Es en reclamo de mejoras salariales para el sector. En horas de la tarde los gremios docentes se reunirán en la plaza para definir medidas. Tienen prohibido hacer medidas de fuerza directa y analizan otro tipo de acciones de protesta.
Tras la emisión de la medida judicial federal que obliga a los docentes a establizar el año lectivo en la provincia de Corrientes y a evitar huelgas, educadores de las escuelas públicas se reunirán este lunes a las 18.30 en la plaza 25 de Mayo, frente a la Casa de Gobierno para analizar medidas alternativas de protesta.
«La medida de Soto Dávila nos prohibe parar, pero podemos hacer marchas o instalar carpas», explicó a Juan Carlos Cristiani, titular de la Unión de Docentes Argentinos. (Gentileza Javier Burchinski).
Entre los sindicalistas existe la intención de instalar carpas frente a la sede del Gobierno para presionar por un acuerdo que permita una mejora en el salario básico del sector antes de junio.
El viernes último, se realizaron dos reuniones entre gremialistas y la Ministra de Educación, Virginia Almará de Colombi -esposa del gobernador provincial- para acordar el modo en que se haría la suba.
En esa oportunidad, los docentes llegaron a las oficinas de la funcionaria con el pedido de 600 pesos de sueldo básico. El Gobierno ratificó el compromiso de pagar los 1.290 pesos establecidos a nivel nacional, prometió una suba del haber mínimo a 650 pesos e hizo tres propuestas respecto al modo de pago.
La primera opción la de otorgar 100 pesos en el mes de marzo, 50 en el mes de mayo, y 20 pesos en agosto, llegado a ese mes, con el básico que reclaman.
La segunda 100 pesos en marzo, 50 en mayo y 50 en octubre. La tercera 100 pesos en marzo, 50 en mayo y 20 en junio, 30 en octubre. Con todas ellas, se cumple el pedido de los maestros, pero en distintos meses.
Los gremialistas rechazaron el ofrecimiento de Almará y dieron a conocer su punto de vista. Pidieron entonces 550 pesos de sueldo básico en Marzo, 600 pesos en Abril y 650 pesos en Junio. Además, solicitaron que se evite el descuento por los días de huelga efectuados en este año y el inicio en Julio de paritarias para recomponer los sueldos del segundo semestre.
La funcionaria negó la posibilidad da aumentos de 550 pesos en marzo en marzo, pero quedó abierta la posibilidad de acuerdo respecto a la cuestión de los descuentos.
Desde el área gubernamental dieron a conocer un documento de acuerdo, que supuestamente fue rubricado por los gremialistas. Ese texto consta que fue aprobado de común acuerdo una primera mejora de 100 pesos en marzo y una última suba de 30 pesos en octubre para completar los 650 pesos.
Docentes de cinco gremios del sector acordaron evitar huelgas y marchar hoy a las 18:30 hasta la plaza central de la Capital correntina para planear medidas de fuerza tendientes presionar a los funcionarios estatales, acciones entre las que se encuentraría la instalación de carpas en ese lugar.
Sanciones judiciales para los huelguistas
Según informó un diario de la Capital correntina, los docentes que realicen paro, deberán pagar multas por cada día que eviten asistir a trabajar, pero también podrían ser imputados por causa penal.
Esto se debe a que una determinación judicial de fuero federal, establece que los educadores que realicen huelga deberán hacer frente a multas y posible inicio de acciones penales por desobedecer un mandato jurisprudencial.
La decisión del Juzgado Federal de Primera Instancia, se fundamenta en que una huelga afectará el derecho a la educación de los alumnos de esta provincia, prerrogativa establecida en la Constitución Nacional.
El mandato jurídico indica además que el cese de actividades en las escuelas sería una falta a un compromiso establecido a nivel nacional por parte de los sindicatos provinciales por medio de sus representantes.
El pasado 22 de febrero los gremios correntinos adhirieron por medio de sus delegados a un acta acuerdo suscripto con las autoridades nacionales en el que se establece «agotar las instancias de negociación prevista en los ordenamientos jurídicos nacionales y provinciales» antes de realizar cualquier tipo de medidas de fuerza.
