El juez federal de Eldorado, Hachiro Doi procesó a Ortiz y Di Marco y ordenó un embargo de 7 mil pesos sobre los bienes de cada uno. Anunciaron que apelarán la decisión.
Cercano. Di Marco fue un estrecho colaborador del ex obispo Joaquín Piña.
El juez federal de Eldorado, Hachiro Doi procesó a Ortiz y Di Marco y ordenó un embargo de 7 mil pesos sobre los bienes de cada uno. El procesamiento tiene fecha 31 de agosto y fue notificada a la defensa el viernes 4 de septiembre. Se les imputa el delito de corte de ruta e instigación al corte.
Ortiz de Montecarlo y al ex director de Cáritas de Eldorado, Di Marco fueron denunciados por la Gendarmería nacional y el gobierno provincial a través del Ministro de Gobierno en febrero último. El expediente se instruye en el juzgado Federal de Eldorado.
Ambos, colaboradores del ex obispo Joaquín Piña, fueron denunciados como instigadores de la protesta que bloqueó la ruta nacional 12 en «defensa de tareferos durante la inter-cosecha sobre todo aquellos que trabajan en negro».
La causa cobró estado público el 12 de febrero del 2009 cuando el juez federal ordenó la detención de Rubén Ortiz y su traslado a dependencias de la Gendarmería Nacional en Eldorado en el marco del reclamo por un subsidio de 225 pesos para el periodo de la inter zafra que protagonizaron los tareferos de esa zona durantes los primeros meses del año. Ortiz, secretario general de CTA de Montecarlo y Juan Carlos Di Marco, Coordinador Técnico Operativo del Proyecto Asesoría Jurídica de Endepa Equipo Nacional de Pastoral Aborigen- , ambos integrantes de la Mesa de Conducción del Movimiento Social de Misiones, fueron procesados por Hachiro Doi por los delitos «de instigación a cometer el delito de interrupción del normal funcionamiento de transportes por tierra e interrupción del normal funcionamiento de transportes por tierra en concurso real. art. 209, 194 y 55 del C.P de conformidad a lo establecido en el artículo 306 del CPPN y 45 del CP».
En la misma notificación el juez da cuenta de un embargo de 7 mil pesos ordenado sobre los bienes de cada uno de ellos. Los cita además a comparecer ante el juzgado con sede en Eldorado el próximo 17 de septiembre a las 9.
La abogada Roxana Rivas dijo que apelarán el procesamiento y embargo y consideró que «es parte del mecanismo de criminalizar la protesta, fragmentar a los grupos de reclamos que no se los atiende y hoy se tiene que hablar del procesamiento de estas personas y no los motivos que los llevo a realizar esto», para agregar que «ellos no incitaron a ninguna acción delictiva ni mucho menos, sino ante la necesidad de esta gente los contuvieron».
Rivas explicó que la causa está «en etapa de instrucción todavía, vamos a apelar el procesamiento, estamos esperando los plazos que se nos facilite el expediente y veremos cómo culmina esto».
