El presidente del Colegio de Abogados de Misiones Pablo Isaac Lenguaza agregó que «en nuestro contexto», despenalizar el consumo de drogas «se podría volver bastante peligroso ya que si no tenés una política seria es muy comprometedor».
El presidente del Colegio de Abogados de Misiones, Pablo Isaac Lenguaza, se mostró a favor del proyecto que apunta a despenalizar en el país el consumo de droga, aunque sostuvo que es necesario contar una política de prevención.
«El proyecto está bien, pero en nuestro contexto despenalizarlo se podría volver bastante peligroso ya que si no tenés una política seria es muy comprometedor», manifestó el titular del Colegio de Abogados de la Provincia.
El tema de la posibilidad de despenalizar la droga surgió luego que de el ministro de Justicia de la Nación, Aníbal Fernández, manifestará que se debe «terminar con un sistema que atrapa al consumidor y lo criminaliza».
«Vamos a revisar las normas. En nuestro país, a diferencia de Brasil o Uruguay, Suiza, o España, se copió a ultranza la convención en los 90 (persiguiendo al que tiene un problema de salud igual que al traficante). Esto no puede seguir así y no va a seguir así», había afirmado Fernández en Viena, donde asistió a la Sesión Extraordinaria de las Naciones Unidas sobre consumo de drogas y narcotráfico.
«Hoy, el 80 por ciento de los casos que llegan a la justicia penal son de tenedores para consumo, de los que casi la totalidad prescriben sin que reciban tratamiento médico», sentenció el ministro de Justicia de la Nación.
Paralelamente a la polémica generada por las declaraciones del ministro de Justicia en la ONU respecto a una reforma en la penalización del consumo de estupefacientes, una diputada kirchnerista presentó una polémica iniciativa.
En su proyecto, la legisladora nacional Diana Conti pretende despenalizar la tenencia de drogas. La iniciativa sustituye el último párrafo del artículo 5 de la ley Nº 23.737, el que quedará redactado de la siguiente forma: «Cuando por la escasa cantidad sembrada o cultivada y demás circunstancias, surja inequívocamente que ella está destinada a obtener estupefacientes para uso personal, el hecho no será punible».
La fundamentación de este proyecto, según Conti, se basa en dos aspectos: la inconstitucionalidad y la falta de eficacia para combatirla. «Sostenemos que la penalización de la tenencia de estupefacientes para consumo personal viola expresamente el artículo 19 de la Constitución Nacional, donde dice: «Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados», es decir, lo que se conoce en el campo del derecho constitucional como «principio de reserva».
Por otra parte, Conti afirma que «la penalización de la tenencia de drogas para propio consumo no la ha erradicado, ni siquiera disminuido. Los recursos humanos y presupuestarios del sistema penal todo dedicados a esta materia y, por tanto, restados a otras, no han resultado eficaces. Tampoco útiles para disminuir el comercio y tráfico de estupefacientes, cuestión que sí debe interesarnos».
