Para la diputada Leverberg el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual «es un derecho social»

Luego de que fuera anunciada a comienzos de 2009 por el poder ejecutivo, y después de 29 años de permanencia de la Ley de Radiodifusión, impulsada por la última dictadura militar, el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue presentado el pasado jueves 27 de agosto en la Cámara de Diputados de la Nación

Después de una extensa ronda federal de foros nacionales de discusión, y con un fuerte respaldo de todo el arco progresista y popular de todo el país, en las que se incluyen inclusive algunas fuerzas de oposición, finalmente nuestro país podrá darse para sí una nueva ley democratizante que garantice un derecho, como lo es, el derecho al libre acceso a la información.

Se considera que la discusión en el ámbito legislativo será rica y significativa, y donde debe finalmente hacerse público el debate de ideas que los medios de comunicación no reflejaron desde que fue presentado, a principios de año, el anteproyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Según la legisladora misionera, el documento fue elaborado «con sustancial seriedad, producto de: la ponderación de las opiniones de especialistas y organizaciones no gubernamentales, el carácter federal de los foros de discusión, y el gran estudio de la legislación comparada que hizo el equipo de especialistas, tomando como referencia normativas de avanzada en la materia».

Esta ley implementa una reforma de modo tal que se adecua y actualiza a los tiempos que corren en materia de tecnología, mercado de las comunicaciones, y derechos ciudadanos. Para quienes se ven beneficiados por la actual ley, nunca, desde hace 26 años, es momento para debatir. Tampoco lo será el 10 de diciembre próximo.

La normativa vigente (Ley Nª 22.285) que regla la vida mediática de nuestro país data de 1980. Fue promulgada por la Junta Militar, lleva las firmas de Videla, Massera y Martinez de Hoz y se sustentaba, hasta sus modificaciones de los años 90, en un fuerte control y restricción ilegal, de todos los instrumentos de la sociedad civil para ejercer sus derechos más básicos. Entonces, no sólo se trata de una política pública que emana de un gobierno inconstitucional, y por tanto ilegítima. Es una herramienta directamente utilizada para desproteger al pueblo, impidiendo la diversidad de ideas, la libertad de expresión y la libre circulación de la información. En síntesis: un arma más del aparato represivo del terrorismo de Estado. A modo de ejemplo: el COMFER (Comité Federal de Radiodifusión), ente que regula a los medios de comunicación de nuestro país, está intervenido, porque de no ser así su dirección estaría todavía en manos de representantes de las tres Fuerzas Armadas y de los Servicios de Inteligencia del Estado – SIDE- , según lo dictamina la legislación.

El sólo hecho de poder empezar a discutir en la Cámara de Diputados la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual constituye un hecho histórico. Si bien fueron presentados en el pasado otros proyectos, ninguno llegó a tratarse con seriedad.

En efecto, por primera vez en mucho tiempo se presenta un proyecto de ley con tan amplio consenso ciudadano y tanta corrección institucional. Su carácter democratizador responde a diversas variables, tanto de carácter económico como social. Es cierto que el estudio pormenorizado de algunas cláusulas será materia de discusión y divergencias.

«Durante el debate legislativo surgirán los interrogantes propios del debate de ideas. Más no es admisible que no se discuta. Hay que defender las instituciones y las aperturas democráticas. Eso siempre es celebrable, es un derecho social», enfatizó Leverberg.

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