En reunión realizada en Santa Fe, el Consejo Federal del Trabajo reunido en asamblea federal y con la participación de Misiones resolvió por unanimidad adoptar medidas, ante el impacto que pueda producir en los empleos la crisis bursátil global.
En principio se invocó lo enunciado en los considerandos de la Ley Nº 25.212, creadora del Consejo Federal y donde dice que «el trabajo es la actividad que más inequívocamente expresa, identifica y caracteriza la condición humana, y que por lo tanto, dignifica y enriquece a quien la ejerce en el seno de una comunidad organizada».
Resaltaron que el empleo es una responsabilidad que deben asumir, en el marco del accionar conjunto, el Estado, empleadores y entidades sindicales.
El texto normativo invocado, al efectuar la asignación de competencias, se enmarca en el sistema federal de gobierno, por lo que se constituye en una senda para la instrumentación de políticas y acciones en toda la república, que procuran «el bienestar general y ofrece la posibilidad de sumar voluntades, recursos humanos y materiales en toda la extensión del país».
En este contexto, y teniendo en cuenta el panorama internacional y las eventuales consecuencias que la crisis bursátil global pueda traer aparejada en nuestra economía real, la asamblea consideró necesario coordinar acciones conjuntas, que permitan defender lo logrado hasta ahora en materia de ocupación y trabajo decente, disminuyendo el impacto que se pudiera producir en los actuales niveles de empleo y en la distribución del ingreso.
Por lo tanto resulta necesario aunar mecanismos de contención uniformes en todo el territorio del país,» en el entendimiento que ello redundará en una mayor celeridad y coherencia institucional de los procedimientos, circunstancias que, en definitiva ayudará a evitar que la crisis global golpee el corazón mismo de la estabilidad laboral».
En tal sentido las autoridades presentes, -entre ellas Misiones que estuvo representada por la ministra Claudia Gauto- expresaron que redoblarán sus esfuerzos y vigilancia en el sostenimiento del empleo, evitando sobreactuaciones frente al enunciado de una situación de emergencia, cuyo alcance, hoy resulta imposible definir».
Consecuentemente, los integrantes del Consejo Federal entienden que las soluciones no deben ser asumidas independientemente por cada jurisdicción, sino que debe actuarse bajo la figura de la coordinación de esfuerzos y funciones para alcanzar el objetivo común, sobre la base de igualdad de oportunidades y homogeneidad de las regulaciones, bajo los principios de cooperación y corresponsabilidad.
Entre las funciones del Consejo Federal están las de impulsar las políticas generales en la material, bajo los principios de coordinación, cooperación, coparticipación y corresponsabilidad, entre las administraciones del trabajo, procurando la mayor eficacia de la actividad gubernamental y de los actores sociales en las distintas jurisdicciones y competencias.
En tal sentido, el Consejo Federal reunido en asamblea entendió que el Procedimiento Preventivo de Crisis de Empresas reglado por la Ley Nº 24.013 y otras normas legales vigentes, además de ser un mecanismo conciliatorio entre la empresa y la entidad sindical representativa, tiene la particularidad de requerirá las partes, básicamente al empleador, medidas encaminadas a superar la crisis invocada o atenuar sus efectos, involucrando de tal forma a los propios actores sociales, en la búsqueda de una solución que satisfaga los intereses particulares de la actividad de que se trate.
A la luz de lo antedicho, los representantes del Consejo Federal ratificaron la implementación de los preceptos de la Ley Nº 24.013 y decretos números 328/88, 2072/94 y 265/02, para la sustanciación de las situaciones que pudieran generarse y que incluyan despidos o suspensiones de trabajadores.
Finalmente, y en el entendimiento que resulta de vital importancia para dicho Consejo Federal contar con información relativa a la cantidad de procedimientos preventivos de crisis que se inicien en cada jurisdicción y su envergadura, proponen crear un registro al cual tengan acceso todas las jurisdicciones, a fin de cargar los datos de identificación de la empresa y la entidad sindical, fecha de inicio del procedimiento, medidas a adoptar, trabajadores involucrados y soluciones adoptadas.
