Propone un sistema de comercialización que facilitaría el control del cumplimiento de precios de la hoja verde. Supone una profundización en la bancarización de la actividad. Industriales aseguran que beneficiará a las grandes empresas. A cuatro meses de haber tomado estado parlamentario, el proyecto para establecer un régimen de estampillado y bancarización que regule las operaciones de compra venta de yerba mate, será tratado el martes próximo por la comisión de Desarrollo Agropecuario de la Legislatura. El objetivo de la norma es favorecer el control sobre los precios pagados por la hoja verde.
El proyecto que había sido presentado en mayo pasado por el diputado Orlando Schuster, retoma impulso justo en momentos en que el Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) está a punto de volver a cerrar sin éxito una Sesión Especial de Precios y mientras el expediente para crear el mercado consignatario duerme en la Cámara de Senadores de la Nación.
Según el esquema propuesto por la iniciativa, los molineros deberán adquirir una estampilla cuyo precio incluirá el valor la hoja verde necesaria para la elaboración del producto final, más la contribución correspondiente a la obra social de los productores. El monto pagado por las estampillas se depositaría en una cuenta bancaria especial.
En tanto que para concretar una operación de compra de hoja verde, los secaderos deberán entregar a los productores un certificado en el que conste la cantidad de materia prima entregada por el productor.
Con ese certificado, el productor podrá cobrar el dinero que le corresponde de la cuenta bancaria alimentada por la venta de estampillas.
Los secaderos, por su lado, cobrarán a los molineros un cargo por secanza que será proporcional a la cantidad de kilos de canchada que elaboraron.
El sistema pretende establecer una intermediación entre los distintos sectores de la cadena productiva en las operaciones de compraventa de yerba, de modo de garantizar que en todas las operaciones se respeten los precios oficiales.
«De implantarse este sistema no solo el productor tendrá asegurado cobrar los precios oficiales, también se simplificarán los controles ya que practicamente no se necesitarán inspectores. Si los molineros quieren procesar yerba, deberán pagar obligatoriamente este precio. El sistema se controla solo», consideró el autor del proyecto.
Resistencia empresaria
El mecanismo que prevé el proyecto fue duramente criticado desde sectores de la industria yerbatera. Una de los cuestionamientos refiere a que se estaría beneficiando a las grandes empresas, ya que son las únicas en condiciones de pagar por adelantado por la materia prima que pretenden procesar en un lapso de tiempo determinado.
Para evitar que se desfavorezca a las pequeñas industrias, el diputado renovador Ricardo Maciel, explicó que de aplicarse un esquema como el propuesto por Schuster, el Gobierno otorgaría créditos con tasas de interés subsidiada para la compra de materia prima.
Por otra parte, la iniciativa tampoco especifica un mecanismo para controlar diferencias entre la oferta y la demanda de materia prima. Es decir que si los productores entregaran por ejemplo, un millón de kilos de hoja verde en un determinado mes, y los molineros solamente ocuparan 700.000 kilos, habrá certificados de entrega de hoja verde por 300.000 kilos que no podrán ser cobrados.
Si en cambio se autoriza a los secaderos a emitir certificados solamente bajo pedido de compra de los molinos, para evitar de ese modo que se entregue hoja verde que después no se use, podría haber productores imposibilitados de entregar su hoja verde, quienes seguramente estarían dispuestos a venderla por fuera del sistema a un precio inferior con tal de obtener algún ingreso.
