La Corte frenó el envasado en origen y el Parque Fluvial Iguazú

El tribunal resolvió que ambas cuestiones son de carácter federal y por lo tanto están dentro de sus competencias. Desde la Provincia resaltaron que van a continuar defendiendo los principios que llevaron a sancionar las leyes en cuestión. Ambas medidas quedaron suspendidas hasta tanto el máximo organismo de la justicia defina si son constitucionales

En la mira. El envasado en origen dependerá de la opinión de la Corte Suprema.

En la mira. El envasado en origen dependerá de la opinión de la Corte Suprema.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en sus últimas dos acordadas del año, resolvió ayer suspender las leyes misioneras de envasado en origen para la yerba mate y de creación del Parque Fluvial Iguazú, que pretendía establecer jurisdicción provincial sobre las aguas en el área de Cataratas.

De este modo, ninguna de las dos leyes podrá entrar en vigencia hasta tanto el máximo tribunal se expida sobre los planteamientos de inconstitucionalidad formulados por empresas yerbateras extraprovinciales, en el caso del envasado en origen, y por la Administración de Parques Nacionales, en el otro caso.

El documento emitido por el organismo de la Justicia estipula un plazo de 60 días para que la Provincia responda los planteos de inconstitucionalidad formulados en contra de las leyes.

En lo que respecta al fallo referido a la ley de envasado en origen, lo resuelto por la Corte viene a respaldar las tres medidas cautelares que había dispuesto el juez federal de Paso de los Libres, Juan Oliva, quien a principios del mes había hecho lugar a recursos de amparo presentados por Las Marías y el Gobierno de Corrientes.

De su lado, funcionarios provinciales aclararon que más allá de lo que resuleva la Corte Suprema en relación a la ley yerbatera, el Gobierno de Misiones continuará buscando los mecanismos que garanticen el cumplimiento de los precios oficiales de la materia prima y propicien la generación de nuevos puestos de trabajo.

El ministro del Agro, Alex Ziegler, dejó en claro que «vamos a seguir en la lucha. El Gobierno no tolerará ver vulnerado los derechos de los productores y trabajadores ante la concentración económica. Se van a seguir buscando los medios legales para encontrar coherencia entre lo que reclaman las empresas y el cumplimiento de los precios acordados para la materia prima».

Ziegler insistió que saldrán a defender a los más débiles, debido a que «no cuentan con las herramientas como las grandes empresas como Molinos Río de La Plata para llegar hasta el máximo tribunal nacional».

En el Gobierno consideraron de todas maneras que la decisión de la Corte es simplemente un paso preliminar que no modifica en nada las pretensiones oficiales y recordaron que en el caso del envasado en origen, hay jurisprudencia a favor de la postura misionera, dictada por los cortesanos en la década pasada, durante el gobierno menemista. De todas maneras, ninguna de las dos leyes está en vigencia en la actualidad, ya que todavía no fueron reglamentadas.

Fuentes oficiales señalaron que la Fiscalía de Estado será la encargada de responder los requerimientos de la Corte para defender la constitucionalidad de ambas normas aprobadas por la Legislatura.

La determinación que vaya a adoptar la Corte Suprema al expedirse respecto a la constitucionalidad de la ley misionera que pretende crear un parque provincial en el área en que el río Iguazú forma la desembocadura de las Cataratas, sentará una jurisprudencia que marcará los alcances del artículo 124 de la Constitución Nacional que reconoce que los recursos naturales son propiedad de las provincias en las que están ubicados.

Este artículo incorporado en la reforma constitucional de 1994, es el principal argumento legal que esgrime en sus fundamentos, la ley que pretende crear un parque provincial en una área cuya jurisdicción reclama la Administración de Parques Nacionales

Mientras que en el planteo de inconstitucionalidad que presentó, el organismo nacional sostiene que el gobierno de Misiones se arrogó «la facultad de ejercer actos de disposición y administración sobre bienes del dominio público y exclusivo de aquél, interfiriendo de ese modo con la finalidad para la cual el establecimiento fue creado».

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