Por medio de una medida autosatisfactiva, contenida en el expediente 84/08 emitido desde el Juzgado Federal de esta Capital se comunicó a los gremios que las medidas de fuerza de los docentes «ponen en serio peligro y afectan en forma actual y concreta, derechos y garantías constitucionales de la sociedad toda».
El mandato se fundamenta en la protección de derechos pero toma como antecedente un fallo similar emitido por un juzgado de la provincia de San Juan.
Tras el anuncio de un paro de 48 horas realizado el jueves último por parte de los dirigentes gremiales, la Justicia determinó el día viernes que los educadores «e abstengan de tomar medidas gremiales de huelga o fuerza que impliquen la falta de presentación real y efectiva del dictado de clases».
Asimismo el fallo apunta a «evitar perjuicios mayores a los ya ocasionados a los educandos» -niños y jóvenes de la provincia de Corrientes-, que «tienen derecho a un año lectivo de ciento ochenta días, específicamente reconocido por ley y por la parte demandada (gremios), en un acuerdo libre y voluntariamente aceptado».
El documento establece que los docentes que realicen paro deberán afrontar la «aplicación de astreintes y denuncia penal por desobediencia y sin perjuicio de las medidas disciplinarias y correctivas administrativas que les corresponde en forma individual a cada uno».
Según lo establecido, cada huelguista podría afrontar el pago de multa diaria por día que no concurra a trabajar hasta que desista de su actitud. Asimismo, cabe la posibilidad que se le inicie una acción judicial penal, por lo que correrían el riesgo de cumplir condena carcelaria.
La Justicia Federal entiende que el hecho de ejecutar medidas de fuerza echaría por tierra el acuerdo firmado el pasado 22 de febrero -tramitado por expediente Nº 1.243.441 del Ministerio de Trabajo de la Nación- que obliga al cumplimiento de los 180 días de clases como mínimo por parte de los docentes y el pago de un salario mínimo de 1.290 pesos de bolsillo por parte del Estado, a partir del primero de marzo. Esto afectaría a los alumnos pero también sería una falta al principio de buena fe.
El fallo judicial indica que el acta firmado garantiza «el efectivo cumplimiento del ciclo lectivo y su aprovechamiento educativo en el marco de lo normado por la Ley 25.864» y que el incumplimiento del acuerdo por parte de los firmantes supone la ruptura de la buena fe de las negociaciones.
Respecto al conflicto entre el derecho a huelga que ejercen los trabajadores y el derecho a la educación que tienen los alumnos, la Justicia considera que el acuerdo nacional «se trató de una autolimitación razonable de los derechos de los trabajadores del sector docente a través de sus gremios y el desconocimiento de esa autolimitación al ejercicio del derecho a huelga llevada a cabo por los gremios es gravísima porque sacrifica ilegal e injustamente el derecho a la educación de los niños y jóvenes de la provincia».
En este sentido, el escrito emitido desde la secretaría federal Nº 3 recuerda que «los alumnos ya perdieron al día de la fecha -7 de marzo- cinco días de clases». Agrega que «si las medidas de fuerza se extendieran por más tiempo sin lugar a dudas pondrían en serio peligro el cumplimiento del mínimo de días establecido».
Además, entre los principales argumentos de las extensas consideraciones del fallo sobresale el precedente establecido en infinidad de causas por la Corte Suprema, según el cual «cuando en el ejercicio de un derecho constitucional se afectan o vulneran otros de igual jerarquía debe establecerse una limitación a los mismos de modo de no alterar la vigencia y ejercicio de los demás derechos».
La magistratura aclara que la intervención judicial carece de relación con la cuestión de legalidad del paro. «No me compete analizar y dejo a ello a salvo, la legitimidad del reclamo del aumento salarial efectuado por los docentes ni la legitimidad y/o legalidad del paro llevado a cabo», indica el texto firmado por el juez Carlos Soto Dávila.
El mandato judicial fue emitido el viernes último, después que el fiscal de Estado, Fernando Carbajal, pidiera la intervención de la Justicia, en «protección de los intereses de los niños, que no tienen voz en este conflicto».
