Apuntaron al Ejército como responsable de los tormentos

Los testigos que declararon en la quinta jornada del juicio por delitos de lesa humanidad aseguraron que les informaron que estaban «a cargo del área 232» luego de ser detenidos. Se develó la identidad de una nueva víctima fatal de las torturas.

«Estábamos a disposición del área 232», manifestaron los testigos citados para la quinta jornada del juicio oral y público por los delitos de lesa humanidad que se le sigue a los ex militares Juan Antonio Beltrametti y Carlos Humberto Caggiano Tedesco.

«Por suerte no me mataron, me torturaron mucho pero gracias a Dios estoy vivo», manifestó Segundo Báez, un agricultor de 79 años, que estuvo detenido durante tres años sin ser registrado en ningún lugar.

El hombre recordó que fue apresado en mayo de 1976 en Jardín América, luego lo trasladaron a la comisaría de esa localidad donde lo informaron que estaba «a disposición del área 232».

Báez manifestó que luego fue trasladado en una camioneta a Posadas, donde fue sometido a torturas en las cuales le preguntaban por Peczak y Susana Ferreira, entre otros «políticos».

«Todas las noches se escuchaban los llantos de hombres y mujeres», recordó el agricultor, quien manifestó que un efectivo «macanudo me dijo que tenía que arrepentirse porque ya habían matado a un tal Roman en la casa de tortura».

Tras esta declaración uno de los abogados querellantes entregó al tribunal el acta de defunción de Julio Agustín Roman, quien sería una víctima más de la dictadura militar.

Segundo Báez fue trasladado luego a las dependencias del Ejército, donde quedó liberado tras firmar «una nota que decía que me trataron bien». Los militares le intimaron al agricultor a que dijera que los golpes que tenía «fue por un accidente» que sufrió.

Por su parte, José Guillermo Sosa, quien fue detenido el 20 de octubre de 1976 cuando salía de su trabajo, dijo que luego lo trasladaron a la Jefatura donde fue sometido a torturas.

Después lo llevaron «a una casa de piso de parquet. Ahí era un infierno, porque aunque estábamos vendados la mesa de tortura estaba ahí y se escuchaba todo, las torturas, los interrogatorios», recordó.

«Había muchos agricultores y mujeres, a todos nos torturaban por igual», explicó José Sosa. Sin embargo no podía reconocer a los torturadores ya que los llamaban «por nombres de guerra».

El hombre recordó que un hombre que lo torturaba le dijo que estaba «a cargo del área 232 del Ejército».

«Eramos objetos de entretenimiento de los torturadores», manifestó Augusto Gilberto Speratti, quien fue detenido el 26 de octubre de 1976 alrededor de las 5 de la madrugada cuando se encontraba descansando junto a su familia en su vivienda.

Luego de ser detenido fue llevado al departamento de informaciones en la Jefatura de Policía. «Me llevan a una oficina, me dicen que estoy frente a un coronel, creo que era el jefe del área 232, donde me interrogan por compañeros».

Luego de ser torturado en ese lugar, «los verdugos me dicen que me llevarían a la costa del río y me iban a asesinar de dos palazos, uno en el pecho y otro en la cabeza».

Tras la amenaza, Speratti es colocado en un jeep y llevado a la «casita cerca del Rowing, donde me cuelgan en una soga junto a un compañero, nos propinan golpes de puño, patadas, nos tienen como bolsas de boxeo».

El hombre manifestó que «los verdugos de esta fuerza eran especialistas en torturas, el objetivo era generar temor, era una situación desesperante». Luego recordó algunos tormentos como los momentos que pedían agua y los efectivos le tiraban pimienta en la boca; cuando le prendían fuego el cabello o le gatillaban en la cabeza.

Speratti fue trasladado luego al penal de Candelaria, adonde llegó con las manos «gangrenosas, no tenía sensibilidad».

Luego el hombre fue trasladaod a Resistencia «en un avión del Ejército», allí tuvo una entrevista con «un coronel, creo que era el jefe del área 232» y en octubre de 1977 obtuvo la libertad vigilada por lo que debía presentarse en el destacamento militar todos los meses.

«Me arruinaron la vida»

Carmen Esther Nuñez fue detenida el 6 de abril de 1976 y recuperó la libertad el 28 de diciembre del mismo año. Pese a no haber sido sometida a torturas aseguró que los militares le arruinaron la vida, ya que no ha podido superar el trauma que le causó.

Luego de ser liberada, la docente quedó en cesantía por seis años, no pudiendo ejercer su profesión.

La mujer manifestó que recibió maltrato verbal, amenazas de fusilamiento.

Luego de lo vivido en la época de la dictadura, la mujer pidió el retiro por problemas de salud y vivió «encerrada» durante el resto de su vida.

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