Además del autopago de funcionarios, dicen que se «negocian» calificaciones o fondos. El programa El Debate por el Futuro reunió a profesores, ex rectores y alumnos para analizar la situación
El rector Aldo Caballero es el principal cuestionado por el pago de honorarios.
El escándalo por los 2,5 millones de pesos pagados como honorarios a los funcionarios de la Universidad Nacional de Misiones desató un intenso debate en el seno de la casa de estudios y que revela también un entramado de relaciones de poder e incluso de «negociaciones» a la hora de conseguir fondos para las facultades o persecusiones de profesores a alumnos, que califican a cambio de «favores».
Los profesores autoconvocados pidieron una reunión urgente del Consejo Superior para analizar el caso, pero el rector y máximo apuntado, Aldo Caballero, negó el encuentro y remitió las documentaciones sobre el pago de honorarios a la Sindicatura General de la Nación para que las analice, con la promesa de renuncia si se hallan irregularidades.
Pero esa explicación no conforma a ex rectores, profesores y alumnos, que fueron reunidos para grabar el programa el Debate por el Futuro, que se emitirá el miércoles a las 22 por el canal cinco de Cablevisión Posadas.
El ex rector, Fernando Jaume, que ya había derogado el mismo aumento en 2005, cobró 3.430 pesos por la actualización aprobada por Caballero, pero considera el dinero debe «devolverse». Dijo que hubo funcionarios que llegaron a cobrar cien mil pesos y que no habrá dinero para sostener el incremento salarial, lo que podría hacer peligrar el presupuesto para el funcionamiento de la misma universidad.
«El pago se hizo con dinero que no estaba destinado a sueldos. No hay dinero para pagar y la Universidad en 18 meses deberá otros tres millones de pesos. Tienen que devolver la plata y que el Consejo la reasigne», indicó.
Pero las críticas más duras llegaron de parte de los estudiantes. Juan Horacio Farías, alumno de Trabajo Social y dirigente de Comunidad Universitaria, sostuvo que «se persigue a los alumnos que piensan distinto políticamente». Susana Ríos, alumna de Humanidades, coincidió en que «en un examen toman en cuenta las militancias políticas» y que «el poder lo tiene el docente. Para lograr algo, se negocia. Todo se consigue con una negociación, entre alumnos y profesores, en algunos casos», disparó. José María De Luca, profesor en Económicas y consejero superior, admitió que «el docente puede medir con varas diferentes el desempeño del alumno». Además dijo que «hay una crisis institucional» en el rectorado, que conduce Caballero.
El ex docente, Carlos Andrés Ortíz dijo que los hechos de corrupción vienen de larga data y que incluso hubo informes de la SIGEN que detectaron irregularidades.
Yolanda Urquiza, docente de Historia también apuntó a la crisis interna. «Hay una práctica política antidemocrática y un ejercicio abusivo del poder».
Finalmente, el ex rector Luis Esteban Delfederico, criticó la falta de legitimidad del aumento salarial para funcionarios, pero puso paños fríos sobre la supuesta crisis institucional. «No podemos definir a la universidad solo por estas denuncias», opinó.
El pago cuestionado por todos
