Diputados prometen revisar la norma que permite las intervenciones telefónicas en Misiones. El escándalo de las escuchas ahora se definirá en Buenos Aires
La destitución de Horacio Gallardo y José Luis Rey cierra apenas uno de los capítulos del escándalo de las escuchas telefónicas. La sentencia que destituyó a los magistrados desnuda un entramado de irregularidades que afecta sensiblemente a la intimidad del ciudadano. No importa si es Sergio Burstein o Carlos Ávila. Puede ser cualquiera y de hecho, hay incontables números locales intervenidos con la misma metodología: la Policía aporta los números a las causas y los jueces simplemente firman los pedidos de intervención.
La ley lo permite y no pide fundamentación alguna para las autorizaciones. El artículo 221 del Código Procesal Penal de Misiones solo señala que “el Juez podrá ordenar la intervención de comunicaciones telefónicas del imputado, para impedirlas o conocerlas”. Sobre eso promete trabajar el diputado José Garzón Maceda, quien votó por la remoción de Gallardo y Rey.
El legislador consideró que hay que revisar la normativa para que “los jueces o policías no puedan meterse en la intimidad de las personas ajenas a un proceso sin tomar todos los recaudos”. “Las intervenciones son una herramienta de prueba invasiva, que se reconoció que puede afectar a las personas y debe ser corregida porque no se justifica que por buscar a un delincuente que no se encontró, se intervenga un teléfono. También debemos saber cuántos teléfonos están o fueron intervenidos”, consideró.
Sin dudas, la decisión del Jury también traerá consecuencias políticas. Si los jueces fueron destituidos, es que se consideró que hubo pruebas suficientes de irregularidades.
Pero todavía no se ha determinado quien es el responsable mayor. Gallardo y Rey podrían declarar -ahora sin fueros- ante el juez federal Norberto Oyarbide, quien busca llegar al cerebro de las escuchas, que tiene como detenidos al ex comisario Jorge Palacios y al espía Ciro James, uno ex jefe de la Policía Metropolitana de Mauricio Macri y el otro contratado por el ministerio de Educación porteño.
Según trascendió, en las próximas horas podría haber un pedido de indagatoria a los dos ex jueces por parte de Oyarbide, quien también le tomará declaración a Macri.
El diputado renovador Alberto Álvarez, quien siguió diariamente el juicio a los jueces, afirmó que “vamos a ir hasta las últimas consecuencias para que se clarifique este hecho y se identifique a todos los responsables. Los jueces que han sido destituidos son el chivo expiatorio de una organización conformada por la vieja y nefasta dirigencia política, que tiene como máximos representantes a Ramón Puerta, Mauricio Macri y Humberto Schiavoni, entre otros”.
