El proyecto consiste en un reconocimiento de los derechos de aquellas uniones familiares de parejas, incluso del mismo sexo que viven en concubinato más de un año. Según Antón, implica una igualdad en el ejercicio de los derechos de aquellas personas que han decidido emprender un proyecto familiar, pero que no se han unido a través del matrimonio como establece el Código Civil y tienen cercenados todos los derechos que existen dentro de las parejas legales.
Agregó que son los derechos que existen en el ámbito de salud pública, cuando los concubinos no tienen posibilidades de decidir sobre cuestiones de donación de órganos, de momentos críticos de una intervención quirúrgica, de acceder al régimen de visita en el sistema carcelario.
Tampoco pueden sacar créditos exhibiendo los dos recibos de sueldo, no pueden acceder al sistema de viviendas, no tiene obra social, no tienen los derechos de los trabajadores por maternidad o enfermedades del familiar.
Lo que el INADI pretende es que exista un registro en la provincia, donde las uniones de este tipo puedan inscribirse cumpliendo con requisitos bastante flexibles, y que también sea su disolución por voluntad unilateral de una de las partes, así como existe en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el organismo nacional lo impulsa ahora en las provincias.
Para pretender formalizar en dicho registro habría que acreditar la situación de unión estable un año antes al momento de inscripción; presentar de dos a cinco testigos que acrediten esta situación, boleta de luz a nombre de uno, el servicio de agua a nombre del otro, por ejemplo, el contrato de alquiler, entre otros.
Están exceptuados los menores de edad, las relaciones entre adoptantes y adoptados. No necesitan presentar testigos los que viven en concubinato hace más de cinco o diez años y acrediten descendencia.
El proyecto está en Cámara y será tratado en la comisión de Legislación General y Justicia. Antón señaló que habló con algunos diputados «que estuvieron a favor en lo privado, pero expresan preocupación en el nivel público, pero vamos a discutirlo».
El funcionario nacional argumentó como antecedentes de aplicación que hubo «una avanzada importante en la legislación internacional y que ha permitido en la Agentina discutir estos temas, se ha avanzado desde la Constitución de 1994 de ir incorporando y evolucionando el tema».
Y comentó que » resulta fácil para sectores económicamente estables decir yo soy gay, tengo una elección sexual distinta a la estándar, no tiene problemas en manifestar porque no tiene repercusión sociual ni económica, pero un trabajador común que tiene que enfrentar día a día estos prejuicios de intolerancia y discriminación y diga en su trabajo: mi pareja es fulanito y estoy conviviendo, obviamente no está preparado para enfrentar las críticas.
Son los derechos que queremos que se desarrollen a través de este Registro».Ejemplos de unión civil hay en la Ciudad Autónoma y también se han presentado proyectos en Santa Fe, Córdoba y Mendoza.
Por último, Antón dijo que en Misiones hay más rechazo a la pareja entre hombres, pero también hay discriminación cuando en alquileres por ejemplo, los propietarios se enteran que son homosexuales o lesbianas.
