntas de qué es la información pública.
Dio el contexto latinoamericano, situaciones de las dictaduras y conflictos armados, la protección de los DDHH focalizada en la integridad física.
Destacó que hay un “empoderamiento” de la sociedad civil, una mayor conciencia del alcance de los derechos y mayor posibilidad de exigirlos.
Habló del valor de la información para el ejercicio de otros derechos, y mencionó la primera sentencia de la Corte Interamericana en materia de acceso a la información pública, en el 2.006, del caso de Marcelo Claude Reyes y otros vs. Chile.
Dijo que el Estado en su conjunto es el que está obligado a dar información, los tres poderes en todos los niveles.
Señaló que en la Argentina hay un decreto que regula el derecho a la información, el número 1172/03 de aplicación sólo al Poder Ejecutivo nacional.
Pero no hay una ley nacional de acceso a la información, la Constitución nacional prevé en sus articulados 1º, 14 y 75 inc. 22.
Nadie puede decirnos que es un derecho que no existe, está vigente pero faltan sancionar leyes que establezcan los procedimientos de acceso, dijo la integrante de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC).
Entre otras cosas, dijo que se puede promover el ejercicio del derecho de acceso por parte de las instituciones, y dijo que le gustaría como lectora que “las noticias estén fundadas”.
Proyectos archivados
Por su parte, el diputado radical Horacio Spallanzani, quien está en la comisión de Constitucionales contó que había presentado un proyecto de acceso a la información pero pasó a archivo. Y reveló que desde 1999 al 2006 se han presentado cinco proyectos alusivos pero están archivados.
«Es fundamental la herramienta de acceso a la información en la lucha contra la corrupción», dijo, y recordó que como concejal de Iguazú, «allí es un paradigma de la corrupción y de hechos escandalosos». Agregó que la Carta Orgánica de ese municipio habla del acceso a la información pero «en ocho años nunca pude acceder a información pública, una sola vez fue por el Tribunal de Cuentas que envió documentos».
