Se trata de la Orgánica de Municipalidades. El objetivo de las incorporaciones es establecer como obligación de los Departamentos Ejecutivos Municipales la creación de las respectivas direcciones o secretarías de «Asistencia y Trabajo Social» y de «Catastro» en cada localidad. Por otra parte durante la sesión también se dio curso a la designación de Miguel Ángel Faria como Juez de Instrucción Nº4 de la ciudad de Apóstoles.
En el tratamiento de la modificación de la Ley de Municipalidades, el Presidente de la Legislatura, Ing. Carlos Rovira, desde su banca de legislador expresó sus consideraciones respecto al impacto de la norma que se sancionó. Señaló que de esta manera, se está «completando y actualizando la Ley 257 en ejes fundamentales que hacen al funcionamiento de la vida de nuestros pueblos, que son más de 75 si sumamos los parajes de todas las provincia, dotándolos de un mayor apuntalamiento en su organización administrativa, ya estos que temas, a partir de las consideraciones de esta ley van a ser guiados y completados con una visión técnica autorizada, tal cual lo expresado a el acompañamiento de los trámites de índole social, de obras públicas y de la organización y el ordenamiento territorial, temáticas extraordinarias que resumen más del 50 por ciento, y en algunos casos llega al 100 por ciento, de la actividad propia del intendente».
Por otra parte, el diputado reflexionó acerca de los recursos necesarios para cumplir con las obligaciones establecidas. En ese sentido, Rovira expresó que «esto tiene que ver con la ley anterior que sancionamos y también con esta ley, por eso quiero que se observe la coherencia de las acciones previas legislativas, que fueron creando el camino y las condiciones mínimas fundamentales para viabilizar después otras acciones como ésta. Por eso, son dos manos de un mismo cuerpo, la misma mano que crea la obligación debe suministrar, favorecer y crear también el recurso, como lo hemos hecho en una discusión al comienzo del año legislativo con nuestro Código Fiscal. Esos incrementos son total y absolutamente coparticipables, como hemos fortalecido nuestra Dirección General de Rentas encargada de todo lo que sean imposiciones y gravámenes en el territorio provincial, todo está regido por la ley de coparticipación, esos recursos que se han visto, como todos los años anteriores, llegan incrementados mes a mes a los ámbitos municipales; entonces ahora sí podemos ir por mayores obligaciones».
En cuanto a las modificaciones introducidas en la Ley 257, en el artículo referido a Obras Públicas y Privadas, se estableció que corresponde al Departamento Ejecutivo llevar el Catastro Municipal, realizar el control de la ejecución de las obras privadas, aprobar planos de obras, exigir el cumplimiento del código de edificación vigente y brindar información anual a la Dirección General de Catastro de la Provincia.
Al tiempo que se especificó que dichas funciones estarán a cargo de profesionales de la construcción, agrimensores, o personas habilitadas por título equivalente, debidamente matriculados; y que las municipalidades, cualquiera fuese su categoría, designarán o contratarán como encargados de la Contabilidad a un Contador Público que deberá poseer título profesional expedido por Universidad Nacional o título equivalente y estar matriculado en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Misiones.
En lo que se refiere a Desarrollo Social, la norma especifica que el Departamento Ejecutivo tendrá a su cargo la definición y desarrollo de las políticas sociales que estime necesarias, así como la ejecución de los planes sociales de orden nacional y provincial de su competencia. Dichas funciones estarán a cargo de trabajadores sociales con título universitario o personas habilitadas por título equivalente, debidamente matriculados.
Por otra parte también fueron aprobados durante la sesión, otros dos proyectos de ley. Uno del diputado Carlos Rovira que promueve la modificación del inciso 5 del artículo 4 de la Ley 2603, mediante el cual los agentes de este Poder percibirán un adicional por hijo universitario menor de 27 años, estudiante regular de la universidad nacional o privada, con reconocimiento oficial; y otro proyecto de ley del diputado Roque Gentile estableciendo que toda comunicación o despacho postal oficial que se envíe utilizando los servicios del Correo Oficial de la República Argentina debe ser remitida utilizando sellos postales emitidos por la Casa de Moneda de la República Argentina.
