La fiscal Mónica Cuñarro, coordinadora de la comisión de notables que estudia modificar las leyes que criminalizan al consumidor drogas blandas, admitió ayer que quienes tienen dinero «ingresan al sistema civil para tratarse», mientras que los adictos «de estratos bajos van al sistema penal, que los estigmatiza».
El lunes, el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, disertó en la 51 Sesión Extraordinaria sobre Consumo de Drogas y Narcotráfico organizada por la ONU en Viena, Austria, donde fijó la nueva posición del gobierno argentino, que buscará dejar de «criminalizar al consumidor», con la consiguiente adecuación de la legislación penal, que, en la actualidad, castiga la tenencia para consumo.
«Hoy, si se tiene dinero, (el adicto) puede pagar una prepaga o un abogado, que lo ingresan al sistema civil. También puede pagar un tratamiento privado de hasta 25 mil pesos», pero «si (el consumidor) es de los estratos más bajos, no tiene cobertura médica e ingresa al sistema penal, que deja un estigma de por vida y el mercado laboral no lo va a tomar», comparó Cuñarro, en diálogo con radio Continental.
La especialista insistió en que «no hay que confundir la comisión de un delito con un problema de adicción». Cuñarro será la coordinadora de una comisión de notables, que nombró Fernández, que estará integrada por jueces, fiscales y sociólogos.
Esa comisión buscará readecuar la legislación local al nuevo enfoque que presentó Fernández en Viena, donde dijo que «hay que terminar con el sistema que criminaliza al consumidor sin darle tan siquiera el derecho a la salud».
«Las drogas han tenido incidencia a lo largo de toda la humanidad, pero en las últimas décadas han dejado de ser algo aislado y se han instalado como parte de una cultura entre los chicos, no sólo el paco, sino el alcohol y las sustancias sintéticas, que causan muchísimos problemas personales y sociales, es un tema que hay que admitir», enfatizó Cuñarro.
En ese sentido, dijo que la comisión que para ello, se han abordado tres cuestiones: «Primero, hacer una encuesta, que abarca 51 mil hogares, para ver el perfil del consumo. Es la encuesta más grande que se hizo, para medir el factor de riesgo, de todas las drogas, no sólo el paco, sino pastillas, cocaína, y éxtasis».
«En segundo lugar – siguió- revisar las normas, que fueron una copia de la Convención de 1989, a cambio de un pedido internacional, y que a los magistrados no nos sirven para nada. En tercer lugar, readecuar todo al crimen complejo, al tráfico, a la cooperación penal internacional, al distribuidor, al que almacena y al lavado de dinero», añadió.
