Vairo y Gutiérrez coincidieron en llamar al compromiso de los progenitores.
Continúa el debate en la sociedad respecto al impacto del fallo del máximo tribunal que no pena el consumo de marihuana en personas mayores de edad que no perjudiquen a terceros. Padres, abogados, docentes y funcionarios suman sus voces.
Mazal y Álvarez tuvieron posiciones encontradas acerca del polémico fallo.
La falta de contención de los padres, la carencia de mecanismos de contención en los jóvenes y el derecho a la privacidad son los temas que se nombran cuando se analiza el polémico fallo de la Corte Suprema de Justicia. El máximo tribunal, que dictaminó la semana pasada que una persona mayor de edad puede consumir marihuana sin que ello afecte a terceros generó un fuerte análisis que llegó hasta el programa Debate sobre el Futuro que se emite los miércoles a las 22 por Cablevisión. Así docentes, abogados, funcionarios y estudiantes expresaron su opinión sobre la medida que tuvo un fuerte rechazo por parte del Gobierno Provincial.
Para el juez de menores, César Jiménez, quien apoya la decisión de los altos magistrados, el Estado no pueden debe inmiscuirse en la vida privada de los sujetos. Aseguró que la decisión de la Corte se inscribe en el ámbito privado, espacio avalado en el artículo 19 de la Constitución. Para él, el consumidor es una persona enferma y en el documento emitido por la Corte se obliga al Estado a que atienda a ese paciente. «No podemos revictimizar a los que consumen, penandolos», agregó.
De su lado Artemio Núñez, abogado y docente se manifestó en desacuerdo parcial con la norma. Dijo que el fallo «sienta un relativismo peligroso para una sociedad joven e inmadura».
A su turno Germán Bordón, vicepresidente del Colegio de Abogados aclaró que en ningún momento el documento emitido por la Corte menciona la palabra «despenalización» y explicó que la medida tiene un alcance acotado. «Sólo será aplicable a los casos en los que se hallen elementos idénticos o muy similares. La ley de estupefacientes sigue vigente. Las drogas son malas al igual que el abuso del alcohol y el tabaco», agregó.
Martín Mazal, estudiante de Comunicación Social defendió el fallo y argumentó su postura alegando que «hay cuestiones de fondo que deben ser analizadas a la par de la norma. La pobreza, la exclusión social, la falta de educación y de oportunidades son flagelos que están relacionados con la drogadicción», sostuvo.
En tanto Malena Gutiérrez, docente integrante de la Red Previo, que centraliza su trabajo en tareas que tienen como objetivo prevenir las adicciones y la violencia en los jóvenes pidió acciones concretas.
Dijo que los padres deben acompañar más a sus hijos, que se debe reforzar la prevención y tratar de revertir el fenómeno que generan las «familias abandónicas».
El letrado Julio Argentino Álvarez sentenció que «todo aquello que repugne a los sentidos es ilegal. Y este fallo repugnó a la sociedad».
Dijo que es una «vergüenza que el propio ministro de Justicia Aníbal Fernández diga que quien esté en contra del fallo es un troglodita».
Asistencia a adictos en recuperación
El titular del Instituto de Previsión Social (IPS), Valentín Alsina dijo que la obra social paga el tratamiento de los afiliados que sufren adicciones a las drogas. Como médico y funcionario, pese a respetar la opinión de los juristas, se mostró en desagrado con el fallo de la Corte.
Dijo que el Estado debe reforzar las áreas de educación y prevención para combatir este lamentable flagelo.
De la misma manera opinó Marcelo Vairo, titular de Padres Unidos quien sostuvo que el impacto social de la medida es negativo y que se presta el «libertinaje».
«A los padres que no acompañan a sus hijos porque no creen que sea necesario les digo que hay que velar por ellos porque afuera les espera un mundo hostil y lleno de peligros», agregó.
